México, sepultura de periodistas y de la libertad de expresión

Muy buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes.

Agradezco la invitación a participar en este Foro: “Libertad de expresión y derecho a la libre manifestación: retos, alcances y pendientes”.

De entrada, quiero aclarar que lo que aquí comente es a titulo personal, no hablo a nombre de un gremio, de un grupo o de un medio de comunicación, no quiero caer en los absurdos de la clase política que habla a nombre de “su pueblo” con un sentido de pertenencia como si fueran Mesías o dueños de sus ideas o acciones.

No soy académico, no soy abogado, ni siquiera soy periodista titulado, sino un simple reportero con 30 años de experiencia únicamente.

En principio quiero iniciar con una pregunta: cuando escuchan 100 a 3, 21 a cero  o 45 a 1 qué es lo primero que piensan.

No es el resultado de un encuentro de baloncesto, ni el marcador final de un partido de futbol americano o mucho menos los torneos donde los niños triquis o campeones de la montaña han obtenido el triunfo.

Tampoco son el pronóstico de crecimiento económico del país, ni cómo han caído los salarios mínimos o el costo de la canasta básica.

No, son vidas, son agravios, son atentados contra el gremio periodístico del país y la galopante impunidad.

Apenas hace dos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer estas cifras escalofriantes.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez reveló que en los últimos 15 años, la CNDH ha documentado 100 homicidios y 21 desapariciones de periodistas, así como 45 atentados contra medios de comunicación.

Las cifras son escalofriantes tanto como la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos de agravios a periodistas, cuando las autoridades, los partidos políticos y los  jilgueros oficiales, se jactan de vivir en un país democrático con instituciones plurales.

Nada más falso. Y es que pasamos de la “dictadura perfecta” como bien definió Mario Vargas Llosa a México en la época del PRI, a la democracia simulada en la que por supuesto han sido cómplices el PAN, el PRD y los demás partidos de familias.

Las muertes de comunicadores abarcan el periodo del 2000 a la fecha; las desapariciones de 2005 hasta el día de hoy, y las agresiones a empresas periodísticas de 2006 a mayo de este año.

El ombudsman resaltó que tales cifras dan cuenta de “la magnitud de las agresiones”, a tal grado que diversas organizaciones nacionales e internacionales han referido que “las amenazas e intentos por coartar la libertad de expresión han convertido a México en uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico”.

Y que tenemos a cambio. Cuando matan a un o a una periodista escuchamos condenas en discursos oficiales, publicación de esquelas o el anuncio de la creación de fiscalías o mecanismos de protección que de nada sirven, o mejor dicho, sí sirven para lavarle la cara a los sepultureros, perdón a los gobernantes.

La realidad es el aumento de riesgos para el ejercicio de ese derecho es un hecho, lo que ha derivado en un alto número de agresiones, y traduciéndose en menos investigación y falta de resultados efectivos.

Ahí están los estados o regiones donde prevalece la autocensura, el desplazamiento y el exilio forzado de periodistas.

La CNDH dice que se han adoptado medidas como la “federalización de delitos, para que de esta manera la autoridad federal pueda atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas o cualquier persona, en los que se adviertan atentados contra la libertad de expresión, imprenta o contra instalaciones de medios de comunicación”. ¿Y dónde están los resultados?, me pregunto.

Ahí está la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, y Periodistas, defensorías de derechos humanos o las fiscalías estatales como la de Oaxaca dizque para atender delitos de “trascendencia social”, mejor debería llamarse de intrascendencia porque se enredan más que el quesillo o queso Oaxaca.

Cada quien se echa la bolita. Yo inicié la denuncia, queja o cuaderno de investigaciones, pero como el caso ya lo tiene la PGR, ya no investigo; la PGR dice como lo tiene el estado, ya cerré el expediente, como el mecanismo lo atrajo, le doy un botón de pánico que muchas veces no sirve, o sirve para justificar presupuestos.

El pánico que me da es que ni el gobierno federal ni el estatal asumen el compromiso de “investigar las amenazas y evitar que se hagan efectivas, eliminar la impunidad, ni agota todas las líneas de investigación antes de cerrar los expedientes”.

Pero qué pasa cuando las agresiones vienes del Estado –llámese gobernantes, policías, políticos-, los agraviados vamos a denunciar ante sus subordinados. Como para qué, para que los rematen o terminen de silenciarlos.

Por esta grave y preocupante situación, la organización Freedom House calificó a México, por quinto año consecutivo, como un país no libre en materia de Libertad de Expresión.

La directora de la oficina en México de Freedon House, Mariclaire Acosta, explicó que México en 2010 estaba catalogado como un país parcialmente libre, pero a partir del 2011 se ubica, de acuerdo con esta escala de medición, como un país no libre.

Esto significa que México empeoró pasando de 61 a 63 puntos «lo cual da cuenta del deterioro de la situación que enfrentan los medios y periodistas en el país», es decir, que en un contexto global se registra un retroceso en términos de Libertad de Prensa en el mundo «no sólo por la existencia o generación de más leyes restrictivas sino también por el incremento de la violencia contra los medios y periodistas.

Lo lamentable es que dentro de este panorama México es de los países latinoamericanos que mayor retroceso registra.

Por su parte, el Informe de Articulo 19 calificó a México como un “Estado de censura” donde da cuenta del deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión y la violencia contra la prensa durante 2014.

Destacó que el “Estado de censura” es un diagnóstico del ejercicio a la libertad de expresión en nuestro país. El miedo, la impunidad y la violencia son elementos comunes para el ejercicio de la libertad de prensa en México.

Reveló que cada 26.7 horas se agrede a un periodista en el país. Es decir, en la actual administración de Enrique Peña Nieto las agresiones contra la prensa casi se duplicaron, comparado con la de Felipe Calderón, en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas.

