Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por lo menos 312 conflictos indígenas persisten en el país ocasionados por megaproyectos, principalmente los mineros, seguido de problemas agrarios y servicios gubernamentales, en los cuales Oaxaca ocupa el segundo lugar, reveló un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.

Este órgano político dependiente de la Secretaría de Gobernación  (Segob) detalló que los estados donde se concentra la mayor conflictividad social son Chiapas con 60 conflictos, Oaxaca con 46; Puebla con 32; Guerrero con 29; y Michoacán, Chihuahua y estado de México con 14 cada uno.

Un documento del comisionado Jaime Martínez Veloz reconoce que los principales conflictos derivan de las resistencias a proyectos mineros donde se han identificado 48 casos, seguido de los problemas agrarios con 47.

Además, Programas y Servicios gubernamentales con 28; derechos indígenas con 27; política social 27, proyectos de infraestructura con 26 y proyectos hidráulicos con 24.

En el caso de Oaxaca existen 46 conflictos producto de resistencias de pueblos indígenas principalmente mixtecos, zapotecos, mazatecos, chatinos, zoques y mixes.

OPOSICIÓN A MINERAS

Indígenas mixtecos del municipio de San Jerónimo Silacayoapilla rechazaron el proyecto de una compañía canadiense para explotar una mina en terrenos comunales, al señalar que no fueron consultados y que se generarían daños medioambientales en su territorio.

Además, han denunciado que han recibido amenazas y hostigamiento por parte de la empresa minera Arco Resoursces Corporation por lo que exigen se respeten sus derechos como pueblos originarios y su autonomía.

De igual forma, indígenas zapotecos del municipio de Magdalena Teitipac, de la región

de los Valles Centrales, se oponen a la minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por contaminar los mantos freáticos durante sus trabajos de exploración.

Mientras que en el municipio de Ixtepec, zapotecos han manifestado que impedirán la explotación minera en esa zona, por el otorgamiento de concesiones mineras, entre el que se encuentra el denominado “Prospecto Minero Ixtepec”.

Han llevado a cabo manifestaciones en defensa de la tierra, ya que consideran que estos proyectos ocasionarían daños ecológicos.

También las comunidades zapotecas de San José del Progreso solicitaron que la Secretaría de Economía cancele las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis, y Progreso III, autorizadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa Fortuna Silver Mines, que fueron otorgadas sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado.

El municipio de San José del Progreso, ubicado en la región de los Valles Centrales, cuenta con 12 localidades: San José del Progreso, Lachilana, San José la Garzona, Maguey Largo, El Porvenir, Rancho Los Vásquez, el Cuajilote, El Jagüey, Los Díaz, La Alianza y Los Patiño.

Fue a partir de 2006 cuando la compañía minera Cuzcatlán suscribió diversos convenios de usufructo con ejidatarios de San José del Progreso para utilizar 30 parcelas; dichos convenios establecen como contraprestación el pago de 200 mil pesos en promedio por un periodo de 30 años.

En ese mismo año, representantes de la empresa minera obtuvieron de las autoridades municipales los permisos correspondientes para realizar actividades de exploración en todo el territorio municipal.

Este asunto ha generado la oposición de la población que se ha manifestado, provocando enfrentamientos, personas heridas, detenidas y el asesinato de activistas.

En la Sierra Sur, zapotecos, chatinos y mixtecos se organizaron en la defensa de sus recursos naturales para no permitir el reingreso de Altos Hornos de México (AHMSA) a Santa María Zaniza o a cualquier otro municipio de esa región que tiene los mayores índices de marginación, y en donde se ubica un gran yacimiento de mineral de fierro.

A pesar de la pobreza de este pueblo indígena de la Sierra Sur, los pobladores no apuestan por la minería como una posibilidad de desarrollo.

Autoridades ejidales y comunales que representan a nueve núcleos agrarios de los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán también declararon sus territorios prohibidos para la minería. Además, sostuvieron que los gobiernos estatales y el federal han concesionado 90 por ciento del territorio de algunas comunidades sin consultar a los pobladores.

