Desde que el presidente Lázaro Cárdenas estableció en México la primera política de comunicación institucional, hace 79 años, al crear en junio de 1939 el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad ?dentro de la Secretaría de Gobernación?, hasta ahora, se han sofisticado las funciones de las «oficinas de comunicación social» y sus «voceros».
Aunque, por desgracia, no como indispensables mecanismos públicos de transparencia y rendición de cuentas, sino de culto a la personalidad de altos funcionarios, «manejo de crisis» y control de medios noticiosos y periodistas a través de la opacidad, la cooptación, la asignación publicitaria discrecional, el soborno, la intimidación y la agresión.
En el ámbito del sistema de justicia penal esto ha sido especialmente tóxico para la democracia y la credibilidad del propio sistema: en el transcurrir de esta historia de casi ocho décadas, medios noticiosos, dueños, ejecutivos editoriales, editores y reporteros se han beneficiado de publicidad sin reglas establecidas, «filtraciones», prebendas, contratos y toda suerte de «apoyos» ?dinero, equipo de trabajo, droga, armas, placas de taxis, vehículos, gastos diversos, contratos, plazas de trabajo?, o padecido negación sistemática de información pública, amenazas o agresiones de «voceros».
En esta distorsionada dinámica institucional se afincan los «tribunales mediáticos» contra personas detenidas, imputadas, enjuiciadas o víctimas de delito, y aun sus personas cercanas. Y, en los hechos, tal estado de la cuestión se ha filtrado del viejo sistema inquisitivo de justicia penal al actual acusatorio en proceso de implementación en el país.
Por lo dicho, es estupenda esta noticia: la semana anterior se estableció en la ciudad de Oaxaca la Red Nacional de Voceros del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como parte del Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano del Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México [2007].
Hace años hemos trabajado con funcionarios de áreas de comunicación institucional de dicho sistema en talleres y cursos, insistiendo en que el sistema acusatorio nunca estará completo sin una política de comunicación basada en la transparencia y la rendición de cuentas, así como en el respeto a la legalidad y los derechos humanos ?todo ello transversalizado por los principios del paradigma acusatorio adversarial?, y una reingeniería y unos estándares editoriales congruentes, evitándose para siempre la opacidad, el control y, sobre todo, la exhibición de personas en medios ?que de hecho prohíbe ya el Artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ignoro si quienes conforman la naciente Red Nacional de Voceros están formados en la vieja escuela o si al menos algunos poseen ya el nuevo «chip» comunicacional que exige el modelo acusatorio. Debemos estar súper atentos para ver si este primer paso histórico lleva a una comunicación institucional profesional o persiste la antigua política comunicacional violatoria de derechos humanos y denigratoria del sistema mismo.
@mlaraklahr
