Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (#página3.mx).- A siete meses de que concluya el sexenio de Gabino Cué no han sido aclaradas las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el movimiento social de 2006 y 2007, ni las desapariciones forzadas, tampoco inspeccionaron ni resguardaron los cinco lugares que funcionaron como presuntas casas de seguridad o centros de tortura e inhumación clandestina.
Al contrario, los perpetradores como el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, Jorge Franco Vargas y Heliodoro Díaz Escárraga, así como los tenientes de navío Manuel Moreno Rivas y de fragata José Manuel Vera Salinas siguen libres, mientras que los comandantes que participaron en las graves violaciones a los derechos humanos han sido ejecutados.
Así lo revela el Informe que entregó la Comisión de la Verdad de Oaxaca, el pasado 29 de febrero, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuyos titulares han guardado absoluto silencio e inacción.
Aunque personal de la Comisión de la Verdad acudió a todos los lugares para corroborar la existencia de los cinco centros de inhumación clandestina, ni la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ni la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), realizaron ningún resguardo ni siquiera habían sido inspeccionados.
El documento resalta que la Comisión presentó la denuncia en noviembre pasado y cinco meses después, las autoridades federales y estatales ignoraron la información de las presuntas fosas clandestinas.
Uno de los presuntos centros de inhumación clandestina fue ubicada atrás de las instalaciones del cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones denominada Los Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec; otra más en la Privada de Naranjos Nº 200, Fraccionamiento La Cascada, casa del teniente de fragata Vera Salinas, la cual ya vendió su mujer.
A ellas se suman, una casa con membrete de asociación civil utilizada para rehabilitación ubicada pasando el pueblo de Ánimas Trujano en la curva, antes de llegar a Santa María Coyotepec, del lado oriente de la carretera número 175 rumbo a Puerto Escondido, la cual operó como casa de seguridad y fosa clandestina durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
Otro de los sitios es un predio de uso gubernamental donde se presume fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del movimiento magisterial popular de 2006 en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila.
Y el quinto sitio señalado es una propiedad del actual director de Seguridad Pública de Zimatlán, Pedro Hernández Hernández, quien fue el comandante en jefe de los grupos especiales capacitados por el Ejército mexicano en 1997, después del alzamiento del EPR en Oaxaca.
De acuerdo con testimonios recibidos por la CVO, este jefe policial recibió capacitación directa del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército en las instalaciones de la Séptima Zona Militar.
Otros testimonios recolectados por la CVO —incluyendo informantes de los cuerpos de seguridad pública— también coinciden con los lugares que reveló el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Un sexto lugar es el panteón municipal de Puerto Escondido, lugar en el que, en mayo de 2012, se llevó a cabo una diligencia especial por parte de la PGR, en coordinación con familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes solicitaron la participación de peritos independientes del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF).
Esta decisión permitió determinar “una vez más el engaño y la perversidad del Estado al tratar de entregar a las familias (de los eperristas), los restos de otra persona que no era el de sus seres queridos”.
Las víctimas que pudieran encontrarse en estos sitios no necesariamente son los integrantes del EPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes se encuentran desaparecidos desde mayo de 2007.
El documento también revela que según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en la entidad se tienen reportadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca.
De estas cifras, 97 desapariciones se registraron durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué a julio de 2015.
De las 216 desapariciones, 18 pertenecen al fuero federal y se encuentran en el periodo de 2005 a julio de 2015, mientras que 198 corresponden al fuero común, registradas en el periodo de 2007 y 2015. De esas cifras, 115 son varones y 101 mujeres.
MISIVA DEL EPR
En la misiva que hizo llegar el grupo guerrillero a la Comisión de la Verdad señalaron que las ex autoridades que están obligados a declarar dónde están los desaparecidos del EPR Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado (MPE), quien hizo de su rancho en el pueblo de Vigallo, perteneciente al distrito de Zimatlán, un cementerio clandestino y su exchofer Ángel Reyes Cruz.
Así como Ardelio Vargas Fosado, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva; el entonces comandante de la 28ava. Zona Militar de Oaxaca, Juan Alfredo Oropeza Garnica; el ex gobernador Ulises Ruíz Ortiz y Heliodoro Díaz Escárraga su asesor; ya que ordenaron cometer los delitos de lesa humanidad en contra de todos los inconformes, en particular, contra los eperristas, quienes fueron detenidos y torturados.
Luego, se los llevaron al Campo Militar número 1 y se encuentran encarcelados, en una de sus tantas mazmorras militares, según testimonios recabados por la CVO.
También refieren los partes informativos que realizó el general Alfredo Oropeza Garnica, quien comandó la Octava Región Militar durante el conflicto del 2006 y 2007 en Oaxaca, aunque en abril de 2008 dejó el cargo.
En una serie de partes informativos que envió al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa a través del subsecretario de Gobernación, Abraham González, refiere que en el caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, están implicados el secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas, así como de los oficiales de la Marina Armada encargados de cuerpos de seguridad pública estatal, Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas:
- “Esta comandancia sostiene la hipótesis de que posiblemente Franco Vargas haya ordenado el secuestro de los dos integrantes del EPR que esa organización reclama, por lo que hay necesidad de realizar pesquisas a fondo con el propio [Jorge] Franco Vargas y los dos tenientes, que fueron autoridades y siguen lucrando con recursos del Gobierno del estado.
