Pedro Matías
OAXACA, Oax. (#pagina3.mx).- El grupo de expertos de las Naciones Unidas ratificaron que en México existe una crisis de derechos humanos perpetuada, en este caso, por autoridades de gobierno y actividades empresariales.
Además, el grupo de trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos consideró necesario garantizar el derecho a la consulta de comunidades indígenas en Oaxaca y que las autoridades de gobierno y los líderes empresariales dejen de criminalizar a las personas defensoras.
Al terminar su visita a México, concluyeron que las autoridades de gobierno y las empresas violaron el derecho a la consulta libre, previa e informada de comunidades indígenas por proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
Durante un informe preliminar con algunas recomendaciones derivadas de sus reuniones con sociedad civil, empresas e instancias de gobierno, el grupo de expertos denunció las violaciones al proceso de consulta que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Oaxaca para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur.
Esos casos fueron documentadas por la Misión de Observación integrada por las organizaciones ProDESC y Codigo DH junto con otras organizaciones locales; sin embargo, esa consulta fue, para el gobierno mexicano, el modelo de las demás consultas a realizar en el marco de la reforma energética.
Como parte de sus diligencias en México acudieron a lo estados de México, Oaxaca, Sonora y Jalisco, donde escucharon a comunidades afectadas por las actividades empresariales.
En el caso de Oaxaca, la visita estuvo coordinada por las organizaciones integrantes del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (ProDESC) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH).
Los temas centrales que denunciaron las comunidades fueron: la falta de consulta para la instalación de proyectos eólicos, mineros, hidroeléctricos y de extracción de hidrocarburos y las violaciones a la consulta indígena realizada por el gobierno mexicano en Juchitán en 2014.
En el informe preliminar se asentó que “desde la perspectiva de las comunidades indígenas, todo el proceso de consulta fue considerado defectuoso, puesto que ya se habían instalado los molinos de viento en la región sin ninguna consulta previa”.
En el informe preliminar se menciona también que “representantes de las autoridades del Estado, expresaron su frustración de que la – cuestión indígena – hubiera retrasado el proyecto, argumentando que a nivel federal los jueces no conocen la importancia de estos proyectos de energía”.
Como organizaciones que formaron parte de la Misión de Observación consideran preocupante que con estas declaraciones se evidencié el pleno desconocimiento de los más altos estándares de derechos humanos ya que las declaraciones de las autoridades demeritan, minimizan y devalúan los derechos de las comunidades indígenas del país.
Como parte de sus recomendaciones Pavel Zulyandziga, Presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, declaró que “en un país como México, el diálogo debe incluir, en particular, a los pueblos indígenas” y que “las consultas deberían producirse desde las primeras fases de cualquier proyecto de desarrollo y deben ser previas, libres e informadas y cumplir con los estándares internacionales”.
A su vez, Dante Pesce, el otro integrante del Grupo, expresó que “no se trata de ser generosos, sino de respetar los derechos”.
En sus declaraciones durante la conferencia, los expertos reafirmaron que en México existe una crisis de derechos humanos en México y hablaron sobre la criminalización de las personas defensoras que se encuentran en procesos de defensa ante los proyectos empresariales asentando que “desafortunadamente hemos visto algunos hechos muy lamentables relacionados con los secuestros, las amenazas hacia los defensores y los asesinatos que, según nuestra opinión, devalúan totalmente todo el esfuerzo que se hace”.
Al cuestionarles sobre el tema de las recientemente aprobadas Zonas Económicas Especiales refirieron que: “el Estado que tiene la obligación de proteger los derechos humanos, por lo tanto si en esas Zonas Especiales se identifican la posibilidad de la vulneración de los derechos humanos se tienen que tomar medidas preventivas, medidas salvaguardas que eviten al máximo posible los impactos negativos”.
