Pedro Matías
Oaxaca.- Con un presupuesto de 12 millones de pesos, la Comisión de la Verdad investigará la actuación de todos los servidores públicos que estuvieron en funciones en los años 2006 y 2007 durante el conflicto sociopolítico en Oaxaca que incluyen a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, al Ejército Mexicano, así como al ex gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz y su gabinete.
La Comisión de la Verdad integrada por el Padre Alejandro Solalinde Guerra, la investigadora Marina Patricia Jiménez Ramírez y el periodista y escritor Diego Enrique Osorno González, informó que realizará un trabajo comprometido y exhaustivo aunque lastime muchos intereses y si no se cumple podrían recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El sacerdote católico manifestó que Ayotzinapa cambió el escenario nacional porque mostró el verdadero rostro del país, un México con una grave violación a derechos humanos, entonces, “hay factores de presión social y hay instancias nacionales e internacionales con las cuales podemos presionar” para que se castigue a los culpables.
[pull_quote_center]“Ayotzinapa nos enseñó, el año pasado, que ya estos procesos no están en manos de las autoridades políticas, ni en manos de los gobiernos, ni siquiera de ningún partido, estos procesos están en la sociedad civil, y esta comisión no es del gobierno ni de ningún partido, es de la sociedad civil y, por lo tanto, esto tiene consecuencias muy importantes”, agregó el fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino.[/pull_quote_center]
Destacó que esta Comisión estará en manos de la sociedad civil y será ella la que tenga que decir cómo van a prosperar estas conclusiones y estos trabajos que no son aislados, son uno más del concierto nacional en este contexto de agravios, de esa búsqueda de justicia para que no se repita.
Añadió que “esta comisión está más allá de los cálculos políticos, de los manejos políticos, ahora está en manos de la sociedad civil y no en esos vaivenes políticos, por eso nos consideramos autónomos, independientes como para no concluir correctamente como la gente espera. Nadie nos va a parar, ni queremos salvar a nadie”, puntualizó.
El periodista Diego Osorno agregó que en esta Comisión “nadie se siente subordinado a ningún gobernador, a ningún funcionario o líder, sino que nos sentimos subordinados a las víctimas, a ese gran sector de Oaxaca que fue agredido”.
Invitó a la sociedad civil y a los propios periodistas a aportar información porque “su participación es clave al ser testigos privilegiados y muchos víctimas de campañas de odio de radio que crearon en ese conflicto”.
Mencionó que “se revisará toda evidencia o prueba que nos permita comprobar la comisión de delitos, las faltas administrativas, las violaciones a los derechos humanos y en su caso la consumación de delitos de lesa humanidad”.
A su vez, la defensora de derechos humanos Marina Jiménez, reconoció que aunque las recomendaciones que emita esta comisión no son vinculantes, “Oaxaca puede generar otro tipo de condiciones para que este informe no quede en manos de las instituciones del estado, ya que en la medida en que la sociedad oaxaqueña se apropie de esta investigación puede ser instrumento importante para que se haga justicia”.
Lo lamentable, dijo, es que “estas violaciones (que se cometieron en el 2006 y 2007 en Oaxaca), ya se extendieron a todo México.
Consideró que el informe que presentaran en marzo de 2016 no debe quede como un documento con letras que testimonien y recogen las voces pero quedan en el silencio porque México hoy está en una sacudida profunda y hay una crisis de Estado en materia de derecho humanos donde hay mas fondo qué tocar”.
Entonces, insistió en que la presión internacional puede ser importante para que se acate los resultados de ese informe porque hay resoluciones en la Corte Interamericana que dan una serie de elementos que tienen un carácter de obligatoriedad para el Estado Mexicano en materia de derechos humanos”.
