El Sector Salud ha protestado contra actos de corrupción en esta área. Foto: e-oaxaca.com

Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Una empleada de mostrador, un talachero y un chofer son los “presos” del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa a los que al parecer les “robaron su identidad” para encubrir un millonario “fraude maquinado” en la Secretaría de Salud de Oaxaca durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

Lo sospechoso del caso es que Silvia Alicia Ramírez Ramírez, Jaime Tablada Cruz y Ángel Martínez Carreño eran trabajadores del Grupo Empresarial MTO cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, quien ha ganado licitaciones o adjudicaciones de contratos en la Secretaría de Salud por concepto de ventas de llantas y servicios de mantenimiento a vehículos en dependencias de gobierno.

Por investigaciones realizadas por la propia familia y el cuerpo jurídico de Alicia, Jaime y Ángel, concluyeron que “utilizaron su identidad para que aparecieran como responsables administradores únicos de empresas fachada” y encubrir así a los que verdaderamente fraguaron el fraude maquinado en la Secretaría de Salud.

Sin una investigación a fondo, el gobierno de Murat a través de la Fiscalía General de Oaxaca detuvo el pasado 7 de junio a la empleada Alicia, al talachero Jaime y al chofer Ángel, a quienes vincularon a proceso, les dictaron auto de formal prisión por fraude maquinado y ahora les niegan la libertad provisional bajo caución.

Con estas detenciones, “el gobierno actual trata de dar un mensaje de que no tolerará la corrupción pero no se está investigando el fondo, a los verdaderos responsables, solo buscan chivos expiatorios para proteger a los verdaderos peces gordos”, sostuvo Alfonso Renato Ramírez Ramírez, hermano de una de las detenidas.

Considera que Alicia, Jaime y Ángel se encuentran como rehenes políticos para mandar el mensaje de que se combate la corrupción porque se encuentran incluidos en el paquete del expediente contra el ex secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, recluido en el penal de Ixcotel, sin embargo, los verdaderos ladrones siguen libres.

Cabe recordar que el pasado tres de junio fue detenido el ex secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, acusado del delito de “abuso de autoridad” y el 9 de junio, el Juez Segundo de lo Penal le dictó auto de formal prisión.

El siete de junio, la Fiscalía General ejecutó órdenes de aprehensión en contra de seis supuestos empresarios – Ángel Martínez Carreño, Silvia Alicia Ramírez, Ceiba López Méndez, Jaime Taboada Cruz, Jackson Méndez Ramírez e Isaac Abraham Flores- quienes supuestamente fueron contratados en la administración de Tenorio Vasconcelos y son acusados de fraude maquinado por la construcción de baños ecológicos en comunidades de alta marginación y por los cuales presuntamente recibieron 26 millones de pesos.

Y es que, según la Fiscalía, los acusados relacionados en los expedientes 44/2017, 47/2017, y 48/2017 presentaron expedientes ficticios e incluso fianzas inexistentes con los que se les autorizaron los recursos económicos pero las obras nunca se llevaron a cabo.

Los indiciados afirman que nunca estuvieron enterados de esas operaciones fraudulentas, nunca firmaron nada y menos les hicieron transferencias electrónicas de dinero desde la Secretaría de Salud a sus cuentas bancarias.

ROBO DE IDENTIDAD

El hermano de Silvia Alicia, considera que se debe de investigar al responsable del manejo de la documentación personal de la empresa Avantires S.A. de C.V. que pertenece al grupo empresarial MTO cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, ya que “es mucha coincidencia que Silvia, Jaime y Ángel trabajaban en una de las cinco empresas del Grupo Empresarial MTO en el 2012”.

Mencionan que el Grupo empresarial MTO lo conforman –Avantires S.A. de C.V., Multillantas Avante de Oaxaca, S.A. de C.V. y Llantas MAO, S.A. de C.V. (personas morales) y Carlos Martínez Olivera y Guillermo Martínez Olivera (como dos personas físicas), quienes son hijos de Carlos Martínez Tamayo.

Además, Carlos Eduardo Martínez Tamayo, “realiza y gana licitaciones o le adjudican contratos en la Secretaría de Salud por concepto de venta de llantas, servicios de mantenimiento a vehículos de dependencias de gobierno, incluida los Servicios de Salud de Oaxaca”.

Esto sin contar que tiene familiares trabajando en el área administrativa de los Servicios de Salud de Oaxaca como su prima hermana Raquel García Martínez, quien es Jefa de Unidad de Servicios al Personal y trabaja ahí desde 1999.

Así como su primo Roberto Carlos Martínez Gómez, quien es Jefe del Departamento de Relaciones Laborales en los Servicios de Salud de Oaxaca.

Lo que genera mayor sospecha es que el empresario se comprometió con ponerles a sus trabajadores una defensa jurídica y a uno le sigue pagando su salario.

Si los documentos personales de Silvia Alicia estaban bajo el resguardo de la empresa de Carlos Eduardo Martínez Tamayo, quién los proporcionó o facilitó para que fuera utilizada en la suplantación que hicieron de su persona para defraudar a los servicios de Salud de Oaxaca porque falsificaron su firma y utilizaron sus generales para simular actos jurídicos.

