Pedro MATÍAS/Foto: Agencia Estación Foto
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares para proteger la integridad de siete personas desaparecidas a partir del violento desalojo realizado este domingo 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, que dejó al menos nueve muertos y 108 heridos, así como 21 detenidos.
Las medidas cautelares es para la presentación con vida de Ángel Santiago Hernández, Juan Velasco Méndez, Daniel Medina, María Carrillo, Gustavo Moreno Bravo, Inocente Pinacho, y Alejandro “NN”, cuyo paradero es desconocido desde ayer, cuando se presume habrían sido privados de su libertad durante la realización del operativo.
La Defensoría solicitó a los gobiernos de Gabino Cué y de Enrique Peña Nieto proteger la integridad de siete personas desaparecidas a partir del desalojo en el que participaron 800 efectivos de la Policía Federal y Estatal.
En el documento, la Defensoría solicitó que, de haber detenido a esas personas, las autoridades se abstengan de mantenerlas privadas de su libertad si no existe mandamiento escrito de autoridad competente, o en el caso de que hayan cometido algún delito, sean puestas de inmediato a disposición del agente del Ministerio Público, conforme lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo pronto, inició el expediente DDHPO/1374/(01)/OAX/2016 donde personal del organismo autónomo comparó las listas de las personas que el movimiento magisterial y diversas organizaciones denunciaron como privadas de su libertad durante el desalojo, con los nombres de las personas que personal de la Defensoría pudo constatar que permanecen en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.
El resultado, expuso el organismo, es que hay siete personas no aparecen, de ahí que solicitó al Fiscal General, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, al secretario de Seguridad Pública Jorge Alberto Ruiz Martínez y al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, la adopción de una medida cautelar consistente en que los agentes de las corporaciones bajo su mando ciñan su actuación a los principios reconocidos en el derecho de los derechos humanos y garanticen la integridad física de las personas involucradas en los hechos descritos.
