Rafael de la Garza Talavera

Terminada la etapa de las campañas del proceso electoral mexicano de 2015 resulta indispensable reflexionar acerca de sus particularidades, de las ‘novedades’ y de sus consecuencias. En general, los actores políticos coinciden en señalar la enorme desconfianza que el proceso electoral suscita entre los votantes así como las violaciones sistemáticas efectuadas por los partidos políticos, los candidatos y las autoridades electorales. A lo anterior habría que agregar la participación macabra del crimen organizado, el cual ha ejercido su derecho de veto a candidatos que no son de su agrado (nada personal, son solo negocios) y, al mismo tiempo, el apoyo financiero a sus preferidos, aunque esto no sea una novedad en sentido estricto. Pero 20 asesinatos de candidatos y personas colaborando con partidos en campaña no es un dato menor.

El contexto social y político en el que se han venido desarrollando las campañas es al mismo tiempo causa y consecuencia de lo anterior. El ‘mexican moment’ impulsado por las reformas constitucionales impuestas gracias al Pacto por México no ha logrado contener el deterioro de la economía popular (argumento utilizado por el Peña y Videgaray para lograr el ‘consenso’ en el congreso) sino todo lo contrario. A este hecho habrá que agregar el crimen de estado cometido en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los escándalos de corrupción del presidente y su círculo interno, las matanzas de Tlatlaya y Tanhuato, las movilizaciones de jornaleros en San Quintín, por mencionar los agravios más visibles de los últimos meses.

La coyuntura electoral tiene como escenario un país agraviado y empobrecido, al grado de que un defensor recalcitrante de la democracia liberal, José Woldenberg, no tuvo más remedio que admitir que “En estas elecciones la esperanza es más corta y más débil por el hartazgo en relación a los políticos, los gobiernos y congresos” La esperanza, motor fundamental para que la gente vote no está jugando el papel que le corresponde. Cómo olvidar que por mucho tiempo, buena parte de los votantes acudían a las urnas con la esperanza de abrir una nueva época. Así fue como presidentes como Luis Echeverría, Carlos Salinas o Vicente Fox lograron ganar elecciones. El sistema político mexicano se reciclaba cada sexenio a partir de promover la idea de que ahora si viene el bueno, el presidente que va a resolver todos los problemas, honesto, progresista, etc.

El desgaste es inocultable por lo que la vieja fórmula no aplica más. Las consecuencias están a la vista de todos y peor aún, parecen beneficiar al PRI y su principal aliado, el PVEM, el cual con el apoyo de Los Pinos y el duopolio televisivo ha introducido una táctica ‘novedosa’ en el amplio catálogo del fraude electoral mexicano. De que otro modo se puede comprender la táctica de violar la norma electoral y pagar la multa para volver a hacerlo una y otra vez y además hacerse la víctima Sale más barato pagar las multas que respetar la ley electoral para sumar votos. Pero para lograrlo, el PRI-PVEM tenía que contar con el apoyo de los órganos electorales que, en lugar de cortar de tajo con la perversa maniobra electorera se dedicaron a alimentar ‘involuntariamente’ la certeza de su contubernio con el régimen. Cuesta trabajo pensar que la ‘innovación’ electoral no será mejorada en las elecciones de 2018, dado su enorme éxito para posicionar a un partido menor entre las primeras cuatro fuerzas políticas del país.

El debate provocado por la corriente de opinión favorable al voto nulo y a la abstención no es nuevo en México pero en estas elecciones ha cobrado fuerza, al grado de que se le ha agregado un nuevo elemento: el boicot. El binomio agravio-impunidad ha radicalizado la postura de actores políticos como el magisterio opositor en Guerrero y Oaxaca -y en menor medida en estados como Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas y Michoacán- los cuales a menos de una semana de la elección han efectuado una serie de acciones contundentes para obstaculizar los comicios o de plano impedirlos. Los partidos de oposición al PRI han coincidido en denunciar la inacción del gobierno federal para detener el boicot como una táctica perversa para alejar a los votantes de las urnas y maximizar el voto duro del partido del presidente.

Por todo lo anterior, las elecciones de 2015 pasarán a la historia marcadas por la impunidad y por el malestar social que el proceso electoral sólo ha conseguido acrecentar. Diseñadas para contener y amortiguar los efectos del descontento, las elecciones del próximo 7 de junio están muy lejos de lograr su misión en el marco del estado liberal. Son claramente un proceso que abona directamente al deterioro del régimen y a la confrontación social. ¿Será éste hecho una evidencia más de la decadencia del liberalismo?