José Contreras

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CD. DE MÉXICO.- Los periodistas pueden sufrir censura no solo desde el gobierno, sino también desde otros entes de poder, como lo son los partidos políticos o incluso los políticos que, aún sin tener cargo oficial, concentran poder.

Es el caso de la periodista Sanjuana Martínez, a quien una jueza de la Ciudad de México condenó a indemnizar al líder de la corriente Nueva Izquierda del PRD, Jesús Ortega Martínez, por supuesto daño moral.

El motivo de la demanda de Ortega fueron dos trabajos de Sanjuana publicados en el diario digital Sin embargo, en los cuales el líder y fundador de Los Chuchos es mencionado como cliente constante del tabledance Cadillac, clausurado tras un operativo para combatir la trata de personas.

Ortega argumentó en su demanda que la periodista le provocó daño moral al incluir ese señalamiento sobre su persona en los trabajos publicados el 25 de noviembre y el 2 de diciembre del 2013.

En dichos trabajos, la periodista no hace acusaciones ni imputaciones directas contra Ortega. Lo que hace es reproducir de manera textual un testimonio de una de las víctimas de trata, identificada solo como Perla, en el que se menciona al “dirigente del PRD” –en ese entonces lo era–  Jesús Ortega, como uno de los políticos que frecuentaban el Cadillac.

Aún así, la titular del Juzgado Sexagésimo Noveno en Materia Civil de la Ciudad de México, Martha Roselia Garibay Pérez, consideró que la periodista estaba obligada a demostrar fehacientemente que los actos atribuidos a Ortega eran ciertos.

Un periodista está obligado a corroborar fuentes y a investigar los dichos de sus fuentes para tener una mayor certeza al hacer pública una información, pero no tiene por qué realizar toda una investigación criminalística cuando solo se trata de reproducir señalamientos provenientes de terceros, como fue el caso de los trabajos firmados por Sanjuana Martínez y publicados por SinEmbargo.

No sabemos si Ortega era o no cliente frecuente del Cadillac, pero en todo caso, quien hace el señalamiento es Perla, la víctima de trata a quien la periodista entrevistó.

En su demanda, Ortega asegura que los trabajos de Sanjuana Martínez tenían motivaciones políticas, pues en ellos se hace alusión al proceso de discusión de un paquete de reformas a la legislación sobre trata de personas, en el que estaba involucrada su esposa, la senadora Angélica de la Peña.

Incluir este supuesto en la demanda equivale a suponer que cualquier periodista que realice una crítica con sesgo político –lo cual es muy común en el ejercicio de esta profesión–  puede ser demandado por daño moral.

Nuestro marco jurídico permite a políticos encumbrados –como es el caso de Ortega-  o a ciudadanos con elevado poder adquisitivo, inhibir el trabajo periodístico mediante demandas por daño moral.

Una demanda de este tipo solo puede ser presentada por quien tiene el dinero suficiente para sostenerla hasta sus últimas consecuencias.

Y solo alguien con dinero puede defenderse de una demanda de este tipo hasta tus últimas consecuencias.

A la periodista Sanjuana Martínez aún le quedan varias vías para impugnar la sentencia dictada en su contra la semana pasada. El caso puede llegar incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando ella tenga la capacidad económica para defenderse.

Si la sentencia en última instancia fuera condenatoria, el mensaje sería demoledor: para cualquier político encumbrado que sea señalado en los medios de comunicación por posibles conductas irregulares será más fácil demandar a los periodistas por daño moral, que aclarar públicamente la situación en la que se vio envuelto.

No sabemos, insistimos, si Ortega era o no cliente asiduo del Cadillac, como asegura Perla.

Por cierto, acudir frecuentemente a un tabledance no es un delito. Ni siquiera una falta administrativa.

Pero al tratarse de un personaje público –de fama nacional e internacional, como él mismo lo afirma en su demanda–  sería sano que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México hiciera públicas las conclusiones de la averiguación previa FDTP-TP-1/030/13-06, que fue abierta a raíz de los señalamientos de Perla.

Así saldríamos de dudas.

OFF THE RECORD

**CASO MONTESSORI

Las denuncias respecto a un posible abuso sexual en contra de alumnos del Colegio Montessori-Matatena, ubicado en el sur de la Ciudad de México, deben ser investigadas de manera adecuada.

Si “Rafa”, a quien varios padres de familia señalan como abusador de menores es culpable, que sea sancionado con todo rigor.

Pero si no lo es, que no se le condene injustamente.

El caso Montessori es todo un reto para las autoridades de procuración e impartición de justicia de la Ciudad de México.

**EL AUTOENGAÑO

Los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso se divierten con la aprobación de las leyes secundarias en materia de combate a la corrupción.

Se divierten, se entretienen y se autoengañan.

La idea de combatir eficazmente la corrupción quedó sepultada desde que se dio marcha atrás a la propuesta original de crear un órgano nacional anticorrupción autónomo.

En lugar de eso, fue resucitada la Secretaría de la Función Pública, una dependencia del presidente de la República.

Sigan divirtiéndose.

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