Acusaron a las empresas de llevarse 99 por ciento de las ganancias, y el uno por ciento restante se divide entre los gobiernos.

LA LUCHA EN EL ISTMO

Los pueblos zoques de San Miguel Chimalapa e integrantes de organizaciones sociales como el colectivo Matza y la autoridad municipal rechazaron al proyecto minero que se pretende instalar en este lugar.

Exigieron hacer valer su autonomía como pueblos indígenas y también el convenio 169 de la OIT que indica que debe existir una consulta para la instalación de cualquier proyecto transnacional. Se enteraron que la Secretaría de Economía había otorgado cinco concesiones en la zona de La Cristalina, San Antonio Sol y Luna en Chimalapas.

La asamblea exigió la presencia del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, quien ha hecho caso omiso a los llamados de la defensa de Chimalapa ante proyectos mineros, por lo que clausuraron de manera simbólica la mina concesionada por el gobierno federal a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., en terrenos de Bienes Comunales de La Cristalina.

El presidente de Bienes Comunales de San Miguel explicó a los participantes en la verificación, que la concesión de la mina de oro, cobre y plata fue otorgada por la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) de la Secretaría de Economía por 50 años a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, del 2008 a 2058.

Igualmente, pobladores y activistas zapotecos del municipio Santiago Laollaga, en la región del Istmo de Tehuantepec, conformaron el Comité Prodefensa de los Recursos Naturales en rechazo a la construcción de una mina y una central hidroeléctrica.

Aseguraron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende instalar una hidroeléctrica en la presa Cerro Tablón de Primavera, construida hace 25 años.

Explicaron que la presa se edificó en un río que nace en la sierra mixe zapoteca, donde se localiza el lote Pablito, que consta de 12 mil 426.67 hectáreas, en el cual la empresa Plata Real obtuvo una concesión en 2008 para explotación minera.

Señalaron que una empresa extranjera colocó una mojonera para delimitar el área en la que pretende explotar yacimientos de oro y plata, pero advirtieron que defenderán sus sitios sagrados como “La Cueva del Diablo”, sitio valorado por los zapotecas por los jeroglíficos que contiene, y que se localiza a 300 metros de la mojonera.

EMPRESAS EÓLICAS

Respecto a los conflictos en rechazo a los seis proyectos eólicos, se localizan en las comunidades zapotecas y huaves como en San Dionisio del Mar (huaves) y de la comunidad Álvaro Obregón (zapotecos), en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se organizaron en defensa de su tierra, territorio y costumbres, ante la amenaza representada por la imposición del megaproyecto eólico de Mareña Renovables, el cual no les fue consultado.

Esta oposición generó enfrentamientos y agresiones contra los pobladores y las organizaciones que los apoyaban, por lo que interpusieron recursos legales, ganando un amparo para suspender la obra.

Finalmente la empresa tomó la decisión de cancelar el proyecto en San Dionisio del Mar y trasladarlo a otro lugar.

Además, zapotecas del municipio de Unión Hidalgo demandan la remoción de aerogeneradores que se han instalado en el casco urbano por la empresa Demex y su asociada consumidora Bimbo.

En Asamblea General, convocada por el Presidente Municipal, el representante de los Bienes Comunales y el presidente del Comité Pro-obras, se manifestaron contra las repercusiones que han tenido para la población los parques eólicos Piedra Larga I y II de la empresa DEMEX, filial de la transnacional española Renovalia Energy.

A su vez, la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denuncian que el gobierno pretende crear 6 nuevos parques eólicos en la región con inversión de compañías españolas y francesas que venderían la energía a la CFE. Señalan que estas concesiones generarían el despojo de tierras indígenas, así como impactos al medio ambiente, según activistas de la región y académicos.

Derivado de la oposición de pobladores indígenas a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, el gobierno municipal de Juchitán solicitó que para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur, en 5 mil hectáreas en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, era necesario realizar una consulta indígena.

