Jade Ramírez / Periodistas de a pie
@jadercv
Son la mejor manera para que las autoridades federales se deslinden de su mandato y responsabilidad.
La plaga de iniciativas creadas y votadas al vapor, se ha vuelto la corrosiva solución al tambaleante Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, próximo a cumplir cinco años, con la cosecha menos popular posible: acumula violaciones a los derechos humanos, revictimiza a beneficiarios, sigue omiso, recoloca en riesgo y no está claro el manejo de recursos públicos.
Es necesario un ejercicio de memoria. El Mecanismo federal, de terapia intensiva lo han sacado una y otra vez sin lograr se estabilice o erradiquen sus males nativos. El problema es de forma con mucho fondo. Cuando Felipe Calderón se apresuró a promulgar la Ley para Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que menos importaba era el tejido fino y la confección adecuada del traje a la medida que debe ser una instancia de estas características.
Para cuando se instaló el Mecanismo a finales de 2012, la lista de inquietudes por parte de las organizaciones de sociedad civil involucradas en el proceso, era tan larga, como la lista de nombres con urgencia de ir a tocar la puerta correcta para pedir protección.
Dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB había desatinos sobre lo que seguía, pues antes de promulgarse la ley, las ONG que llegaban a la dependencia a través de Serapaz A.C. o por su propia cuenta, pidiendo conciliar en medio de hostigamientos, encarcelamientos, agresiones y violaciones graves a pueblos, colectivos y varias resistencias. Salían de ahí con buena voluntad política y compromiso de diálogo. Nada más. Para cuando se creó el Frankenstein, no había personal, oficina, solo un incipiente proyecto ejecutivo.
La ventanilla para atender periodistas en SEGOB estaba cerrada y quizá merecíamos un oficio a la CNDH o sellar un pase a la Procuraduría General de la República de donde veníamos corriendo porque la denuncia, era una carpeta inexistente.
Vino la primera avalancha de urgencias de casos a analizar además de definir todo lo no resuelto entre operativo, político y financiero. Se fueron los panistas, permaneció Perseo Quiroz y con el regreso del PRI a Los Pinos, arribó Lía Limón García, ex panista con nueva camiseta de funcionaria tricolor.
A Quiroz lo despidió bajo amenaza de fincarle responsabilidades penales. Llegó como Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo Juan Carlos Gutiérrez, también un perfil de sociedad civil organizada, abogado. El personal rotaba como puesto de tianguis, tres servidores públicos al salir despedidos, interpusieron queja en la CNDH por maltrato laboral de la jefa Limón García. El personal de confianza siguió arribando tuvieran o no el perfil adecuado para gestionar protección y prevención con perspectiva de derechos humanos. Primer meollo del asunto.
A Lía Limón no le gustó la consejería de un experto externo –Enrique Eguren integrante de Protection International organización altamente calificada en materia de estrategias de protección y seguridad para los defensores de ddhh- acercado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues resultaba el mejor orientador para concretar lo que sociedad civil y víctimas en busca de protección pedían. Pero no, había que meter mano dura de los uniformados, y se le sacó del proceso; ahí se tensó la relación entre la OACNUDH y el Mecanismo.
Esos expertos según Lía Limón, era la Policía Federal, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. una multicontratista de gobiernos en los estados, quien hoy por hoy, conoce por geolocalización de pe a pa todas las historias y casos activos en el Mecanismo.
Se comenzó a colocar en reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que debían atender el tema pues incrementaban los casos de agresiones y el Mecanismo de Protección no tenía capacidad para atenderlos, pero sobre todo, el dinero no iba a alcanzar, les dijo.
Las varias imprecisiones en el discurso Limón García -hoy diputada federal por el PVEM- tenían una apuesta clara: regresar la responsabilidad a los gobiernos locales pero no exigiendo acatar las disposiciones que les emitía la Junta de Gobierno, no. A la luz de los años vemos que la tirada era que los gobernadores promulgaran leyes copy-paste, de lo que de por sí, ni es general ni es federal. Copiar la tarea pero mal.
Hoy estamos documentando los primeros nacimientos putrefactos: Querétaro, Jalisco, Guanajuato –en pausa por la vital batalla que dieron periodistas y defensores para detener su votación- Colima, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, que se suman a los erráticas iniciativas de protección en Veracruz, Guerrero, Morelos, Oaxaca; no solo por ineficaces, sino porque terminan siendo instrumentos de cooptación y regulación del periodismo; por ejemplo, dar becas o dádivas en nombre de la protección confunden una problemática que no le corresponde al gobierno resolver, sino a los directivos de los medios: condiciones laborales.
