Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El negocio de los administradores municipales, una política criminal de los Partidos Políticos. Esta figura anticonstitucional no solo ha roto el tejido comunitario de los pueblos, principalmente indígenas, sino que se ha convertido en la caja chica de los partidos para campañas o usos personales.
El investigador Víctor Leonel Juan Martínez refiere que tan solo en el 2014, el Congreso repartió entre las fracciones parlamentarias 18 municipios donde se manejan más de 300 millones de pesos y lo que es peor han cobrado vidas.
El ex consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) resaltó que los administradores municipales dan un uso discrecional a los recursos que llegan a esas comunidades porque hay una total opacidad y no hay ninguna rendición de cuentas porque solo están sujetos a los partidos y políticos que los impusieron.
Desde la última década del siglo pasado los administradores empezaron a jugar un papel relevante ante la pérdida electoral paulatina que tuvo el PRI de los municipios, refiere el investigador.
En ese tiempo, el gobernador designaba a los administradores municipales y el Congreso los validaba con la finalidad de que realizara tareas políticas para recuperar el control municipal para el gobernador y su partido.
Sin embargo, esa figura terminó por pervertirse a medida que los ayuntamientos empezaron a recibir más recursos públicos y pasó de ser un agente de intermediación política, a también un proveedor de recursos para los padrinazgos de quienes lo llevan al cargo (diputados, partidos políticos, funcionarios gubernamentales).
Quien entendió pronto esta dinámica fue el entonces gobernador José Murat Casab, porque durante su mandato las elecciones anuladas fueron 14, pocas para el negocio, pero ello no fue obstáculo.
Un estudio de Cuauhtémoc Blas, de la revista En Marcha, reveló que en ese periodo se desaparecieron poderes en 38 municipios, se revocó el mandato de ediles en 13 más. Así, 65 municipios estuvieron a cargo de administradores o concejos municipales.
En el 2011, escenario de la alternancia, del gobierno de Gabino Cué, las fuerzas políticas se movieron para dejar una estela de inestabilidad. De entrada 47 municipios iniciaron sin autoridades pues sus elecciones fueron anuladas por el órgano y los tribunal electorales. Cifra que crecería a 50 al primer mes del periodo municipal.
[pull_quote_center] El especialista en asuntos electorales relató que en la lógica imperante el Legislativo solicitó al gobernador en un par de ocasiones su propuesta de quiénes serían los administradores municipales. Insólitamente Gabino Cué abdicó de esa facultad, perdió de paso la posibilidad de asumir el control político de esos municipios y lo regaló a los partidos políticos. [/pull_quote_center]
Esa oportunidad no fue desaprovechada por los diputados y después de una rebatinga se repartieron las administraciones y con ello se institucionalizaría el saqueo de las haciendas municipales.
Los excesos de los administradores son de antología, como los millonarios recursos que manejaron. En tres años (2011-2013), por ejemplo, el administrador municipal de Santa María Atzompa, el perredista Leonel Santos, sobrino del ahora edil de Pochutla, Raymundo Carmona, manejó alrededor de 150 millones de pesos sólo de los ramos 28 y 33. Por eso se opuso a las elecciones extraordinarias y financió a grupos que lo impedían.
En esa lógica los administradores se quedaron en el limbo legal. Ya no dependían del Ejecutivo, no informaban siquiera a la Secretaría General de Gobierno (Segrego) la situación municipal, menos la obedecían. Y tampoco dependían del Legislativo como tal, sólo de sus jefes políticos, los coordinadores parlamentarios o los dirigentes de los partidos, abundó.
Pasaron tres años para que el Ejecutivo se percatara de la importancia del control de los administradores y en 2013 envió al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica Municipal para recuperar la facultad de nombrar a los administradores, además de ponerle ciertos cotos y la duración sólo por 90 días.
La Reforma fue aprobada el 30 de septiembre de 2013; sin embargo, nunca pudo operar porque diputados y sus partidos no dejarían ir el negocio tan fácilmente.
Apenas iniciada la actual legislatura, el 27 de diciembre de 2013 reformaron la Constitución y la Ley Orgánica Municipal para recuperar el nombramiento y control de los administradores municipales.
[quote_left]Y es que tan sólo San Mateo del Mar manejó alrededor 55 millones de pesos en 2014; Mazatlán Villa de Flores y San Antonio de la Cal, casi 40 millones cada uno.[/quote_left]
De ahí el empecinamiento del PRD y los cívicos de José Julio Antonio Aquino por defender a toda costa su posición en Santiago Camotlán por el manejo de 19 millones o los 18 millones que en 2014 ejercieron el priista Jorge Bustamante y su tesorera Leticia Cruz Regino en San Dionisio del Mar.
