Víctor Leonel Juan Martínez

La lectura es correcta y precisa: Oaxaca se encuentra al borde del colapso político, económico y social, como señaló el gobernador Alejandro Murat al asumir su mandato. La cuestión es cuál es la premisa para llegar a tal conclusión. Si deviene del caos presentado en los días previos a la asunción de la gubernatura y al quebranto económico de la administración estatal el análisis es cierto, pero es superficial.

El quebranto económico de Oaxaca se hizo más evidente al cierre del gobierno de Cué, pero los hechos de corrupción, desvío de recursos y falta de circulante tienen larga data en la entidad. La docena trágica entre 1998 y 2010 sentaron las bases de esa descomposición, que se hizo más evidente desde que empezaron a llegar los “presupuestos históricos” a la entidad en el sexenio 2010-2016. Más recursos, se tradujo en menos para las tareas sustanciales de gobierno sin una explicación lógica de qué pasaba con ellos.

Los bloqueos han sido la constante, lo mismo por el magisterio, organizaciones sociales, grupos gremiales (taxistas, camioneros, etc.), hasta por empresarios del transporte y una larga lista de actores políticos. Incluso los que se efectuaron en los últimos días de noviembre tuvieron como protagonistas a transportistas de la CTM, uno de los principales sectores del PRI. El caos coyuntural pues, fue artificiosamente fabricado; el caos real, tiene serias implicaciones y tiene que ver con el despojo de tierras, con la falta de consulta para la implementación de proyectos (eólicos, mineros, etcétera).

El diagnóstico entonces tiene que hacerse con mayor profundidad, para poder realizar las acciones necesarias para enderezar la nave. Y tiene larga data este colapso. Sus raíces se remontan a la década pasada. Hay distintos estudios serios y profundos para examinar la crisis sistémica de Oaxaca y encontraron que se convirtió en un paraíso del autoritarismo subnacional en el sexenio del gobernador José Murat; mismo que se profundizó con Ulises Ruiz, llegando a extremos de violación de los derechos humanos, corrupción e impunidad (al respecto basta un vistazo a la resolución de la SCJN de octubre de 2009).

Gabino Cué, no hizo sino restaurar un régimen en crisis, traicionando el mandato de la sociedad oaxaqueña de derruirlo y construir nuevas bases institucionales en clave democrática. Lejos de ello, cayó en los mismos yerros y excesos de sus antecesores; con la misma ineptitud para entender la compleja realidad oaxaqueña y rodeado de un séquito de salteadores. Los escasos avances se dieron en áreas que, pretendiendo legitimar su gobierno, puso en manos de personas provenientes de la sociedad civil. Las altas expectativas generadas mostraron que el carisma de un candidato —que es un decir, pues más bien Cué capitalizó el descontento con los gobiernos precedentes— no es en absoluto garantía de un buen gobierno.

Son estos 18 años de malos gobiernos que han puesto a Oaxaca al borde del colapso. Sólo que no parece ser el diagnóstico del que emane tal conclusión, pues en el flamante gabinete una buena parte de los ahora funcionarios participaron de esos gobiernos, son quienes condujeron a Oaxaca a la crisis de la que ahora critican acremente; son la causa de lo que acusan. Salvo algunas excepciones —Celestino Alonso en COPLADE, Gabriela Velásquez Rosas en Salud; Ana María Vasquez Colmenares en Cultura; Mariuma Munira en Atención Ciudadana, entre otros—. Además, una buena parte de los nombrados son inexpertos en la administración pública, tienen una larga carrera en la operación y el activismo político, pero no en tareas sustantivas de gobierno. Y varios de los que llegan con algún cargo previo, son señalados por actos de corrupción. Las caras jóvenes no son sino juniors de viejos políticos priistas, el pago de cuotas a los grupos políticos o de personajes que no conocen la entidad. No hay pues sino —parafraseando a Fernando Vallejo (La Virgen de los Sicarios)— las mismas y nuevas caras de un viejo desastre.

El nuevo gabinete está diseñado para operar la elección de 2018, no para gobernar y menos aún para atender las causas del colapso real que aqueja a Oaxaca. Sólo que la entidad está en una profunda crisis política, económica y social. Es tiempo aún de corregir el rumbo; un gobierno de

resultados rinde más frutos, incluso electorales, que uno conformado sólo pensando en los siguientes comicios.

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