OAXACA.- A la Redacción de este portal informativo llegó el correo de una trabajadora del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), en el que denuncia una serie de presuntas irregularidades que ocurren al interior del Poder Judicial, sin que nadie diga o haga algo al respecto, pues a muchos conviene el silencio.
A continuación, el texto íntegro de la denuncia.
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A finales del año pasado y principios de este se dio en el Poder Judicial del Estado el proceso y la designación de dos nuevos Magistrados, el cual no fue transparentado, ya que solamente se publicó la convocatoria y posteriormente se tomó protesta a quienes fueron seleccionados para ocupar los cargos; es decir, no se hizo del conocimiento público las calificaciones que tuvieron todos los participantes para saber si efectivamente los elegidos fueron los dos más altos promedios; lo que presume un proceso a modo y simulado para que tanto el Gobernador del Estado como el Presidente del Tribunal impusieran y colocaran a su allegado y amiga, respectivamente, repartiéndose las dos magistraturas vacantes.
Pero de esto ya se ha escrito mucho, lo que llama la atención al estudiar el tema es que el artículo 102 de la Constitución del Estado, en uno de sus párrafos señala que los Magistrados durarán en el ejercicio de su cargo ocho años, podrán ser reelectos por un periodo igual y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del artículo 117 de la propia Constitución, es decir, mediante juicio político.
Lo que lleva a concluir que éstos dos nuevos Magistrados y los nombrados durante la vigencia de este artículo no tienen el puesto comprado de por vida, solo tienen asegurado el trabajo por ocho años, ya que fenecidos estos, tendrán que ser sometidos a la reelección.
El CITADO artículo ESTÁ en vigor A PARTIR el 16 de abril del año 2011, pues así lo dice el artículo primero transitorio del decreto 397, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, publicado en el Extra del Periódico Oficial de fecha 15 de abril del 2011.
¿Pero QUÉ PASA CON los Magistrados que fueron nombrados antes de esta reforma?, ¿también tienen que ser reelectos o ellos sí tienen el cargo perpetuo? La redacción anterior del artículo 102 de nuestra Constitución local decía: “Los Magistrados durarán en el ejercicio de su cargo quince años, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Artículo 117 de esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, y podrán jubilarse en los términos que señale la Ley respectiva”.
Entonces QUÉ PASA CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, PUES NINGUNO DE LOS ACTUALES Magistrados han sido sometidos a algún proceso de reelección y, en consecuencia, están violando la Constitución de nuestro Estado, por tanto, actuando en la ilegalidad y por lógica todo lo que hacen en ejercicio de sus funciones es contrario a Derecho.
Se supone que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, como máximo órgano judicial, es el garante de que se respete la Constitución de nuestro Estado y sus integrantes, los Magistrados, deben velar y vigilar por su observancia y respeto; sin embargo, en el caso los Magistrados han guardado mucho sigilo al respecto, pues ninguno de ellos, desde los más decanos hasta los más recientes, desde los más estudiados hasta los improvisados, han promovido o pedido su reelección, quizá porque se sienten cómodos en un cargo vitalicio aunque ilegal.
Pero no sólo los Magistrados han sido omisos en aplicar lo que les ordena la Ley, los abogados particulares o los que integran las barras de abogados también han sido cómplices de esta situación, pues siendo expertos en el tema, no deberían permitir esta ilegalidad. Nos quejamos de que las autoridades hacen lo que se les antoja, pero no somos vigilantes y críticos de sus actuaciones, por el contrario somos omisos para denunciarlas o pedir que se corrijan.
ATENTAMENTE
UNA TRABAJADORA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO QUE POR TEMOR A REPRESALIAS OMITE SU NOMBRE
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