Y es que a sólo dos años de haber iniciado el gobierno de Peña Nieto, 10 periodistas han sido asesinados en posible relación son su trabajo, y cuatro más han desaparecido. Sus crímenes permanecen impunes.

En “Estado de Censura”, ARTICLE 19 documentó 326 ataques contra periodistas y medios de información.  Las agresiones físicas o materiales (a medios de comunicación)  fueron las de mayor registro con el 43% del total de los casos; le siguen las intimidaciones con 16%, las detenciones arbitrarias con 14% y las amenazas con un 13%.

Del total de las agresiones registradas, 48% son responsabilidad de funcionarios, siendo así los principales atacantes de la prensa durante el 2014

El Distrito Federal es donde más se agredió a la prensa, con 85 casos registrados. Le siguen Quintana Roo con 42 agresiones y Veracruz con 41, aunque Oaxaca se encuentra entre los cinco primeros lugares.

También registró 59 agresiones por medio de plataformas digitales, y en específico, se registraron 12 ataques cibernéticos a medios de línea editorial crítica con el gobierno.

Consideró que las fallas en el sistema de justicia se mantiene, en especial cuando se trata de órganos estatales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Segob y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que no sólo han sido ineficientes sino que  siguen el discurso oficial. Son meras receptoras de estadísticas.

Mientras que el informe de Reporteros Sin Fronteras también coincide en que México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de las autoridades corruptas– son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información.

Hacen referencia que la elección de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México en 2012 –que marcó el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y puso fin a la ofensiva federal emprendida bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y antes de Vicente Fox (2000-2006)– no cambió en nada la situación de la libertad de información en el país.

Se pregunta: ¿Quiénes están detrás de estas intimidaciones? Los cárteles de la droga, que se preocupan por hacer callar a los periodistas y blogueros que informan sobre las actividades del crimen organizado y la violencia ligada a ellas. Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales.

La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas –a menudo corruptas y en las que incluso se han infiltrado los cárteles– a todos los niveles.

Este clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Numerosos medios de comunicación han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas, de allí un clima de autocensura perjudicial para la libertad de información. Las redes sociales se han convertido en ocasiones en las únicas fuentes de información sobre los estragos ligados a los cárteles de la droga, que no dudan en tomar como blanco a los blogueros que intentan romper la espiral de silencio.

En el plano jurídico, en febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión. Desde entonces, su trabajo sólo ha dado como resultado una condena. En 2012 el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitía a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atentan contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Esta reforma permitió la creación del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos humanos, que sigue siendo criticado por sus deficiencias.

¿Uno de los raros avances? La despenalización de los delitos de prensa a nivel federal, promulgada en 2007.

Finalmente, existen lazos muy fuertes entre las autoridades y los medios de comunicación que son perjudiciales para la independencia y la transparencia de estos últimos. El paisaje mediático mexicano también se caracteriza por su falta de pluralismo, ya que Televisa y TV-Azteca poseen 90% de las concesiones de televisión abierta (gratuita) y de paga. Respecto a las numerosas radios comunitarias, a menudo siguen careciendo de una frecuencia legal (licencia para transmitir) y sufren persecuciones.

Apenas ayer, fueron detenidos por la PGR los reporteros Edwin Meneses, titular de un noticiero y reportero del semanario BMM, así como Samuel López, un locutor de la estación La Joya 107.5 de Tehuantepec, acusados del delito federal de uso de espectro radiofónico ilegal, por lo que tuvieron que pagar 80 mil pesos cada uno para obtener su libertad bajo fianza. Y han desmantelado 12 radios comunitarias en la región.

La entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay sostuvo que “el Estado debe hacer mas para salvaguardar la libertad de expresión. No solamente permitiendo la pluralidad de perspectivas y medios para la difusión de información, sino también asegurando que aquello que ejercen la labor informativa puedan realizar sus actividades sin tener que pagar un alto costo, en algunas ocasiones con sus vidas”.

Insistió en que las agresiones en contra de periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. Me encuentro alarmada por los altos niveles de impunidad que prevalecen en relación a los ataques en contra de periodistas y hago un llamado urgente a que esta impunidad sea erradicada, afirmó Navy Pillar en el Informe de la ONU de 2011.

Pero ¿Qué pasa?

En lugar de erradicar la impunidad se dan casos como el de la reconocida periodista Carmen Aristegui, quien junto con su equipo de investigación como el periodista Daniel Lizárraga, fueron despedidos del programa radiofónico en MVS por dejar al descubierto la corrupción y conflictos de intereses de la familia presidencia.

Aquí no les importó atentar contra la libertad de expresión sino también contra el derecho de la sociedad a estar informada. De ahí que se hayan presentado unos 3 mil 580 amparos colectivos de ciudadanos afectados por la suspensión del programa radiofónico de Carmen Aristegui en Noticias MVS.

Ante este estado de indefensión, no nos queda mas que prepararnos y capacitarnos en talleres de protección, establecer redes de periodistas y accionar para presionar a los sepultureros, porque en eso se han convertido las autoridades, en casos de agravios a periodistas.

Para que ven que no es mentira, mañana tenemos un taller donse de va a analizar

el tema Riesgos y amenazas a la libertad de expresión en México, se

presentarán Protocolos Prevención del Riesgo. Protocolo para el ejercicio de la libertad de expresión en México y la Prevención de Violaciones a Derechos Humanos. Protocolo para la investigación de delitos contra la libertad de expresión.

Se presentará el Mapa de Riesgos para Periodistas y se dará a a conocer la Plataforma de apoyo a periodistas.

Pedro Matías Arrazola.