JENARO VILLAMIL/Proceso
A partir del litigio de un particular contra su exempleador, Bancomer, se descubrió que esa institución, el banco más grande de México, cuya matriz está en el extranjero, lleva una doble contabilidad: por un lado tiene estados financieros auditados donde se ven claramente sus utilidades y por otro, ante Hacienda, alega pérdidas. De este modo la institución bancaria se inventa un pretexto para no pagarles utilidades a miles de sus trabajadores.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En su informe anual consolidado correspondiente a los años 2005 y 2006, BBVA Bancomer hizo público que en ese periodo obtuvo utilidades netas por 12 mil 134 millones de pesos el primero de esos años, y 21 mil 622 millones de pesos el segundo.
Además en los estados financieros auditados por la firma Galaz, Yamazaki y Urquiza, se reportó que en esos dos años hizo pagos de 955 millones y 5 mil 612 millones de pesos, respectivamente, por concepto de Impuesto Sobre la Renta y pago de utilidades.
Sin embargo, durante un largo litigio para demandar el pago de sus utilidades interpuesto hace siete años por Martín Agustín Ocampo –extrabajador del área fiduciaria de BBVA Bancomer–, se descubrió que la principal institución bancaria de México les adeuda pagos de utilidades de 2004, 2005 y 2006 por más de 3 mil 300 millones de pesos a sus trabajadores; además declaró en forma complementaria una pérdida en su contabilidad ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por casi 2 mil millones de pesos en 2006, de acuerdo con los datos de un juicio concurrente.
Los documentos del litigio –cuya copia obtuvo Proceso– “pueden sentar un precedente histórico”, advierte Ocampo, quien ya avanzó en su litigio por el reparto de utilidades por 316 millones de pesos correspondientes a 2004, aunque aún están pendientes de determinarse la validez de los pagos de utilidades de 2005 y 2006, que suman 3 mil millones de pesos.
“Me he ido enterando de varias cosas truculentas que el banco realizó para no pagarle utilidades al personal, como fue la sustitución patronal, el 22 de noviembre de 2006, del personal de BBVA Bancomer, el patrón original, por BBVA Bancomer Operadora S. A., un outsourcing”, afirma Ocampo, quien considera que su caso puede ser similar al relatado en la película Erin Brockovich, pues ayudará al pago para todos los otros trabajadores a quienes no les repartieron utilidades.
En marzo de 2009, en los documentos del juicio de nulidad que interpuso el banco, BBVA Bancomer reportó ante la Junta Especial Número 14 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, contrario a lo declarado en su propio informe anual correspondiente a 2005 y 2006, en este último año no pagó impuestos ni utilidades porque tuvo una “pérdida fiscal del ejercicio” de más de 2 mil millones de pesos.
“Es necesario que las autoridades intervengan porque aquí hay una doble contabilidad”, sentencia Ocampo en entrevista. “La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda deben investigar. No es posible que Bancomer diga que no tenía utilidades, hasta que yo presento mi demanda” e “inició un proceso de nulidad en 2008 para no pagar las utilidades de 2004 y defender su posición de que no hubo utilidades en 2005 y 2006”.
Proceso buscó las versiones del área de la Dirección Jurídica de BBVA Bancomer y de su Dirección de Comunicación Social. El banco “se reserva sus comentarios dado que estamos en un proceso legal y daremos una versión hasta que esto culmine”, se informó a este semanario.
Ocampo explora la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia atraiga este caso “porque es violatorio del artículo 123, fracción 9 de la Constitución, en donde se establece que los trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades”.
“Es relevante que la Corte lo atraiga pues afecta a muchos trabajadores y extrabajadores y a sus familias; el pago de esa prestación pudo ser la diferencia de alguna situación apremiante de éstos y sus familias, ahora sin empleo”, abunda Ocampo.
Hasta ahora la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, después de siete años, emitió un laudo en el que condena a Bancomer a pagar a Ocampo la cantidad correspondiente al reparto de utilidades de 2004, pero lo exime de pagar 2005 y 2006, años en los cuales las cantidades son más altas.
“Si yo le gano los amparos a Bancomer, estará obligado a pagar a todos los demás trabajadores a quienes no les dieron reparto de utilidades en esos años. Fueron más de 20 mil trabajadores”, calcula Ocampo y agrega que se deberá ampliar la demanda y hacerla colectiva para poder presionar el cobro.