Por lo que solicitó la intervención de los gobierno federal y estatal para llevar a cabo este proceso.

Se instaló una comisión para elaborar el protocolo de consulta indígena, mismo que fue consensuado y aprobado con los representantes de las comunidades indígenas de la zona, con lo que dio inició el proceso de consulta previa, libre e informada, fundamentado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Secretaría de Energía fungió como autoridad responsable; la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Semarnat, Sedatu, la CDI, entre otras y las similares a nivel estatal, así como el Ayuntamiento de Juchitán.

Se llevaron a cabo las etapas del proceso, concluyendo con la aprobación del proyecto el 31 de Julio de 2015 y el 2 de septiembre firman las autoridades federales, estatales y municipales, así como la empresa eólica el convenio para los beneficios que se otorgarán a las comunidades.

A su vez, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), rechazan la construcción del parque eólico Bii Hioxhoo, de la empresa Gas Natural Fenosa, por lo que han bloqueado las obras, lo que les ha generado amenazas y violencia por parte de la empresa. Mencionaron que la obra no les fue consultada y que afecta su actividad pesquera.

De igual forma, comuneros del municipio de San Blas Atempa y el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas advirtieron que no permitirán la invasión de sus tierras y han realizado diversas acciones para impedir la construcción de una central de almacenamiento de energía (subestación eléctrica) para el parque eólico que Sedena construyó en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 2 del municipio de Ixtepec y que no fue consultada a los pobladores. Han llevado a cabo bloqueos carreteros y han cerrado simbólicamente las obras.

Mientras que pescadores zapotecas de Juchitán conformados en tres cooperativas Laguna Santa Cruz, Guse’ Stinu y Chinchorreros de la séptima sección denunciaron que la empresa “Eólica Zapoteca” utilizó firmas falsas para anunciar la validez de un proyecto eólico que pretende ubicarse en 604 mil hectáreas de zona lagunar.

Los representantes de las tres cooperativas negaron que hayan solicitado recursos económicos al representante de la empresa para poder avalar un proyecto eólico que se pretende ubicar en tres lagunas “Laguna Xhadahui”, “Laguna Guela Xhiña” y “Santa Cruz”, las cuales les ha dado de comer porque colectan una variedad de peces y también camarones para su sustento familiar.

Solicitaron se les explique en qué consiste su proyecto y hasta donde abarcará, a fin de que puedan decidir si permiten o no la instalación de las turbinas.

Los pescadores manifestaron que una vez de haber escuchado en qué consiste el proyecto eólico realizarán una asamblea para definir su postura de avalar o rechazar, porque dijeron que el gobierno no tiene intención hasta el momento de realizar una consulta indígena como lo marca el convenio 169 de la OIT.

Las y los zapotecos de Unión Hidalgo manifestaron en marzo de 2017 su rechazo para que las empresas Eléctrica del Valle de México (propiedad de la paraestatal francesa EDF), GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión (oaxaqueña) instalen tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía en su territorio, y sin que antes hayan sido consultados.

Para prevenir violaciones a sus derechos humanos, casi 800 firmantes entre comuneros y habitantes presentaron un amparo en los Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales les otorguen concesiones a esas firmas sin su consentimiento.

CONFLICTOS AGRARIOS

Respecto a los conflictos agrarios, en la Mixteca, pobladores de Zapotitlán Lagunas, acusaron a campesinos de Xixingo de Los Reyes, en el municipio de Tulcingo de Valle, Puebla, de haberlos despojado violentamente de 4 mil hectáreas de tierras ubicadas entre ambos estados.

El conflicto es añejo y mantiene una pugna entre la gente de las dos comunidades, que ha generado amenazas e inseguridad.

Autoridades comunales de Zapotitlán Lagunas señalan que tienen el sustento legal que los reconoce como legítimos poseedores de esa extensión territorial, Xixingo de los Reyes argumenta que las casi 4 mil hectáreas les pertenecen por una sentencia ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en la ciudad de Puebla.