- “Por tal motivo, solicito que esta información se haga del conocimiento de la Secretaría de Gobernación y que políticamente se bloquee la existencia de este tipo de organizaciones ilegales, y que se realice una amplia investigación para confirmar la veracidad de este informe por parte de instancias federales, para que, de acuerdo a lo que disponga la superioridad, se impida la operación de organizaciones al margen del Estado y se devuelva a las corporaciones de seguridad publica los recursos humanos y materiales que les han sido segregados en detrimento de las seguridad y confianza institucional de la sociedad oaxaqueña en general. (Milenio, 5 de mayo de 2008)”
En otro parte informativo, el mando militar afirma que Franco Vargas “opera una organización supraestatal con la presunta complacencia del gobernador del estado, en la que figuran unos 40 elementos de la policía ministerial y una cantidad no precisada de elementos de la Policía Preventiva, así como vehículos, armas y equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta con un valor de 8 millones de pesos”.
En el documento se indican también una serie de domicilios, que hasta el día de hoy, nunca han sido investigados con la diligencia requerida, entre los que destacan Bungalows Los Cárdenas, en avenida Hidalgo No. 300, propiedad de Aristeo López Martínez, coordinador general de Seguridad Publica Vialidad y Tránsito Municipal de Oaxaca, asesinado el 29 de enero de 2009 en el centro de esta capital y a plena luz del día.
Antes, el 30 de enero de 2008, también fue ejecutado el director de la Policía auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz.
Tanto Alejandro Barrita Ortiz como Aristeo López Martínez fueron insistentemente vinculados con secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el marco del conflicto sociopolítico de 2006 y 2007, principalmente, a los “levantones” que realizó la llamada “caravana de la muerte”, la cual utilizaba automóviles sin placas y ocupantes sin identificación oficial, que se refugiaban en la Penitenciaría del Estado.
Por otra parte, en una comunicación hecha llegar a la CVO el 10 de noviembre de 2015, el PDPR-EPR dio indicios sobre cinco lugares en los cuales agentes del Estado mexicano presuntamente habría realizado inhumaciones clandestinas de activistas del movimiento social.
Y hacen referencia que “los tenientes Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, agentes del Cisen fueron parte de comandos paramilitares formados para señalar y asesinar a miembros del movimiento popular magisterial, además, son conocedores de que algunas personas del movimiento fueron sepultadas atrás de las instalaciones del cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones denominada Los Pinos.
Y para ocultar sus crímenes, devastaron un cerro y actualmente ya construyeron casas habitación. Esta información la tienen los ex presidentes municipales de Santa María Coyotepec Jorge Pablo Jiménez (2005-2007) y Gerardo Guzmán de la Rosa (2008-2010), pueblo en donde hubo una de las más crueles represiones.
Respecto al basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, se tuvo conocimiento que al operador de una retroexcavadora que generalmente permanecía en ese sitio y que trabajaba en dicho basurero se le hizo raro que dejaba la máquina en un lugar y al otro día la encontraba en otro lugar, razón por la cual puso más cuidado, al poco tiempo descubrió restos humanos y por ese hecho fue amenazado.
Y sin haber participado en los crímenes cometidos, fue asesinado; poco después su familia huyó por temor, pasando a formar parte de los miles de desplazados internos en el país. La información también la tienen Margarito Pedro Castillo (2005-2007) y Agustín Antonio Manzano (2008-2010) ex presidentes municipales de San Bartolo Coyotepec, los de Santa María Coyotepec.
La CVO ha confirmado que el proceso de investigación y búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya fue deficiente desde un inicio, tal y como lo constató la CNDH por parte de instancias locales, como la Secretaría de Protección Ciudadana (ahora Secretaría de Seguridad Pública), la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), así como la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca.
Otras instancias federales evidenciadas son la PGR, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Secretaría de la Defensa Nacional, que no facilitó el testimonio del titular de la Comandancia de la VIII Región Militar en Ixcotel, Oaxaca.
Tampoco se le permitió a la CNDH acceder al interior del Campo Militar número 1, lugar al que referían diversos testimonios, como probable centro de detención de Cruz Sánchez y Reyes Amaya.
Aunado a ello, durante la investigación y búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, algunos de los jefes policiacos señalados por su posible participación en su desaparición, fueron igualmente víctimas de desaparición forzada como Jonás Corro, comandante del Cuarto Grupo de la Policía Ministerial del Estado y responsable de la guardia de la Comandancia General de la policía el día de la detención-desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya.
Otros jefes policiales fueron ejecutados extrajudicialmente, como sucedió el 30 de enero de 2008 con Alejandro Barrita López, jefe de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial. La otra ejecución extrajudicial es la de Aristeo López Martínez, coordinador de la Policía Municipal de Oaxaca, ocurrida el 23 de enero de 2009.
Pese a la relevancia del cargo que ocupaban, ninguno de los tres casos anteriores ha sido esclarecido por las autoridades y las investigaciones se estancaron prácticamente desde el comienzo de los hechos. Estos tres crímenes, no solo podrían estar vinculados a la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, sino a las actividades relacionadas con los grupos armados ilegales que se documentan y denuncian en el presente informe.
En síntesis, el Estado ha dejado de cumplir los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de Derechos Humanos.
