Jaime GUERRERO

OAXACA, (página3.mx).- Sobre la administración y funcionarios del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, pesan 300 procesos administrativos y sancionatorios por presuntos malos manejos de recursos del orden de los 12 mil millones de pesos, confirmó el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro.

En entrevista, el servidor público detalló las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), son del orden de los 6 mil millones de pesos y otros 6 mil millones de pesos, por la Secretaría de la Función Pública (SFP), hasta el ejercicio fiscal 2015.

“Esas observaciones tienen como resultados procesos administrativos a funcionarios públicos que fueron responsables de ejercer esos recursos. Lo grave aquí es que en algunos casos se pueda sancionar a la persona o se puedan iniciar temas penales, en algunos casos se tendrían que hacer reintegros a la Federación, de acuerdo con la falta que haya sido y el Estado tendría que regresar recursos a la Federación”, adelantó.

Refirió que de acuerdo con las indagatorias de la ASF y la SFP, las dependencias que tienen registros de malos manejos de recursos son los Servicios de Salud de Oaxaca, en la gestión de Germán Tenorio Vasconcelos, del cual confirmó la inhabilitación por más de 100 años.

Lo mismo, la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), presuntamente desde el periodo de Netzahualcóyotl Salvatierra; así como la entonces, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, con José Zorrilla de San Martín Diego.

Díaz Navarro aclaró que esos más de 300 procedimientos de responsabilidades no significan que obedezcan a 300 ex funcionarios de Cué Monteagudo, debido a que un funcionario puede ser sancionado por uno o más procedimientos. “La persona responsable de estos (actos indebidos) puede tener varias faltas dentro de un mismo programa o ejercicio”, puntualizó.

Explicó que al ser un monto alto lo observado por la ASF y SFP, se estableció que en un lapso de un semestre se pueda depurar el rezago. “La administración anterior no atendió de manera oportuna y adecuada todos los pendientes. Hubo omisión quizás. No lo sé. Eso se revisará”, apuntó.

Díaz Navarro puntualizó que la razón por la cual aparece Oaxaca en nivel altos de observaciones financieras es el rezago de anomalías solventadas, que también son detectadas por la SFP, que es una cantidad similar de 6 mil millones de pesos observados.

Bajo esa perspectiva, anunció que los procesos administrativos de sanción ya se iniciaron y se llamarán comparecer a los exfuncionarios para que expliquen y presenten pruebas en qué fueron utilizados los recursos, como parte de un debido proceso, porque si no se presenta no tendrá descargo de pruebas y le afectará.

Aclaró que no se trata de una cacería de brujas, “más bien es un tema de apego a la ley, incluso se dará las oportunidades y plazos a los involucrados, los cuales en su mayoría son los entes administrativos de dependencias y sus jefes, para atender y mostrar las pruebas a su favor”, explicó.

No obstante, aseguró que no habrá impunidad por esos hechos y se castigará a los responsables. Por lo pronto, exhortó a los funcionarios que consideren estar involucrados en presuntos actos ilegales, a presentar las pruebas correspondientes para desahogarlas y tener una resolución apegada a derecho.

Aun cuando informó de los primeros 300 procesos sancionatorios contra ex funcionarios de Cué Monteagudo, aclaró que aún están pendientes las revisiones del ejercicios fiscal 2016, por tanto, el número de casos podría aumentar.

Explicó que Tenorio Vasconcelos, Salvatierra y Zorrilla de San Martín Diego no están exentos de irregularidades; sin embargo, los casos de presuntas irregularidades se han detectado principalmente en directores administrativos, quienes podrían tener sanciones resarcitorias y en los casos donde se compruebe las irregularidades cometidas derivarán en asuntos penales.

“Generalmente el que está con la soga en el cuello, es el administrativo, el jurídico y director. Por supuesto que no se mueven solos. Si la persona acepta que lo hizo, acepta toda la responsabilidad”, asentó.

“Los casos que ameritan rango de denuncia son en las obras no ejecutadas y pagadas, simulación de pagos, no haber reportado empresas que hayan incumplido o desaparecieron con anticipos e impliquen en daño al erario público”, sentenció.

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