CIUDAD DE MÉXICO.- “En la PGR estamos conscientes de las grandes dimensiones que implica la transición hacia un sistema de justicia penal acusatorio, por ello se ha establecido una coordinación interinstitucional que redundará en una sólida y eficaz administración de justicia en beneficio de los mexicanos”, señaló la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio.
Lo anterior fue expresado durante la inauguración del ciclo de conferencias “México y Canadá. Sistema Penal Acusatorio»: intercambio de experiencias entre jueces”, que se llevó a cabo en el Instituto de la Judicatura Federal.
La jurista oaxaqueña explicó que “la aplicación del sistema de justicia penal acusatorio requiere de la conjunción de voluntades y en ello radica la cooperación del bloque geográfico conformado por Canadá, Estados Unidos y México, puesto que será a través del diálogo que se aspire al ideal de seguridad y bienestar regional, replicando estos esfuerzos en el ámbito político, social, económico y jurídico”.
Asimismo, detalló que a nivel nacional se ha establecido una mecánica de trabajo para la implementación gradual y articulada del nuevo sistema de justicia penal, la cual está coordinada entre los órganos federales y la Defensoría Pública, incluyendo la participación de las autoridades policiales estatales y federales.
Este proceso implica el fortalecimiento de las instituciones encargadas de aplicar la ley y fortalecer el estado de Derecho, puesto que son vehículos ideales para los objetivos planteados en materia de procuración de justicia.
Respecto al ciclo de conferencias, la Subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales expresó que “el diálogo constante con expertos de otros países enriquecerá la perspectiva y los conocimientos de los operadores fiscales, jueces, magistrados, investigadores, defensores públicos en una interlocución eficiente que permitirá el intercambio de buenas prácticas y experiencias en beneficio de los mexicanos”.
En este sentido, resaltó el trabajo realizado por la PGR, el Poder Judicial, la SETEC, el Poder Legislativo, la CNS y la Defensoría Pública para articular una política de implementación que comprende la coordinación en materia de capacitación, de interconexión de redes y sistemas, así como de infraestructura encaminada a la aplicación e implementación del nuevo sistema de justicia penal.
