Soledad Jarquín.

Soledad JARQUÍN EDGAR

La desaparición y asesinato del periodista Moisés Sánchez, en Veracruz, es una muestra más de la difícil condición del ejercicio profesional de la tarea de informar en aquella entidad, donde se pasó de las agresiones verbales, las amenazas, hasta la fabricación de delitos y privación de la libertad al asesinato de 11 periodistas, nueve hombres y dos mujeres.

Como siempre o, para no exagerar, casi siempre, los hechos brillan por la impunidad en la que permanecen los casos de Víctor Manuel Báez Chino, en junio de 2012, editor de la sección policiaca del periódico Milenio El Portal de Veracruz y director adjunto del diario virtual Reporteros Policiacos.com; Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, fotorreporteros asesinados en mayo de ese mismo año.

La corresponsal de la revista política Proceso, Regina Martínez, asesinada en el interior de su casa en abril de 2012; Yolanda Ordaz asesinada un año antes, en junio de 2011, un crimen que en lo particular fue impactante; el 20 de junio de 2011 se cometió otro crimen contra el director de Notiver, Miguel Ángel López Velasco, y su hijo Misael López Solana.

Noel López Olguín, colaborador de varios medios locales veracruzanos, su cuerpo fue hallado en junio de 2011, a tres meses de haber desaparecido; hace un año, en febrero de 2014, se encontró el cuerpo de Gregorio Jiménez.

Como en el caso de los estudiantes de Guerrero, en el asesinato de Moisés Sánchez está involucrado un presidente municipal.

José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, se dijo, habría pedido actuar contra los estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos”. En el caso del asesinato del periodista veracruzano está involucrado el presidente municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz, señalan las investigaciones.

Esto no es “nuevo”, los pequeños y grandes poderes son una amenaza para el ejercicio de la tarea informativa, aderezada hoy con la clara presencia de criminales dispersos en todo el territorio nacional, para desgracia del pueblo y como hemos visto a raíz de la “declaración” de guerra hecha por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, el Ares mexicano.

El asesinato de periodistas ha ubicado a este país, según la organización internacional Reporteros sin Fronteras, como uno de los “más mortíferos”  y el primero de América Latina, en el recuerdo ha quedado Colombia y la persecución a periodistas en los tiempos de las dictaduras en Sudamérica. Entonces, como sucedió con Moisés Sánchez, se recuerdan casos (en Chile, por ejemplo) de periodistas sacados de sus casas para desaparecerlos, como pasó con José Carrasco Tapia, historia que se narra en el libro Historia de un Periodista.

No es lo mismo pero el resultado es el mismo. El fin es lo que cuenta. Se trata de callar a quienes se comprometen en la transmisión de hechos concretos, de quienes opinan, de quienes ocupan un lugar intermedio entre los gobiernos y la sociedad, pero lo que revelan no es algo que le guste a esos poderes llamados fácticos, resultado de estas dinámicas sociales en que hemos basado nuestro andar al pertenecer a un grupo social y de cuya relación depende la gobernabilidad.

Michael Coppedge, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dam, señala que estos poderes “residen básicamente en los sectores empresariales, la prensa, las iglesias, los estamentos militares, los <grupos de presión, los <grupos de tensión, los <nuevos movimientos sociales, ciertas <organizaciones no gubernamentales, las <mafias y otras entidades cuyas potestades no están previstas ni autorizadas por la ley pero que no por eso son menos eficaces ni menos influyentes a la hora de la toma de las decisiones en la vida social”.

En suma, la prensa es también un poder fáctico y está amenazado por el resto de los poderes. Decir la verdad tiene costos muy altos en México, no someterse a los mandatos del poder tiene sus costos, investigar tiene sus costos y la historia es cruenta en ese sentido. En los años treinta, me contaba una querida amiga, su padre, un periodista veracruzano, fue asesinado cuando ella tenía tres años. Recordó que un presidente municipal de Orizaba, Veracruz, le pidió a los representantes de la prensa que pasaran a cobrar cada mes.

“Mi padre no quiso, a los pocos días, estábamos desayunando, tocaron la puerta, él se levantó y abrió…A pesar de que era muy chica, recuerdo los disparos que le quitaron la vida”.

