Ana Cristina Ramos | Periodistas a Pie | Pie de Página

UNIÓN HIDALGO, OAXACA.- El último domingo de cada mes, los comuneros de este pueblo se reúnen bajo la sombra de un árbol para celebrar la asamblea de bienes comunales, la junta donde se decide el rumbo de la comunidad. Lo hacen así desde 2012, el año en que recuperaron parte de su legado indígena -la asamblea- y encontraron otra forma de luchar contra sus nuevos conquistadores: los parques eólicos.

Desde el quiosco de la plaza donde se reúnen los 50 comuneros pueden verse al norte y al poniente las tierras de cultivo del pueblo que ahora parece que sólo siembra aerogeneradores; la torre eólica más cercana está a 500 metros del poblado, las demás se extienden hasta el horizonte. Los inmensos molinos modernos dividieron la tierra y a los habitantes del pueblo.

Unión Hidalgo es un municipio ubicado a 15 minutos en coche de la ciudad de Juchitán, en el Istmo; es una zona donde viven descendientes del pueblo zapoteca.

Esta comunidad ha dado una batalla legal contra una empresa española por la instalación de un parque eólico; los comuneros esperaron tres años y medio por una sentencia que finalmente se dio en los primeros días de diciembre de 2016, con un resultado desconcertante: el magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Georg Ruben Silesky Mata, reconoció que las tierras en donde se asentó el parque eólico son agrarias, pero dejó vigentes los contratos civiles que firmaron de forma irregular algunos comuneros de Unión Hidalgo (esos contratos son ilegales porque no los firmó la asamblea). La decisión final está ahora en manos de un Tribunal Colegiado, ante el cual los abogados de los comuneros presentaron un amparo contra la sentencia.

Los engaños

La historia de la venta ilegal de las tierras comenzó en 1964, cuando el ex presidente Adolfo López Mateos decretó que todas las tierras de Juchitán y sus anexos –Unión Hidalgo, La Venta, Xadani, Chicapa de Castro y El Espinal– pertenecen al régimen de tierra comunal; así, poco más de 68 mil hectáreas fueron reconocidas como propiedad de las comunidades indígenas y, por lo tanto, serían administrados por una asamblea

Esa asamblea duró 14 años. La última sesión se realizó en 1978 y coincidió con las elecciones para escoger al nuevo presidente del Comisariado de bienes comunales. El ganador nunca ocupó su cargo, pues algunos miembros lo desconocieron y la asamblea se disolvió, aunque el régimen de la tierra siguió siendo comunal.

La disolución de la asamblea fue un manjar para los partidos políticos que durante la década de los 80 entregaron títulos de propiedad a los comuneros, a cambio de votos. Por lo menos, eso fue lo que les dijeron, ya que legalmente sólo podían entregarles certificados de propiedad agrarios, lo que les permitía trabajar y hacer uso de la tierra, pero no los hizo dueños de ella.

Sin embargo, ese “intercambio” de votos por certificados de propiedad resultó en la confusión que permea hasta hoy: con este papel los comuneros “adquirieron” hectáreas, y si ellos podían comprar la tierra, ¿por qué no iba a poder rentarle su terreno a una empresa?

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