La disputa por el poder también provocó enfrentamientos como es el caso de San Juan Cotzocón donde, según la recomendación de la Defensoría 12/2014, las autoridades estatales actuaron de manera tardía, con descoordinación e impericia en los acontecimientos que dejaron nueve muertos, más de 180 desplazados, 163 detenidos, mujeres abusadas sexualmente, infante sin clases, abusos policiales y encarcelamientos arbitrarios.
O en Eloxochitlán de Flores Magón donde la disputa por el poder municipal dejó dos personas muertas y cinco lesionadas, además de casas y vehículos incendiados.
Sin embargo, el Juez Quinto de Distrito, Luis Evaristo Villegas, emitió una resolución que declara como inconstitucional la reforma legislativa de diciembre de 2013 y la figura del administrador municipal mediante el Juicio de amparo 183/2014.
Por su parte, el diputado Javier César Barroso Sánchez, de la Fracción Parlamentaria del PAN, presentó ante el Congreso local la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 59 de la Constitución de Oaxaca, para suprimir la figura de los administradores municipales, en virtud de que dicha situación está en abierta contravención con la Constitución Política General.
Agregó que en la entidad a partir del año 2010, ha pugnado por el establecimiento de gobiernos municipales legítimos, en donde las elecciones de los representantes de los ayuntamientos por sistemas de partidos políticos y sistemas normativos internos se llevan de manera limpia en la que las reglas y resultados se han admitidos por los actores de la competencia.
POLITICA CRIMINAL
En investigador de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca reconoció el incremento del número de conflictos al precisar que en el 2010 se presentaron problemas internos en 82 municipios con el pretexto electoral, mientras que en el 2013 se elevó a 144, es decir, creció casi el 70%.
Sin embargo, explicó, en el 2010 de cada tres municipios atendidos en dos se terminó por nombrar administradores municipales, mientras que en el 2013 de cada 10 municipios atendidos en solo el 1.4 % se nombraron administradores municipales y en el 2014 fueron 18 los administradores.
Consideró que esto es resultado de la descomposición, desatención, inacción y una serie de elementos para la disputa por las presidencias municipales y que va de la mano por la ambición de actores locales, regionales, estatales, de organizaciones sociales, de partidos que van polarizando la situación en las comunidades para quedarse con los recursos públicos.
La mayoría de los casos que presentan una conflictividad recurrente es por la disputa de los recursos públicos y porque los actores políticos hacen lo propio, el congreso del estado y la Secretaría General de Gobierno, no tienen la atención suficiente y sólo continúan con la administración de los conflictos, puntualizó.
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La realidad es que en tres años, del 2011 al 2014, las autoridades municipales fueron suplantadas por “administradores” que son impuestos por los partidos políticos desde el Congreso del Estado.
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Tan solo en el 2011, el congreso de Oaxaca se repartió 50 municipios donde se alentó la ingobernabilidad para imponer administradores municipales. La LXI legislatura local dio al PRD 14 municipios, 13 al PAN, 10 al PRI, 5 al PT y 3 Al Movimiento Ciudadano.
Y en el 2013, el dirigente estatal del PAN, Juan Mendoza Reyes, denunció que en la designación de 12 administradores municipales prevaleció el “reparto de cuotas y pago de favores políticos”, situación que pone en alto riesgo la estabilidad social de la entidad.
Y es que el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII legislatura local, el priista Alejandro Avilés Álvarez y el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Anselmo Ortiz García, se repartieron los 12 municipios que mantienen conflictos postelectorales, ya sea porque no se realizó o no se validó la elección municipal.
Por lo pronto, al PRD le asignaron cinco municipios; al PRI otros cinco; mientras que al Social Demócrata (PSD) uno, al de Nueva Alianza otro, y quedaron pendientes tres por repartir.
Por esta razón, la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PAN, Natividad Díaz Jiménez, deslindó a su grupo de los acuerdos que se dieron en el seno de la Junta de Coordinación Política (JCP) y acusó que por “intereses, mezquinos y perniciosos” de los disputados Alejandro Avilés y Anselmo Ortiz se está en “riesgo la gobernabilidad de la población, la paz social y su certidumbre de estas comunidades”.
Agregó que “en Acción Nacional no podemos quedarnos callados y ver cómo los acuerdos en lo oscurito pueden más que la ley y las normas que nos rigen. Cómo (prevalecen) intereses de cacicazgo y de influencia que por años lo único que han concedido a nuestros pueblos es marginación, exclusión y pobreza”.
La estrategia de los partidos políticos es “empujar inestabilidad” en los municipios para nombrar a su gente.
Como caja chica. Ese es el gran negocio que no quieren dejar ni partidos políticos, ni fracciones parlamentarias.