Mientras que el conflicto por límites entre Santo Domingo Yosoyama y San Juan Mixtepec, pueblos mixtecos exigen la delimitación de sus territorios que implican mil 740 hectáreas. Este problema ha generado enfrentamientos, homicidios, lesiones y daños a propiedad ajena. En diciembre de 2013 fueron 11 ejecutados y apenas el tres de junio de 2017 fueron emboscadas e incineradas cinco mujeres.

En la sierra sur, comuneros de los poblados San Pedro El Alto, agencia municipal de Zimatlán de Álvarez, y Santiago Textitlán, municipio Villa Sola de Vega, se disputan la posesión de 2 mil 239 hectáreas de bosques.

Los pobladores de San Pedro El Alto argumentan que mediante una resolución presidencial de 1954, se les dotó de esas tierras; sin embargo, las autoridades de Santiago Textitlán señalan que tienen un título de posesión de 1719, y que por lo tanto no están invadiendo las tierras, sino intentándolas recuperar, ya que la resolución carece de actas de conformidad de esa localidad y de comunidades circunvecinas con quienes no se firmó ningún convenio, por lo que han iniciado una lucha jurídica por la defensa de sus tierras.

Este conflicto ha generado enfrentamientos, amenazas, corte de servicios públicos y de accesos viales, retenciones de funcionarios, heridos y muertos.

Y habitantes de los municipios de San Miguel del Puerto y Santa María Huatulco mantienen un conflicto de límites, de alrededor de 22 mil hectáreas.

Los de San Miguel del Puerto señalan que estas tierras les pertenecen, de las cuales 9 mil expropió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para el desarrollo turístico de Bahías de Huatulco sin tomarles parecer a los habitantes.

Dijo que cuentan con escrituras históricas que datan de 1894 en las que se acredita la titularidad de esos terrenos, pero que al ser un pueblo eminentemente indígena y cuyas autoridades no contaban con los conocimientos ni estudios básicos, en 1984 sus homólogos de Santa María Huatulco obtuvieron una resolución presidencial a su favor.

En el Istmo, existe un conflicto agrario entre indígenas de las comunidades Santa María del Mar, municipio de Juchitán, y San Mateo del Mar, por la posesión de mil 361 hectáreas de cultivo. Exigen a las autoridades agrarias dar certidumbre en la tenencia de la tierra.

Derivado de este asunto, San Mateo del Mar bloqueó el único camino terrestre que comunica a Santa María del Mar, además de que le cortó el suministro de energía eléctrica.

Indígenas de Santa María del Mar señalan que en agosto de 1984 el Presidente de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el reconocimiento y titulación de 3 mil 773 hectáreas como bienes comunales de esa localidad.

El 20 de marzo de 2015, el Tribunal Unitario Agrario falló a favor de Santa María del Mar, para que le sean restituidas las hectáreas que tiene en posesión San Mateo del Mar.

También indígenas de San Francisco del Mar (huave) y San Francisco Ixhuatán (zapoteca) se disputan la posesión del predio denominado “Cerro Tortuga”, desde hace más de 40 años.

Este problema resurgió a finales de 2014, cuando la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) aprobó un proyecto ecoturístico para desarrollarse en dicho predio, pero ante el conflicto agrario que existe en esa zona, se cambió su ubicación.

No obstante, el asunto está en tribunales agrarios y continúa la tensión entre las dos localidades, denunciándose presencia de personas armadas.

Y los municipios de Sola de Vega y San Vicente Coatlán, mantienen un conflicto desde hace 45 años por límites de tierra, que ha generado enfrentamientos y personas muertas.

Las autoridades agrarias han llevado a cabo diversas mesas de conciliación, sin que se resuelva aún la situación.