Silvia Alicia Ramírez, madre soltera de 42 años, era empleada de la empresa Avantires S.A. de C.V., ubicada en Trinidad de las Huertas donde desde el año 2000 realizaba labores de limpieza en la tienda, atención a clientes o venta de llantas y rines y según el expediente 47/2017 se le acusa de un fraude maquinado en la construcción de 198 sanitarios en Tlaxiaco, Teotitlán de Flores Magón, Cuicatlán y Huajuapan de León por un monto de cuatro millones 649 mil 853 pesos.

Según el expediente que se encuentra en el juzgado segundo de lo penal, los Servicios de Salud le hicieron un depósito, vía transferencia, de dos millones 324 mil 926 pesos con 56 centavos (50% del contrato) a la cuenta bancaria 4051340644 del banco HSBC el 4 de enero de 2013.

La detenida es señalada de ser la administradora única de la empresa Construcción ICIBIT, S.A. de C.V., la cual fue creada por Leonor Carrasco Hernández y Patricia Castellanos Vásquez, el 16 de febrero de 2011 ante el Notario Público número 94, Rodolfo Morales Pasos, mediante el volumen 620, instrumento 29468, donde fungió como representante legal Judith Javier Mesinas.

Al rastrear a la empresa construcciones ICIBIT, S.A. de C.V., se percataron que se encuentra en la lista de empresas no localizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que esta empresa sí existe pero tiene su domicilio en Puebla y cambió de domicilio fiscal.

Y quien tramitó los sellos digitales ante el SAT fue la representante legal Judith Javier Mesinas, quien se deduce fue la persona que realizó el trámite de apertura de cuentas bancarias. El plan realizado fue la de nombrar como representante legal a Judith Javier Mesinas y utilizar la documentación de Silvia Alicia para nombrarla como administradora única y no tener responsabilidad penal, razón por la que no aparece investigada ni detenida en el presente caso.

Sin embargo, Judith Javier Mesinas aparece en varias de las empresas relacionadas con el fraude a los Servicios de Salud de Oaxaca que tienen el mismo domicilio ya sea en Oaxaca, Veracruz o Puebla, por lo que a través de estas empresas fachada es donde utilizaron documentos y falsificaron firmas de otras personas para realizar este tipo de fraude.

De ahí que varios “representantes legales” o “administradores únicos” son trabajadores o fueron trabajadores de este grupo de empresas que se dedican a proporcionar asesoría contable, fiscal, laboral, penal.

Por su fuera poco, Judith Javier Mesinas no aparece registrada ante el INE con los datos que se asentaron en las actas notariales.

MOMENTO DE SUPLANTACIÓN

Fue el 30 de noviembre de 2012, mediante volumen 660, instrumento 32249, ante el notario público 94, Rodolfo Morales Pasos, se protocolizó un acta de asamblea extraordinaria en donde nombraron como administrador único a Silvia Alicia Ramírez y ratificaron como representante legal a Judith Javier Mesinas, quien supuestamente compareció ante el notario a protocolizar esta acta.

Entre las irregularidades que encontraron es que el acta anexa a la protocolización no tiene fecha; como domicilio social de la empresa únicamente se menciona la ciudad de puebla; los datos generales de Judith Javier Mesinas no coincide con los datos que asentó el notario; no se anexa copia de la credencial de elector de Silvia Alicia; no aparecen las firmas de Patricia Castellanos y Leonor Carrasco, socias fundadoras que en el acta que supuestamente, cedieron sus derechos a Silvia Alicia y a Hortencia Acevedo Sánchez y este documento no está inscrito aún, según investigación, ante el registro público de comercio.

Por consiguiente los detenidos nunca participaron en este fraude solo utilizaron su identidad para que aparecieran como responsables administradores únicos de empresas fachada y si bien es cierto se constituyeron notarialmente y gestionaron los sellos fiscales ante el servicio de administración tributaria, fueron a través de gestores.

Es decir, los administradores jamás comparecieron ante el SAT, tampoco a la apertura de cuentas bancarias y en la transferencia de fondo de la Secretaría de Salud porque fueron vía electrónica, es un dinero que nunca tuvieron en sus manos, una sociedad mercantil en la cual nunca tuvieron conocimiento de su constitución ni como socios ni como administradores pero como utilizaron sus generales e identificaciones los involucraron y hoy están procesados.

Insisten en que “son chivos expiatorios y son personas que injustamente fueron acusados de fraude maquinado cuando ellos no estaban enterados de esta triangulación desde la Secretaría de Salud, agentes externos y gestores, avalados con un notario público para darle formalidad a una empresas que fueron creadas ex profeso para eso porque no tienen trabajadores ni historial fiscal”.

Consideran que los trabajadores son un sector vulnerable por eso los utilizaron para proteger a los que saquearon la Secretaría de Salud no con 26 millones de pesos sino con miles de millones.

Otra de las irregularidades es que los proceso penales que les siguen no les permiten tener su libertad provisional bajo caución cuando es un delito no grave y no existe riesgo de fuga o peligrosidad.

Finalmente deja la pregunta en el aire: ¿A quién está protegiendo el gobierno de Alejandro Murat?