Eduardo CONTRERAS / Corresponsal

TUXTEPEC, Oax., (página3.mx).- El pasado tres de marzo se cumplió un año desde que una omisión en la obra de la construcción de la nueva Catedral en honor a San Juan Bautista en Tuxtepec, “La Barca”, ocasionara la muerte de cuatro trabajadores, homicidios culposos que aún siguen impunes, en medio de claroscuros por parte de la Diócesis de Tuxtepec. (http://pagina3.mx/2016/03/la-barca-la-tragedia-y-derrumbe-de-un-elefante-blanco-edificado-con-donaciones-fantasmas/)

Y es que según Marisol Landeros, esposa de una de las personas fallecidas, expresó la situación por la que ha pasado su familia al no contar con el apoyo prometido por autoridades eclesiásticas, incluso reveló que, la iglesia la estafó hizo creer a la sociedad haber apoyado a los familiares con recursos concretos, cuando en realidad le entregaron una cantidad menor a la que tuvieron que haber recibido.

“El abogado (ya fallecido) de la Diócesis en aquel momento nos dio a firmar un documento por un monto de 600 mil pesos, no nos lo permitieron leer, pero sólo recibimos 200 mil”, reveló fuera de entrevista.

Y es que en su momento, el representante legal de la Diócesis, el extinto Jorge González Escamilla, presumió que se había pagado un monto millonario por concepto de indemnización a los trabajadores lesionados y a los familiares de las cuatro víctimas mortales.

Explicó que tal cantidad fue lo único que recibieron y que jamás volvieron a saber de ninguna institución, ni de la iglesia ni de las autoridades municipales.

Por su parte Graciela Zavaleta Sánchez presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, lamentó que los hechos sigan sin esclarecerse y los responsables siguen en la impunidad.

“Se habla de impunidad cuando a las víctimas no se les paga una reparación real de los daños, puesto que estuvieron involucrado tanto instituciones de seguridad social como los mismos jerarcas de la iglesia”, señaló.
Comentó que una obra de la magnitud con la que se estaba construyendo no podía pasar por alto todos los requerimientos necesarios que por ley le correspondían a los trabajadores fallecidos.
Denunció que, tales hechos trágicos describen la forma en que el poder político, económico y religioso, muestran el grado de impunidad con que se manejan las instituciones.
Y recordó que en su momento, como Comisión de derechos humanos estaba realizando las investigaciones correspondientes, sin embargo fueron frenadas estas averiguaciones por petición de los familiares de las víctimas “nosotros no pudimos seguir con la investigación de los hechos porque los familiares de las víctimas, ante el temor por las amenazas recibidas, tristemente prefirieron guardar silencio”, exhibió.

Mientras tanto, el asunto, de acuerdo con  Fernando Santiago Hernandez, Vicefiscal de Justicia en la región de la Cuenca del Papaloapan, al cumplirse un año del desafortunado hecho se han diligencias correspondientes,  se realizaron actos de investigación lo que ha permitido contar con varias declaraciones.

Precisó que también se cuenta con dictámenes periciales y documentos  que nos permiten ya establecer qué fue lo que sucedió y cómo pasó.

Abundó que se trata de una responsabilidad tanto civil y otra penal, donde en el primer caso ya se han hecho algunos pagos por el concepto de la reparación del daño a las víctimas.

“De lo que podemos comentar es que se tiene un dictamen pericial donde se establece una responsabilidad por parte de algún ente de los que intervienen en esta investigación, por una falta de cuidado lo cual derivó en ese hecho, sigue abierto el expediente aunque ya estamos por culminarlo”, explicó.

En tanto, la Diócesis de Tuxtepec a través de Obispo, José Alberto González Juárez, asegura que se ha cubierto responsablemente en el tema económico hacia los familiares de las víctimas y a los heridos, e insiste a como dé lugar reiniciarán y terminarán con esa magna obra que ha sido manchada de sangre debido a omisiones e irregularidades y construida con el dinero de los bolsillos del pueblo.