Las comunidades de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla, y de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, mantienen un conflicto añejo de tierras (aproximadamente mil hectáreas) que ha generado amenazas, hostigamiento, retención de personas, enfrentamientos, heridos y muertos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a los habitantes de Zimatlán. En enero de 2016 se había llegado a acuerdos con el Gobierno estatal para resolver el problema; sin embargo, no se han podido cumplir.

El 3 de octubre de 2016, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) abrió una mesa de conciliación para resolver la pugna entre ambas comunidades mixtecas.

Uno de los compromisos pactados fue verificar los límites de dotación de ejido y las posesiones; sin embargo, cuando se pretendía realizar esta acción un grupo armado de San Sebastián Nopalera la impidió.

A principios de febrero de 2017, ambas comunidades se volvieron acusar de hechos violentos.

En los Mixes, indígenas de San Pedro y San Pablo Ayutla denunciaron la invasión de más de 150 hectáreas de terrenos comunales, donde se ubica el manantial que los abastece de agua.

Señalan que la concesión para extraer el agua les fue otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Denunciaron la destrucción de viviendas, agresiones y retención de personas por parte de sus vecinos de Tamazulapam del Espíritu Santo, quienes reclaman ese terreno.

El 18 de mayo de 2017 habitantes de Tamazulapam iniciaron el despojo, ingresaron con maquinaria pesada y destruyeron 13 viviendas afectando a 20 familias, así como pusieron bajo resguardo el manantial de agua. Hay 3 familias que no pudieron salir durante la invasión y se encuentran retenidas.

Derivado de este conflicto, cuya disputa principal es el agua, los pobladores de Ayutla han realizado bloqueos carreteros y se han dado enfrentamientos que han provocado varios heridos y una persona muerta.

En la Mixteca los municipios de San Mateo Sindihui y San Francisco Cahuacuá mantienen una disputa de límites de tierra por 4 mil hectáreas.

Ambos pueblos dicen contar con los planos y una resolución presidencial de los terrenos La Calavera, Tierra Blanca, Rancho Viejo y El Cucharal.

Este conflicto agrario ha dejado enfrentamientos y recientemente, en julio de 2017 dos personas fallecidas.

CONFLICTOS POLÍTICOS

En asuntos políticos, mujeres indígenas del municipio de San Bartolo Coyotepec denunciaron que no se les permite contender por puestos de elección popular, debido a usos y costumbres, lo que ha generado que se movilicen exigiendo su participación.

En las elecciones del 20 de octubre de 2013 se impidió a mujeres competir por un cargo, por lo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), ordenó reponer la elección de autoridades municipales, las cuales se llevaron a cabo el 24 de noviembre, pero nuevamente se limitó la participación de las mujeres.

En junio de 2014, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de concejales del ayuntamiento y ordenó al IEEPCO la celebración de comicios extraordinarios, donde se permitía que las mujeres pudieran aspirar a todos los cargos de elección popular.

PROBLEMAS CON EL AGUA

A su vez, comunidades afectadas por el proyecto del Libramiento Sur, conocido como Corredor Turístico de los Valles Centrales, que atravesaría las comunidades de Etla y Zaachila, entre otras, se oponen a éste por los daños que generaría a los mantos acuíferos que abastecen a las comunidades, la destrucción de 322 hectáreas de terreno de siembra y de la flora y fauna de la región, por lo que solicitaron que se modifique el trazo de la obra.

Y pobladores indígenas de Ocotlán y Zimatlán, de los Valles Centrales, demandan que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realice una consulta indígena, como lo ordenó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación a que se revise y modifique el decreto emitido el 25 de septiembre de 1967, que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Oaxaca.

Se llevaron a cabo reuniones para elaborar el proyecto de Protocolo de Consulta Indígena, que fue aprobado y consensuado con las comunidades indígenas, dando inicio el proceso de consulta, que se encuentra en la fase informativa.

