Arturo Rodríguez/Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El caso Oaxaca va a poner a prueba la efectividad del nuevo Sistema de Justicia Adversarial, porque si no ven sentenciados a los policías y a los mandos altos y medios que dirigieron el operativo del 19 de junio, el discurso del presidente Enrique Peña Nieto evidenciará que se está frente a otro proceso de simulación del Estado mexicano.
Así coincidieron organizaciones civiles de derechos humanos, al tiempo que reconocieron que “es la prueba de fuego y de credibilidad de ese discurso que Peña Nieto vendió horas antes de la brutal represión en Nochixtlán” que dejó ocho muertos, más de cien heridos y dos desaparecidos.
Y es que efectivamente, en los primeros minutos del 18 de junio, Peña Nieto dijo que con el nuevo sistema de justicia penal, cuyo costo fue de más de 21 mil millones de pesos- será “el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho”.
Sin embargo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se quejaron que las autoridades estatales y federales se niegan a colaborar con para esclarecer los hechos de violencia registrado el pasado 19 de junio en Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera.
En la sesión pública de su Consejo Ciudadano, el Ombudsman estatal Arturo Peimbert Clavo reconoció que el nivel de colaboración con el gobierno de Gabino Cué y otras instancias federales es “nulo” pese a que en la investigación que realiza la Defensoría pudieron ser violados al menos 10 tipos de derechos humanos.
De igual forma, cuestionó las posturas gubernamentales pues “no ayuda en nada las declaraciones” del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del gobernador Gabino Cué y del presidente municipal de Nochixtlán, Daniel Cuevas Chávez, que pueden llevar a un escenario devastador.
Mientras que el Segundo Visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López, aceptó que siguen a “la espera de las respuesta oficial” para embonar o entablar las evidencias de la investigación y hacer el señalamiento de los derechos humanos violados e ir concatenando el tema de la responsabilidad.
Ante tal desconfianza que existe en las instancias gubernamentales, maestros, familiares y autoridades municipales exigieron la instalación formal de una Fiscalía federal para el caso de Nochixtlán pero con la intervención de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue aceptada por el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Jerónimo Martínez Ambrosio, destacó que “no podemos, en ningún momento, conformarnos que la investigación se haga por los propios personajes quienes ejecutaron los hechos”.
“En tal virtud, nos encontramos ante un escenario de intervención internacional necesaria porque los hechos más recientes en México hacen ratificar la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, gobiernos y al mismo Estado mexicano, por estas razones, es necesaria la intervención de organismos internacionales”, puntualizó.
Insistió en que es necesaria la intervención del Alto Comisionado de la ONU para que certifique el trabajo, la agenda, las tareas que se tienen que realizar a partir de esta formalización, luego entonces, una de las exigencia básicas de los familiares es que el mismo gobierno mexicano tenga que solicitar y autorizar la presencia de la CIDH.
Y es que aquí “el punto fundamental del reclamo de las comunidades es la búsqueda de la verdad y la justicia. Esos aspectos engloban la parte de la reparación del daño acompañada de una disculpa pública por parte del gobierno mexicano”.
Precisó que “esta disculpa no solo tiene que ver con la declaración de autoridades federales sino con señalamiento de los culpables y para ojos de todo el mundo tiene que ver con todos los elementos, la suma de evidencias y testimonios ante organismos defensores de derechos humanos que recae en las autoridades estatales y federales”.
Por lo pronto, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) Maurilio Santiago Reyes, como asesor de las víctimas ya comenzó con los trámites para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita in loco (al lugar de los hechos) a México y particularmente a Nochixtlán.
Y al gobierno mexicano le corresponde como protocolo hacer la invitación y dar el consentimiento para que la CIDH pueda venir y realizar su observación.
Su preocupación radica en que “las investigaciones están muy débiles porque se contaminó el lugar de los hechos, las evidencias que existían fueron removidas, no hubo peritos, no hay medidas de custodias tanto de casquillos como de sangre de cadáveres y, sobre todo, porque las autoridades realizaron sus actuaciones cuatro días después” de los hechos.
En síntesis, primero fue la Fiscalía General de Oaxaca y ahora la Procuraduría General de la República (PGR) quienes llevan el monopolio de la investigación y se han negado a dar informes a organismos de derechos humanos, situación que hace sospechar porque son juez y parte.
A su vez, la responsable jurídica de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yésica Sánchez Maya, resaltó que el caso Oaxaca va a poner a prueba el sistema de justicia adversarial porque el tema de 2006 quedó impune.
Entonces, “Oaxaca será la prueba de fuego de ese discursos de Peña Nieto que vendió como una justicia pronta, expedita y transparente o terminará por convertirse en una simulación”.
Lamentó que sea la comunidad internacional la que tenga que acompañar los proceso de investigación porque revela el nivel de desconfianza y de falta de credibilidad en las instituciones encargadas de impartir justicia.
“Es lamentable que el estado necesite de la CIDH, de la ONU o del Parlamento Europeo para investigar el asunto de Nochixtlán. Porque hay mucha atención internacional.
Considera que “es la prueba de fuego de credibilidad porque México ha sido correcto ante la diplomacia internacional y no puede decir no a la presencia de la CIDH, aunque tal vez lo dijo (el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa) para salir del paso, pero efectivamente aceptó aunque debemos prepararnos para un proceso simulado como el de Ayotzinapa”.
Lo cierto, dijo, es que “hay un hermetismo terrible y las autoridades se han blindado de tal manera que sea difícil la investigación y la transparencia”.
De igual forma, Sánchez Maya cuestionó la actuación de la Defensoría de los Derechos Humanos y de la CNDH por su “negligencia” o su actuación “sospechosa”.
Mencionó si realmente la Defensoría y la CNDH quieren jugar un rol diferente deben empujar con fuerza y obligar a las autoridades a que les entreguen los informes oficiales porque “si el Estado no te informa es porque algo te está ocultado y se puede proceder, entonces, si les tiembla la mano para hacer señalamientos o emitir alguna recomendación”.
Al quejarse que no les han dado información solo tratan de ocultar su negligencia cuando
Hay elementos para sacar un informe o recomendaciones con lo que tienen sus visitadores se pueden hacer porque tienen fe publica.
La realidad es que “tratan de maquillar lo que está. Hay un rejuego peligroso y el papel de la Defensoría o de la CNDH es maquillar o bajarle responsabilidad al Estado cuando la propia tecnología ha obligado a las autoridades a retractarse. Están siendo rebasados por la denuncia ciudadana y civil porque hay cosas que son hechos notorios que no necesitan aprobación. Es sospechoso el silencio para fijar posición”, insistió.
A su vez, la representante del Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” (Barca), Minerva Nora Martínez Lázaro, afirmó que hay claras evidencias de que las autoridades no quieren soltar datos, lo que confirma que el Estado fue el responsable y esta dilación les conviene porque entre más tiempo se pierde se van perdiendo las evidencias y su responsabilidad.
El reclamo es que no pueden ser juez y parte y si no hay informe oficial, la ONU recabó muchas evidencias y esa es parte de la investigación.