La “ordeña”
“El objetivo de BBVA Bancomer y de la mayoría de los bancos extranjeros es pagar dividendos altos a sus accionistas de las casas matrices. Bancomer se salió de la Bolsa Mexicana de Valores para poder pagar dividendos directos a los accionistas –afirma– y evitar la supervisión de los números que manifiestan”.
El extrabajador de Bancomer citó la polémica generada en marzo de 2012 por el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, quien afirmó en un artículo publicado en Financial Times que los bancos de propiedad extranjera en México pagaron a sus casas matrices 20 mil millones de dólares, cantidad comparable a la que sus actuales dueños pagaron por ellos entre finales de la década de los noventa y la primera del siglo XXI.
Ortiz Martínez, en ese momento presidente del Consejo de Administración de Banorte, afirmó que la banca extranjera en México fue “un negocio increíblemente rentable” que ha trasladado fuertes cantidades de dividendos a sus matrices en detrimento del crédito y del crecimiento de la economía.
El entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, calificó de “falaces” los argumentos de Ortiz Martínez y le recordó en declaraciones a la prensa que él mismo fue protagonista del proceso de privatización de la banca como subsecretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1990.
A las críticas de Ortiz Martínez se sumaron las de Alejandro Valenzuela, entonces director general del Grupo Financiero Banorte, quien consideró que “no es un tema menor” la cantidad de dividendos que envían los bancos extranjeros que operan en México a sus matrices.
Ninguno de ellos mencionó el tema de la falta de pago del reparto de utilidades o de la doble contabilidad para evitar el pago de impuestos ante el SAT.
“Si esto sigue así, va a pasar como sucedió recientemente en Grecia: van a matar a la gallina de los huevos de oro. Sí es necesaria la apertura hacia el extranjero, pero que paguen impuestos y cumplan con las obligaciones laborales.
“Es increíble que algunos funcionarios de Bancomer, con tal de no pagar las utilidades, pongan en peligro la concesión de un banco. Este caso pone en riesgo la concesión de Bancomer ante una revisión real de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo le van a decir a los empleados que ‘se les olvidó’ pagar utilidades 10 años después?”, reflexiona Ocampo.
El litigio
Después de siete años, el 4 de julio de 2014, la Junta Federal Número 14 emitió un laudo donde le da parcialmente la razón a Ocampo en uno de los tres periodos (2004), debido a la existencia de suficientes pruebas y la falta de manejo de la defensa del banco, a cargo del despacho de Tomás Natividad Sánchez, abogado también de la Coparmex.
En la inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se demostró que BBVA Bancomer obtuvo una utilidad de 316 millones de pesos durante 2004, de la cual existe un procedimiento fiscal que el banco no inició sino hasta 2008, y después de perderlo en las salas fiscales, se encuentra en amparo con el número 643/2014 en el 16 Tribunal Colegiado en Materia de Administración.
Los abogados de la institución financiera alegaron la prescripción, pero se determinó que ésta no se daba porque el cómputo del año comienza a partir de que la empresa hace de conocimiento de sus empleados la existencia de las mismas. Por esta razón, el tribunal le dio la razón a Ocampo.
Éste y su abogado tuvieron acceso a informes de la Procuraduría Fiscal, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de Hacienda, cuyo voluminoso expediente pudo revisar Proceso. Entre esos documentos están los presentados por BBVA Bancomer que confirman que se está realizando doble contabilidad.
Por un lado existen estados financieros auditados donde se ven claramente las utilidades y por el otro, la presunción de que no las hubo. Sólo la Secretaría de Hacienda se negó a dar informes a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, según consta en los documentos del expediente.
En el caso del outsourcing, el Tercer Tribunal Colegiado, integrado por los magistrados Alicia Rodríguez Cruz, Tarcisio Aguilera Troncoso y Héctor Arturo Mercado López, resolvió en septiembre de 2013 que el convenio de sustitución patronal en Bancomer era ilegal, en virtud de que para justificar la existencia de un patrón sustituto es indispensable que se transmita de una empresa a otra el patrimonio como unidad o parte del mismo, y en este caso no existió tal transmisión.
En el amparo directo 638/2013, los magistrados se apoyaron en resoluciones previas de la Suprema Corte de Justicia y determinaron que “los elementos de prueba ofertados en el juicio ponen de manifiesto la simulación que adujo el actor (…) se estima que BBVA Bancomer S.A., institución de banca múltiple, pretende eludir el cumplimiento de las obligaciones que se han generado con motivo del vínculo laboral”.