DESPLAZADOS TRIQUIS

En tanto que alrededor de 250 triquis demandan el retorno a San Juan Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca, luego de que en 2010 fueron desplazados ante los hechos de violencia y amenazas que se suscitaron en la comunidad después de que se intentara crear un municipio autónomo, basándose en sus usos y costumbres, que generó un divisionismo y formación de grupos antagónicos a la propuesta.

Asimismo, exigen se cumplan las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El grupo de desplazados triquis han realizado diversas manifestaciones y protestas para exigir al Gobierno de Oaxaca un retorno seguro a su comunidad, o que sean reubicados.

OTROS CONFLICTOS EN PUEBLOS INDÍGENAS

El 7 de julio de 2016 habitantes de la comunidad de Independencia, San Juan Mixtepec, cortaron la energía eléctrica a pobladores de la comunidad Pie de Cerro, del mismo municipio.

Estos, en compañía de personal de la CFE y de agentes estatales, intentaron restablecer el servicio el día 2 de agosto siguiente; sin embargo, los primeros no lo permitieron amenazándolos con palos, machetes y armas de fuego y reteniendo a varias personas.

Cabe señalar que la mayoría de las personas que habitan Pie de Cerro son mujeres, niños y personas adultas, debido a que los hombres han migrado en busca de trabajo.

Los habitantes de Pie de Cerro piden la intervención de las autoridades estatales y municipales señalando ser víctimas de discriminación, debido a que la mayoría de los representantes de la población son mujeres.

Por asuntos religiosos, familias indígenas evangélicas de San Juan Ozolotepec denuncian intolerancia religiosa y hostigamiento por parte de católicos tradicionalistas, por no cooperar con las festividades religiosas.

Además, les han cortado el suministro de agua potable y el derecho a recibir programas sociales.

En noviembre de 2013, el presidente municipal ordenó la demolición de su templo, lo cual generó un enfrentamiento resultando heridos y cuatro personas encarceladas, quienes luego de la intervención de las autoridades estatales fueron puestas en libertad.

Derivado de esta situación, cuatro indígenas tuvieron que salir de la comunidad.

Respecto al tema de seguridad y justicia, indígenas triquis denuncian inseguridad y hostigamiento de grupos armados, por lo que solicitan la protección del gobierno para frenar las agresiones, desapariciones, amenazas y encarcelamientos que se han registrado en sus comunidades por años.

A su vez, un grupo de 200 indígenas mixes de San Juan Cotzocón, que se vieron obligados a salir de su comunidad en junio de 2014 a causa de amenazas y agresiones, demandan a las autoridades mayores garantías de seguridad y la aplicación de la ley contra quienes promueven la violencia, para que puedan retornar a la comunidad.

Los indígenas desplazados permanecieron en un albergue del templo Felícitas y Perpetua, de Santa Lucía del Camino, cerca de la capital.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca para proteger la integridad física y se otorgara seguridad a habitantes de esa comunidad.

Indígenas chontales, huaves, zoques, mixes y zapotecas señalan que ante la falta de seguridad y la presencia del crimen organizado en la región, han formado policías comunitarias para defenderse de la inseguridad, violencia y proteger su territorio de los proyectos trasnacionales.

La comunidad Álvaro Obregón, agencia municipal de Juchitán, conformó un grupo denominado Biini Guipa Guidxi (Policía comunitaria), y sus armas son machetes, piedras, resorteras y palos.

A principios de 2014, 13 comunidades mixes y mixtecas de los municipios de San Juan Mazatlán, San Juan Cotzocón y San Juan Guichicovi conformaron el mismo número de policías comunitarias y puestos de revisión en la región del Bajo Mixe (límites entre el Istmo y Cuenca), al argumentar la falta de atención a sus denuncias por la inseguridad que se ha incrementado en la zona.

En la agencia municipal Palomares, de Matías Romero, también se conformó en septiembre de 2014, un grupo de autodefensa, encabezado por su líder “Comandante del Sur”, luego de que sufriera un ataque el sacerdote de la comunidad y por la actitud de la policía estatal.

