Claudia Guerrero y César Martínez/Reforma
Cd. de México (31 agosto 2016).- La Policía Federal (PF) fue ejecutora del operativo en Nochixtlán del pasado 19 de junio, que dejó como saldo ocho muertos.
Así lo revela el informe final de los legisladores de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, en el que se advierte que la corporación estuvo al frente de las acciones.
«Sí es posible identificar que el operativo se dirigió a través de una Mesa de Coordinación Interinstitucional en la que participaron ambos órdenes de Gobierno y que la ejecución del mando coordinado del operativo estuvo a cargo de la Policía Federal», se lee en el documento.
Sin embargo, los diputados y senadores reconocieron que, hasta el momento, no existe claridad sobre la autoridad que dio la orden para proceder.
«No hay certeza respecto a la autoridad que solicitó la intervención de las fuerzas policiales para liberar las vías de comunicación», refiere.
En el documento de 178 páginas, los legisladores culpan a la Policía Federal, entonces bajo el mando de Enrique Galindo, de fallar en materia de inteligencia, ya que no fue capaz de prever las condiciones adversas que se registrarían el día del enfrentamiento.
«Puede arribarse a la conclusión que las tareas de la División de Inteligencia de la Policía Federal que se encargaría de recopilar información para la operación policial a fin de difundirla de manera oportuna fue deficiente», se indica.
«No consideró plenamente la contextualización del escenario en los días previos al operativo, las variables socioculturales que había en la comunidad, ni mucho menos en documento alguno se hace referencia al hecho de que el 19 de junio era domingo, día de plaza o tianguis en Nochixtlán».
Según los legisladores, ese hecho debió ser clave para advertir las consecuencias del operativo, ya que la zona del bloqueo pasó de tener una presencia de 350 personas, a más de mil 500.
Ambos bandos responsables
En el documento, los legisladores aseguran que ambos bandos fueron responsables de los hechos violentos.
Sin embargo, demandan a la Procuraduría General de la República (PGR) dejar en claro cómo fue que se llegó al enfrentamiento, sobre todo luego de conocer que el bloqueo pudo liberarse en sólo 15 minutos.
«Es un hecho que se ha advertido que el domingo 19 de junio ambos bandos participantes (policías y población civil) recurrieron al uso de la violencia», refieren.
«Sin embargo, es preciso que se esclarezcan las razones por las cuales el operativo fue exitoso para el desbloqueo de la autopista 135-D, el cual se hizo sin consecuencias y en un tiempo aproximado de 15 minutos, pero que al paso del tiempo derivó en violencia y en agresiones».
El informe pone en evidencia las contradicciones sobre el momento preciso en el que se registraron las primeras detonaciones de armas de fuego.
Se indica que, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, los primeros disparos se escucharon a las 9:20 horas, pese a que la Policía Federal reportó que para ese momento ya había elementos lesionados por arma de fuego.
También se detalla que, un contingente policial que salió rumbo a Nochixtlán, desde las 6:40 horas de ese día, incluía un vehículo que transportaba «seis elementos de la Policía Estatal armados», para resguardar el convoy.
Las peticiones
En el texto se solicita a la PGR actuar con celeridad en las indagatorias relacionadas con los delitos de lesiones y homicidios, pero también para confrontar y comparar los elementos balísticos involucrados.
Tras reconocer que el Ministerio Público federal no ha podido ingresar a la zona, la Comisión demanda a la Procuraduría que ingrese a Nochixtlán.
«Se insta a la PGR a cumplir con sus funciones y realizar las diligencias que sean necesarias en Nochixtlán y demás lugares de los hechos».
También pide que se investiguen la presencia de al menos seis grupos ajenos al magisterio, que han sido señalados en diversos testimonios y que podrían haber participado activamente en los hechos graves de violencia.
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, los diputados y senadores les piden entregar toda la información que poseen a la PGR, para coadyuvar con las investigaciones.
Además, solicitaron a la CNDH que, después de atraer el caso, investigue y determine si, durante la realización del operativo, hubo un uso excesivo de la fuerza por alguno de los cuerpos policiales que participaron.
Adicionalmente, instaron a la Defensoría conducirse de manera imparcial para buscar el trato a las víctimas sea equitativo y justo.
Sin denuncias
En el informe se advierte que no existe denuncia formal presentada por las autoridades como consecuencia del ataque a las vías de comunicación.
Se advierte que tampoco se conoce que se haya solicitado al Órgano de Control Interno de la PF la apertura de expedientes para determinar si la actuación de los elementos fue apegada a su normatividad interna y a los protocolos de actuación con respeto a los derechos humanos.