Con la creación de Unidades de Protección o mecanismos estatales, se repite la historia de carencia de perfiles adecuados para ocupar los puestos inexistentes dentro de una secretaría tipo Gobernación, pues, un Mecanismo es una instancia al mismo tiempo operativa y política que debe ejercer recursos financieros; un funcionario asignado para la tarea, debe combinar en cada caso de protección una estrategia quirúrgica bajo estándares internacionales como principio pro persona o de protección más amplia, principio de buena fe, debido proceso, entre otros, con dos aditivos: perspectiva de derechos humanos y reacción inmediata. Tremenda asignación.
Ese mal inacabado que algunos denominan voluntad política, en realidad se trata de que las autoridades civiles o uniformadas, no tienen la capacidad técnica y cognitiva para hacerlo.
Lía Limón tapó baches operativos y políticos -su sucesor Roberto Campa lo retomó- con un addendum de entendimiento con la cooperación internacional de Estados Unidos, USAID, a través de Freedom House; se impartió un intento de capacitación al personal en turno, se elaboró un diagnóstico y se crearon formatos de cómo hacer lo que Gobernación ya debía saber hacer en 2014. Ese personal se fue y la práctica continúo siendo mala.
Lo que sí quedó delineado en el Mecanismo federal de Protección, es que los beneficiarios no tienen estatus de víctimas. Quizá el defensor o periodista fue golpeado, incendiada su casa, robado su equipo de trabajo, señalada públicamente, agredida sexualmente, exhibido dentro de una patrulla, arrestada indebidamente por abuso de autoridad, amenazada, perseguido o en desplazamiento forzado, pero para los consultores exportados desde Colombia, no se trataba de una víctima. La Junta de Gobierno en su mayoría votó por ese discurso, para ello Freedom House fue estratégica. Esa visión ¿Cambiará en los estados?
Y no se trata solo de términos, sino que concretaron el problema inicial sobre la temporalidad de las medidas de protección que después de 9 meses comienzan a costar mucho, cansan a las autoridades garantizarlas y luego no saben cómo quitarlas al defensor o periodista que obviamente no puede continuar su vida de la manera más normal, pues, tendrá “blindaje” pero no justicia y, ahí, ni cómo asegurar los otros dos estándares internacionales incumplidos por el Estado mexicano: reparación de daño y garantía de no repetición.
Entonces, después de cinco años de tropiezos y algunas mejoras, después de la opacidad de la CNDH en la Junta de Gobierno, de la reiterada queja de la Comisión Nacional de Seguridad por destinar personal para cuidar activistas y periodistas, de la nula participación de los diputados y para emprender mejoras vinculantes en la Ley para la Protección, ¿De dónde los mecanismos en los estados o Unidades de Protección van a funcionar?
Tres deben ser las apuestas: Abrogar las leyes ya aprobadas para que las mejoras en el Mecanismo federal se concreten bajo una perspectiva de derechos humanos; un reconocimiento y aceptación de los diagnósticos que revelan son las autoridades, gobiernos locales, policías, servidores públicos, militantes de partidos políticos, los principales agresores de defensores y periodistas; y que la PGR acate su mandato de investigar para procurar el acceso a la justicia, o traslade a una instancia interdisciplinaria e independiente su tarea.
Tras el cambio de fiscal especial en la PGR, ¿Cuántas carpetas de investigación se reactivaron? ¿Han re-contactado a las víctimas que desde 2005 interpusieron denuncias? ¿Se cambió la política de notificaciones con policías ministeriales en las redacciones? ¿Se movió algo en la estructura de ministerios públicos? ¿Se ha llamado a denunciantes para ampliar información o actualizar casos?
Cuando se definió que la tendencia debía ser desaparecer el Mecanismo de protección a nivel federal, no se pretendía heredar a los gobiernos estatales la misión, sino garantizar los climas de respeto a la labor de defensoría de derechos humanos y libertad de expresión para que se vuelva innecesario proteger agentes sociales de vital importancia.
Sin claridad en lo anterior, en los estados los mecanismos de protección harán cualquier cosa pues el victimario se volverá “protector”; los vivaces se sentarán en la silla de Consejeros Ciudadanos para estar más cerca de las oportunidades que brinda el poder, y la apuesta será perpetuar el contexto impune como descompuesto, que posibilita cada 22 horas agredir un periodista, asesinar defensores de la tierra, acosar movimientos sociales, desaparecer reporteros, encarcelar litigantes, espiar y criminalizar la defensa de derechos…como cinta de Moebius.