Estos grupos operan sin el aval de las autoridades, por lo que piden sean reconocidos ya que fueron conformados en asambleas comunitarias, regidas bajo el sistema de usos y costumbres.

En cuanto a los proyectos hídricos existen conflictos en seis municipios de la región Costa donde se oponen desde 1996 al proyecto de la CFE denominado Aprovechamiento hidráulico de Usos Múltiples “Paso de la Reyna”, que construirá una presa en el poblado Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec, en las inmediaciones del Río Verde, por las afectaciones medioambientales que podrían generarse, las posibles inundaciones que afectarían sus cultivos y, además de que consideran que inversionistas extranjeros se apoderarían de sus recursos naturales.

El Consejo de Pueblos Unidos Por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) considera que la población afectada directamente con este proyecto sería de 17 mil personas e indirectamente de 97 mil, poniendo en peligro los usos y costumbres de las distintas regiones y la biodiversidad.

En la región Chinanteca, habitantes del municipio de San Felipe Usila Oaxaca no están de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico de la empresa Enersis, porque afectaría los recursos naturales de la región.

A mediados de 2014 acudieron ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para manifestar su inconformidad por esta obra, ante lo cual la dependencia negó otorgar la autorización de impacto ambiental a la empresa.

Sin embargo, ésta ingresó el proyecto a evaluación ambiental en diciembre de ese año. Y ante la posibilidad de que se reactive el proyecto, acudieron nuevamente a la SEMARNAT para reitera su rechazo.

Asimismo, a través del senador Adolfo Romero Lainas, solicitaron al Senado su apoyo para que no se lleve a cabo.

Respecto a conflictos por programas y servicios gubernamentales, indígenas de los Valles Centrales demandan apoyos gubernamentales para solventar la problemática de la escasez de agua que ha generado de manera directa la disminución de la producción agrícola y de manera indirecta la migración de campesinos en busca de otras fuentes de ingreso.

Por otra parte señalaron que la Comisión Federal de Electricidad reportó un alto consumo de energía eléctrica, por lo que se pensó que los campesinos estaban gastando más agua.

El Frente Indígena Zapoteco (FIZ) demanda el cumplimiento de las diferentes necesidades de infraestructura en las comunidades indígenas, debido a que no existe la ejecución de obras de ampliación y construcción de redes de energía eléctrica en 8 comunidades indígenas ni apoyos a los cultivos del campo, por lo que han realizado movilizaciones y protestas para que sean atendidas sus peticiones.

Mientras que indígenas de los municipios de San Juan Guichicovi, Barrio La Soledad y Santiago Ixtaltepec, acordaron no permitir el ingreso de personal contratado por Pemex en sus terrenos para la construcción de un gasoducto que atravesará 315 kilómetros por el Istmo de Tehuantepec, y que va de Jaltipan, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, al considerar que podrían generarse daños medioambientales y de riesgo para la población.

Asimismo, han denunciado que los trabajos que realiza Petróleos Mexicanos (Pemex) ha ocasionado graves daños ambientales, sin que la paraestatal realice labores de prevención, remediación ni indemnización.

A su vez, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la Secretaría de Energía y la empresa PMI Cinturón Transoceánico, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), por la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado para la construcción de dos gasoductos en el norte del istmo de Tehuantepec (Cinturón Transoceánico Gas Natural y PMI Cinturón Transoceánico Gas LP).

La UCIZONI explicó que los gasoductos que atravesarán la región llevarán gas natural al mercado asiático; sin embargo, no ha habido consulta como estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual garantiza los derechos de los pueblos indígenas.

La asamblea de la agencia municipal de Álvaro Obregón, comunidad zapoteca del municipio de Juchitán, denunció amenazas y violencia por parte de integrantes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), quienes junto con el Presidente Municipal pretenden imponerles al agente municipal, por lo que exigen el pleno disfrute de sus derechos en el proceso de reconstrucción comunitaria y la defensa legítima de su derecho al territorio.

