Jaime GUERRERO

OAXACA, (página3.mx).- Oaxaca es el estado con el mayor número de municipios del país, en donde dos de cada tres son de Usos y Costumbres; en ellos existen miles de ciudadanas y ciudadanos a quienes se les ha amputado una garantía democrática y se les ha mutilado el derecho a ser elegidos o elegidas, aseguró la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Eufrosina Cruz Mendoza.

Por lo pronto, demandó no restringir el derecho a los indígenas a ser votados y ser miembros de un ayuntamiento.

La panista ya presentó  una Iniciativa con proyecto de decreto para modificar el inciso g) de la Fracción Primera del Artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a efecto de que los habitantes de las comunidades indígenas no sean restringidos en su derecho a ser votados y ser miembros de un ayuntamiento, a menos que hayan sido sentenciados por delitos que hubieran afectado a las instituciones, el desarrollo o los procedimientos democráticos del Estado, y que no se haya dado por cumplida su sentencia.

En medio de ese escenario adverso para los indígenas, afirmó que es tiempo de trabajar para salvaguardar la ley, la libertad, la justicia y de los derechos humanos: “el mayor delito de los indígenas es la pobreza y, paradójicamente, el ser propietarios de la mayor parte de la riqueza natural de México”, puntualizó.

Asimismo, expresó su preocupación debido a que actualmente existen casi diez mil indígenas presos por delitos del orden federal, como la siembra de estupefacientes o por infracciones del fuero común relativas a robos, muchos de ellos conocidos como delitos de hambre, según cifras recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, la mayoría de ellos fueron encarcelados sin contar con un debido proceso y sin conocer o comprender el motivo de su reclusión.

Cruz Mendoza dijo que es bien sabido que esas acusaciones se realizan en contra de auténticos líderes comunitarios que defienden su tierra, sus recursos, sus tradiciones, sus familias y su lengua, en contra de los intereses autoritarios de caciques y terratenientes, de autoridades locales o de poderosas empresas trasnacionales.

Quizá, en el fondo, esa es la razón para mantener un criterio absoluto por encima de un criterio relativo en los requisitos de elegibilidad para autoridades municipales: porque los grupos de poder y los caciques que históricamente se han adueñado impunemente de esos bienes no quieren que los defensores de la tierra y sus recursos se conviertan en autoridades municipales, finalizó.

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