Jaime GUERRERO
OAXACA, (página3.mx).- En la antesala de las elecciones presidenciales de 2018, al Instituto Nacional Electoral (INE) le preocupa la magnitud de 30 comicios concurrentes que se celebrarán el próximo año, por la logística que tendrán que desplegar y que los movimientos sociales, no afecten el desarrollo de la elección, como ocurrió en el 2015 con el magisterio.
Además, para perfeccionar las reglas electorales ya no hay condiciones entre las y los actores políticos para realizar reformas de fondo, de cara a las elecciones presidenciales.
Al señalar lo anterior, el Consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez, reveló que los partidos políticos no tienen interés en modificar la Ley electoral.
Además, que para llevar a cabo esas reformas legales, el tiempo se ha agotado, toda vez que el artículo 105 de la Constitución establece que 90 días previos al proceso electoral, ya no se pueden realizar modificaciones a las normas fundamentales.
“Para hacer reformas ya no hay tiempo entre los actores políticos. Esos 90 días se agotan a finales de mayo, quedan dos meses y para poder procesar una reforma de ese tamaño, me da la impresión que no puedan realizarse en tiempo y forma”, externó, entrevistado al término de la conferencia magistral “Cultura cívica y democracia”.
El consejero electoral afirmó que no ve que los partidos pretendan modificar la relación INE-OPLES, la fiscalización centralizada de gastos de precampaña y campaña. Para hacer eso se ha vencido el plazo, dijo y citó como ejemplo que el artículo 105 constitucional establece 90 días previos al inicio de la elección, para poder hacer una reforma.
Indicó que los 90 días se agotan a finales de mayo, mientras que junio, julio y agosto, ya no pueden hacerse modificaciones. Aun cuando inicia marzo, explicó que para procesar una reforma político electoral de esa naturaleza, no se ven condiciones ni consensos para ello.
No hay condiciones, recalcó, ni para modificar el modelo de Radio-Televisión, ni la fiscalización centralizada, y mucho menos para modificar la regularización de candidaturas independientes, por tanto, el INE se irá por la vía de la capacidad reglamentaria del órgano electoral y los criterios de los tribunales electorales.
Preocupa magnitud de elecciones y movimientos
Y en la antesala de las elecciones presidenciales del 2018, admitió que al INE le preocupa la magnitud de la elección, dado que 30 entidades federativas tendrán elecciones concurrentes, en donde se elegirán más de 3 mil 600 cargos de elección popular.
“En algunos lugares del país las candidaturas saldrán de los 9 partidos nacionales, pero en otros habrá de partidos locales, nos preocupa el volumen y logística a desplegar”, anotó, Baños Martínez.
El funcionario federal externó que otro punto preocupante es la movilidad social en algunos estados, toda vez que podrían afectar el buen desarrollo de la elección a Presidente de la República, Senadores y Diputados federales.
Y es que dijo que han existido movimientos sociales que afectan el desarrollo de la elección, en la búsqueda de defender derechos laborales, como ocurrió con el magisterio de Oaxaca en las elecciones federales intermedias del 2015.
“Nos interesa que algunos movimientos de carácter social no afecten el buen desarrollo de la elección, en la búsqueda de defender derechos laborales, como ocurrió con el magisterio”, admitió.
El consejero del INE sostuvo que el movimiento magisterial es legítimo, pero lo que no es legal, ni deseable es que lo haga por cauces que no sean institucionales y que afecten el desahogo de la elección presidencial en el 2018.
Pese a ello, Baños Martínez dijo que el órgano electoral federal se encuentra preparado para enfrentar el proceso federal y entre otros, fenómenos, evitar la propagación de campañas negras como ha ocurrido en procesos anteriores.
“En un mensaje no se podrá decir que un candidato mató o robó, porque eso es imputación de delito y eso está prohibido, las críticas fuertes son válidas pero en el marco de la legalidad”, añadió.
Hemos regulado el pago de partidos o actores en redes sociales, no sobre la circulación de información en redes, al tiempo de advertir que en un futuro la mayor parte de precampañas y campañas se dará a través de las redes sociales, al no tener límites ni esquemas de restricciones.
Solo que un político que gaste en redes sociales será fiscalizado y si hay una flagrante violación se tendrá que sancionar.
Por lo pronto, consideró que la ciudadanía tendrá que valorar la información que le proporcionan porque ya no es una menor de edad, “es una ciudadanía que tiene mayores esquemas de valoración y paulatinamente el nivel de información le permite saber la calidad de las campañas y sus mensajes”.
