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Junta de Coordinación definirá comparecencia de funcionarios de Cué

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Jaime GUERRERO

oaxaca, (pagina3.mx).-  Pese a un PRI dividido en la votación, por mayoría de las y los diputados de la LXII Legislatura, facultó a la Junta de Coordinación Política, para diseñar el formato y calendario de  las sesiones de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador, Gabino Cué Monteagudo.

Y es que los diputados del PRI, María del Carmen Ricárdez Vela y Lilia Mendoza Cruz, rechazaban que la Junta de Coordinación Política, fuera la única facultada para decidir sobre las comparecencias de los funcionarios de Cué Monteagudo.

Ricárdez Vela y Mendoza Cruz, buscaron infructuosamente que la determinación se abriera al pleno y que no existieran complacencias para que algunos acudieran a comisiones. A esta posición se sumó el diputado del PSD, Manuel Pérez Morales, quien demando cumplir con el calendario y no truncar las comparecencias, como en años pasados.

Sin embargo, en la votación los diputados del PAN, PRD, PT, MC, PUP, Nueva Alianza y un PRI dividido se impuso y determinó facultar a la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de las bancadas del PRI, Alejandro Avilés Álvarez; del PRD, Félix Serrano Toledo; y del PAN, Natividad Díaz Jiménez, quienes solo definan el calendario y formato.

El acuerdo establece que será “la Junta de Coordinación Política establezca el formato y efectúe la calendarización a que se ajustarán las comparecencias de todos los titulares de las Dependencias del Poder Ejecutivo ante el Pleno o en su caso ante las Comisiones Permanentes del Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del licenciado Gabino Cué Monteagudo, debiéndolo poner a consideración del Pleno de este Congreso para su aprobación, en su caso”.

Las comparecencias serán programadas para el próximo mes de enero del 2015.

No politizar recursos con fines electorales: PRD

En otro punto del orden del día, la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juanita Arcelia Cruz Cruz, demandó evitar el uso político-electoral del Presupuesto de Oaxaca en 2015, al asignársele más de 31 mil millones de pesos  a las dependencias federales, para ejecutarlos en el Estado.

La ex diputada federal, exigió “amarrarle” las manos a la delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Sofía Castro Ríos; Manuel García Corpus en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a Jorge Toledo Luis en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

“Son perfiles políticos y que tienen una encomienda electoral en el Proceso Federal del 2015 y no podemos permitir que el uso faccioso de los recursos públicos, pero no condicionados a los caprichos o intereses de partidos”, lanzó.

Cruz Cruz exhortó al Ejecutivo Federal a vigilar y evitar el uso político y electoral de los recursos económicos cercanos a los 31 mil millones de pesos el próximo año, dado que constituye un delito y debe castigarse.

Urgió la voluntad de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXII Legislatura local, con el ánimo de evitar y sancionar cualquier intensión de desvío de los recursos económicos de origen público a apoyar candidatos o partidos en 2015.

Respeto a indígenas, demanda PAN

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Alejandro Martínez Ramírez  propuso reformas a la ley de transparencia, para implementar mecanismos jurídicos y políticos, que permitan que los pueblos indígenas participen en la toma de decisiones en todo aquello que los afecte directamente y en los procesos de desarrollo.

Y es que la legislación contempla entre otras cosas la posibilidad de hacer las solicitudes de forma verbal, así como la orientación por parte de la Unidad de Enlace, en caso de que el solicitante no sepa leer ni escribir, esta Unidad debe procurar y adoptar medidas y procedimientos adecuados para recibir solicitudes de información y protección de datos personales tratándose de integrantes de Pueblos y Comunidades indígenas, observando siempre su especificidad cultural y lingüística.

Todo miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a relacionarse y a ser atendidos en su lengua por los servicios de los poderes públicos o de las divisiones administrativas centrales, territoriales, locales y supraterritoriales a los cuales pertenece el territorio de donde es propia la lengua, destacó.

De donde, se establece que el estado adoptará medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

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