Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- Pese a que dijo respaldar los acuerdos alcanzados por mayoría en el Congreso del Estado para destrabar la reforma constitucional, el presidente estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano, manifestó que el fijar en tres años el requisito de residencia para ser titular del Poder Ejecutivo, es una contradicción a la Constitución Federal y puede iniciarse una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, contra una decisión del Congreso de Oaxaca.
Mediante un comunicado, el feneciente diputado federal, dijo “que el aspecto particular de los requisitos para elegir gobernador ha quedado en contradicción con el texto constitucional federal”.
El dirigente partidista, dijo que con la reforma electoral, se genera una diferencia importante, porque en el artículo 116 de la Constitución federal, se señala que es requisito, o ser nativo del Estado que se quiere gobernar o bien contar con una “residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios,” en la constitución estatal se ha fijado ese límite en 3 años.
“Sobre este punto, quedan a salvo los derechos de quienes puedan iniciar una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, contra una decisión del Congreso estatal que distancia a Oaxaca del marco institucional y legal del país”, advirtió sin precisar su el Sol Azteca, haría lo propio.
Admitió que a los diputados locales de la LXII Legislatura, les tocó tomar la decisión de impulsar ese cambio.
Empero, aclaró que “no lo respaldamos, porque es un traje a la medida y al gusto de algunos y sobre todo porque no coincide con lo que dice la Constitución del país”.
Del mismo modo, manifestó en su comunicado que se revisable si la homologación de la elección mandatada por la reforma constitucional federal “cumplió o no de manera cabal con la definición estatal de elegir un gobernador por 6 años, en vez de hacerlo por 5 años.”
Sobre la reforma constitucional, dijo que se lograron avances importantes en materia de transparencia, reconocimiento y ampliación de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas y afromexicanos, equidad de género, elección de candidaturas independientes, y se adaptó la Constitución de Oaxaca a las disposiciones en materia de anticorrupción y a la reforma política que se establecieron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese conjunto de temas la posición política del PRD fue “respaldar la homologación a los criterios nacionales para que la Constitución de la entidad y nuestras leyes estatales queden adecuadamente armonizadas, por lo cual en lo general pueden considerarse positivas”, plasmó en su documento.
Respecto al endeudamiento de 2 mil 400 millones de pesos que autorizaron al Gobernador, Gabino Cué Monteagudo, el líder del PRD, pidió no satanizarlo, siempre y cuando se haga con transparencia y apego a las normas.
“Si el endeudamiento tiene destinos claros, si se respetan las disposiciones nacionales sobre su registro y destino social, es un instrumento que sirve para financiar las necesidades de la entidad”, (sic).
Y en un discurso demagógico, dijo: “El PRD estará vigilante de que la deuda no se desvíe ni se vaya al caño de la corrupción y estará muy atento a que se evite la contratación de deuda de corto plazo y para que se cumpla el mandato de pagar ese tipo de obligaciones por la administración que la contrate”.
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