Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó ayer la inacción del Estado mexicano ante la desaparición forzada.
En la conferencia “La crisis mexicana de derechos humanos: ¿Qué puede hacer la comunidad internacional?”, sostuvo que no sorprende que haya ocurrido el caso de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ya que desde hace varios años se ha señalado el problema que enfrenta el País.
“Salimos a las calles miles de personas para decir lo que estaba pasando con los desaparecidos. Nos sentamos con el Presidente de la República, con legisladores, se hizo una Ley de Víctimas, ¿y se llama sorpresa? (Los padres) se cansaron de llorar, en todas las plazas del país se salió. (El problema de la desaparición) ya se sabía”, externó.
“El problema es que los asuntos estructurales se dejaron crecer, no se atendieron”, aseguró en el seminario impartido en el Colegio de México.
Recordó que en 2011, tras una visita del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, se denunciaron 64 mil casos conocidos, de los cuales sólo uno estaba reconocido como desaparición forzada.
Aún más, dijo, se revelaron 3 mil desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, de las cuales una tercera parte se registraron en Guerrero.
Como parte de la visita, detalló, se dictaron 34 recomendaciones, incluyendo la generación de un plan nacional de búsqueda de personas y una base de datos genéticos.
“Cuando las familias tenían que buscar a sus familiares, iban a otro estado, abrían el libro para ver las fotografías de cadáveres. La revictimización que eso suponía, (porque) buscando a sus familiares, tenían que echarse el compendio del horror”, contó.
“(Actualmente) no hay una sola base de datos nacional que integre los datos de ADN, que le evite a las víctimas la pérdida de tiempo y la generación de dolor. Esto se sabía desde hace años y no se hizo nada, ¡es inadmisible!”.
Desde 2011,abundó, en los diálogos con el ex presidente Calderón, las víctimas alertaron que las policías municipales, entre otras corporaciones, participaban en desapariciones.
Desde entonces, afirmó, también se solicitó la creación de una Ley sobre Desaparición, así como un plan para buscar fosas clandestinas en determinados lugares.
Álvarez Icaza reconoció que México ha hechos esfuerzos importantes a nivel regional para atender el problema, pero estimó que las acciones no han sido suficientes.
Atender el problema de la desaparición debe ser una prioridad del gasto público, añadió, de forma que las familias ya no tengan que salir a buscar a sus seres queridos, si no que haya bases de datos, protocolos de investigación y peritos capacitados para dicha tarea.
