Jaime GUERRERO
Oaxaca, Oax. (pagina3.mx).- Con 33 votos a favor y 1 abstención, la LXII Legislatura, exhortó al Secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y a la Procuradora General de la República (PGR), al Gobernador de Baja California, para que investiguen y sancionen los actos de explotación laboral, vejaciones y violaciones a derechos humanos que sufren los jornaleros agrícolas oaxaqueños en el Valle de San Quintín.
También, al Gobernador, Gabino Cué Monteagudo, para que la oficina de Intituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), apoye a las y los oaxaqueños que trabajan en el valle de San Quintín.
Durante la sesión ordinaria, la coordinadora de los diputados del PAN, Natividad Díaz Jiménez, presentó un punto de acuerdo que fue avalado por diputados del PRD, PRI, PSD, MC, PT, PVEM, PUP y aprobado de urgente y obvia resolución.
Un punto similar fue presentado por el diputado del PRD, Sergio López Sánchez.
Al subir a tribuna, Díaz Jiménez, refirió que el pasado 17 de Marzo miles de jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, en Baja California, iniciaron una serie de protestas para exigir condiciones y salarios dignos.
A lo largo de 120 kilómetros de la carretera traspeninsular se sucedieron los bloqueos y manifestaciones.
Los jornaleros de San Quintín, en su gran mayoría son campesinos migrantes que proceden de los Estados de Oaxaca, Guerrero. Puebla y Veracruz, trabajan jornadas extenuantes de al menos catorce horas todos los días de la semana, en fincas que cultivan hortalizas de exportación, fresa, tomate y mora.
Perciben salarios indignos, no cuentan con seguridad social y viven hacinados en estrechas viviendas de lámina con pisos de tierra. Los jornaleros piden pago doble los domingos y días festivos, así como aumento en el pago por caja recolectada.
Díaz Jiménez, refirió que el ingreso de los jornaleros es de 2 pesos por cada caja recolectada de tomate de 30 kilos. Al día alcanzan a recolectar 30 cajas con lo que su ingreso es de 60 pesos.
Reprobó que la explotación laboral que sufren los jornaleros constituye en realidad una nueva forma de esclavitud en pleno siglo 21.
“Esta nueva modalidad de trata de personas es inaceptable y se requiere de la intervención de las autoridades de los tres niveles para solucionar la explotación, los abusos y las condiciones inhumanas en que laboran los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín”, denunció.
Indicó que los jornaleros exigen el respeto cabal de los derechos humanos establecidos en la Constitución, entre ellos, un salario digno y condiciones dignas de trabajo.
En el acuerdo también exhorta al Gobierno Federal a que de manera prioritaria avancen en el diseño e implementación de la reforma al campo; así mismo exhorta a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a realizar de manera permanente, visitas de inspección a lugares donde laboran jornaleros agrícolas, para erradicar la explotación y violación a los derechos laborales de las personas.
López Sánchez, propuso también que la PGR inicie las investigaciones correspondientes sobre el trato inhumano, vejaciones y violaciones a los derechos humanos de que son objeto los jornaleros agrícolas en distintos campos agrícolas, proceder en contra de quienes resulten responsables por la contratación y utilización de menores de edad en dicha labores agrícolas.
Del mismo modo, a la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal a profundizar acciones y políticas públicas que eficiente el programa de atención a jornaleros que vuelva viable la defensa y promoción de los derechos humanos de los jornaleros y permita la disposición de albergues para el alojamiento, apoyos económicos para la movilidad laboral y la capacitación productiva.