Lo que sucede en Veracruz es terrible. No tiene calificativo alguno, menos cuando se presume tanta impunidad y ese estado de relajación que muestra el gobernador Javier Duarte ante hechos tan terribles y tan dramáticos, que afecta de manera colectiva el derecho a la información de toda una sociedad, y al mismo tiempo que tienen un impacto fundamental en las familias, entre los amigos y colegas.

Lecciones amargas las que ofrece Veracruz, en especial para Oaxaca, donde como lo recalcó el director general de El Imparcial, Benjamín Fernández Pichardo, durante un desayuno de trabajo con el Consejo Editorial y colaboradores, “la cuota ha sido muy alta para este diario”.

Y recordó el asesinato de tres voceadores en la región del Istmo: Mateo Cortés Martínez, Flor Vásquez y Agustín López, quienes fueron emboscados en la carretera en tanto distribuían el diario, en octubre de 2007.

Se refirió también al caso del reportero de la sección policiaca, Alberto López Bello, lapidado junto con otra persona, en la agencia municipal de Trinidad de Viguera, en la capital del Estado.

Lamentó la agresión contra el reportero José Ignacio Santiago, hechos ocurridos en enero pasado, lo que requirió que fuera hospitalizado y terminara con dos brazos rotos.  Primero fue alcanzado por una camioneta que lo derribó de la motocicleta, luego lo patearon hasta que perdió el conocimiento.

Como en Veracruz, el nivel de las agresiones tiende a subir como resultado de las vagas investigaciones, del no hacer caso.

Algunos colegas han recibido amenazas virtuales o directas; otras son escuchadas desde las propias oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, recordemos el caso de los troles que fue denunciado hace meses por Patricia Briseño y esta servidora, el joven tuitero de marras sigue colaborando en la dependencia, orquestando insultos y toda clase de descalificaciones, sin que el titular de la dependencia Alberto Esteva hasta hace unos días se diera por enterado.

No es para echar en saco roto lo que pasa en Veracruz, que es muy grave, como tampoco es para ser omisos, en Oaxaca donde según reporte de www.pagina3.mx “en menos de un mes, por lo menos seis periodistas han sido agredidos en Oaxaca, principalmente por organizaciones sociales…” (http://pagina3.mx/2015/01/en-menos-de-30-dias-seis-periodistas-agredidos-en-oaxaca-hoy-dos-mas/) Es decir, por otro poder fáctico, que goza de todas las garantías por parte del gobierno estatal.

El pasado lunes fueron agredidos dos fotógrafos Alberto López, del diario Rotativo, y Rolando Jiménez, de Paralelo 20, por grupos de pobladores de San Baltazar Chichicapam que bajo la consigna “a todos los de la prensa”, iban con la intención de agredirlos, armados de palos y piedras. Hechos que ocurrieron frente a policías estatales que nada hicieron para evitar la agresión.

Antes, el 22 de diciembre fueron agredidos en la caseta de Huitzo los reporteros Gaspar Monjarraz y Javier Barrón -de TV Azteca- por integrantes de la agrupación Frente Popular Revolucionario (FPR), quienes les quitaron su equipo y causaron daños a su unidad de motor, además de agresiones físicas, dice pagina3.mx

A estas agresiones se sumó la ya relatada de José Ignacio Santiago, compañero reportero del periódico El Imparcial en la región del Istmo. Rafael Vargas, de MVM, fue agredido el 23 de enero por integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de ahí la solicitud de atención que han presentado ante las autoridades organismos como el Grupo Prensa Oaxaca (GPO).

Lo dicho, en México ejercer el periodismo no es cosa de valientes sino de gente inteligente, pero a veces ni la inteligencia funciona frente a la cerrazón de los grupos de poder, caciques o integrantes de una sociedad que está cansada de engaños y nulas repuestas del gobierno. Pero ojo: quienes reporteamos u opinamos, solo estamos cumpliendo con un deber como trabajadores, solo hacemos valer un derecho ciudadano: el derecho a la información. Matar o agredir periodistas es un crimen contra la humanidad.

@jarquinedgar