Presentaron una demanda de amparo en febrero de 2014 ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca porque no se está respetando la decisión que tomaron como asamblea comunitaria en diciembre de 2013, donde eligieron a su cabildo, al cambiar el sistema de partidos por el de usos y costumbres.

En esa época, el Presidente Municipal señaló que es solo era un grupo el que provocaba la tensión en la localidad, que es gente armada, por lo que solicitó a las autoridades estatales y federales desarmar a esas personas.

Habitantes de la agencia Guadalupe Victoria y autoridades de la cabecera municipal de San Juan Juquila Mixe mantienen un conflicto político-electoral derivado de la elección de autoridades por el sistema de usos y costumbres, y en el cual las agencias no fueron tomadas en cuenta, lo que ocasionó inconformidad ante el órgano electoral, que ordenó reponer el proceso en diciembre de 2016.

Aunado a ello, existe la división entre los pobladores de Guadalupe Victoria, pues una parte apoya a la cabecera municipal y otra se alió con San Pedro Ocotepec, localidad con la que Juquila tiene un conflicto de límites, lo que ha generado desde principios de 2017 enfrentamientos donde han resultado personas heridas, un muerto y cientos de desplazados.

En respuesta a la problemática en la zona, los gobiernos federal y estatal instalaron una Base de Operaciones Mixtas (BOM) para garantizar el retorno de desplazados, mientras que las autoridades de Oaxaca buscan encontrar una solución al conflicto.

El Comité Comunitario de San Miguel Chimalapa denunció que la asamblea para elegir al Comisario de Bienes Comunales celebrada en marzo de 2016, en la cabecera municipal de San Miguel Chimalapa, estuvo plagada de irregularidades, por lo que desconocieron a José Medel Cruz, quien pretende ser reconocido como Presidente del Comisariado de Bienes Comunales y quien favorecerá la expropiación minera en la zona.

Expresaron que Medel Cruz encabezó la planilla verde y con el respaldo de funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) realizó una asamblea en su domicilio y al paso de las horas anunció su triunfo. Finalmente señalaron que como integrantes de la base comunal, no reconocían esta imposición.

LUCHA MAGISTERIAL

Y maestros de educación indígena de Oaxaca de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), manifestaron su rechazo a la reforma educativa y a la evaluación docente, por lo que han llevado a cabo diversas acciones (manifestaciones y bloqueos).

El 19 de junio de 2016, en el marco de la protesta en Oaxaca de la sección 22 del SNTE, adherida a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en contra de la reforma educativa, policías estatales y federales se dirigieron a Asunción Nochixtlán, con el objetivo de desalojar el bloqueo que los profesores disidentes mantenían en la autopista Oaxaca-México.

Hubo dos enfrentamientos con saldo de ocho personas muertas, alrededor de cien heridos y varios detenidos.

El 22 de junio, representantes de bienes comunales, autoridades municipales (San Pedro y San Pablo Ayutla, Villa de Tamazulapam del Progreso, Santiago Zacatepec, Asunción Cacalotepec, Santo Domingo Tepuxtepec, Santa María Alotepec, Santa María Tlahuiltoltepec, Asunción Nochixtlán, Santa María Apasco y Tlaxiaco) y el pueblo indígena Ayuuk (mixe) de Oaxaca reprobaron los hechos ocurridos en Nochixtlán y manifestaron su apoyo a la CNTE.

Por su parte, a través de un comunicado, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) también repudiaron estas acciones.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones nacionales e internacionales (ONU, Amnistía Internacional, entre otras), así como académicos, intelectuales, partidos políticos y legisladores se pronunciaron por el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de una mesa de diálogo.

El Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio de Nochixtlán ha denunciado amenazas y hostigamientos en contra de sus integrantes.

El Gobierno Federal, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB y de la PGR, le ha estado dando seguimiento al caso, sin embargo no se han podido realizar todas la diligencias de investigación debido a la falta de confianza de los habitantes.