Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- Por la crisis y colapso administrativo-financiero que derivó en la no contratación de más de 2 mil 200 trabajadores eventuales y el despido de 823 presuntos aviadores en los Servicios de Salud de Oaxaca, la LXIII Legislatura citó a comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado a su titular, Juan Díaz Pimentel.
Le solicitan que informe sobre los dineros utilizados para el pago de sueldos de trabajadores y que eran pagados con recursos del Fondo de Pensiones del SNTSA e Impuestos Sobre la Renta (ISR); además, para que presente un diagnóstico del gasto operativo del Sector Salud de la entidad, especificando el soporte presupuestal con el que cuenta el personal médico, paramédico y administrativo, así como las medidas administrativas y financieras con las que ha cubierto el déficit.
El día, la hora y el formato de la comparecencia del titular de los SSO la acordará la Junta de Coordinación Política, que integran los coordinadores parlamentarios del PAN, Juan Mendoza Reyes; del PRI, María de las Nieves García; del PRD, Carol Antonio Altamirano; y de Morena, Irineo Molina Espinoza.
En el documento propuestos por los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRD, Carol Antonio Altamirano; del PAN, Juan Mendoza Reyes; de Morena; y el PT, LXIII Legislatura del Congreso del Estado, exhortaron también al Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, para que revierta la decisión de Díaz Pimentel, respecto al despido de trabajadores de la salud y se revise dentro de un marco de derecho la situación jurídica de la plantilla del personal de dicha dependencia, sin violentar sus derechos laborales y humanos.
Además de reforzar el diálogo con el Ejecutivo Federal para la regularización del personal eventual o también conocido como precario y se implemente un programa de reorganización administrativa que haga posible la solución a la crisis en el sector salud.
Al fijar posicionamiento, el diputado del PRD, Carol Antonio Altamirano, pidió una auditoría de desempeño a los recursos humanos de los SSO y con el resultado, el órgano de gobierno de la paraestatal, resuelva sobre la mejor administración de los mismos.
Se interrumpan o eviten, cualquier acto administrativo que vulnere los derechos adquiridos de los trabajadores del área, sea cual fuere su modalidad de contratación y en los procesos de separación o baja de personal en nómina que no presente a laborar o incumpla sus obligaciones del servicio, se apegue a los procedimientos que establece la Ley Federal del Trabajo y la normatividad aplicable.
El quebranto a los servicios de salud en la entidad ascendía al final de la administración anterior, por al menos 8 mil millones de pesos, quedando la institución con una crisis severa que se refleja en la mala calidad de los servicios, la falta de personal médico capacitado, una infraestructura hospitalaria deficiente y carencia de medicamentos e insumos, declaró.
Criticó que se ha desatado un conflicto más derivado del anuncio del actual Secretario de Salud, de separarse de sus labores a 3 mil 200 trabajadores, afirmando que “La nómina está muy obesa y se come todo el presupuesto, en nómina se van 202 millones a la quincena, 4 mil 888 millones al año, de 6 mil que tienen de presupuesto la secretaría pues quedan 1 mil millones para lo demás”.
En su posicionamiento, la diputada de Morena, Hilda Pérez Luis, criticó que se cancelará el contrato laboral de más trabajadores y se dejara de pagar prestaciones a colaboradores de diversas modalidades, afectando el servicio en 14 hospitales generales, 18 básicos comunitarios, 3 de alta especialidad y diversos centros de salud. No obstante, omitió reconocer que hay desvíos de recursos.
Por lo pronto, demandó un informe detallado del número de aviadores que se han detectado en esa dependencia, con la finalidad de determinar las responsabilidades legales y administrativas que correspondan en caso de detectar actos que impliquen el tráfico de influencias o conflictos de interés cometidos por las administraciones gubernamentales anteriores.
En tanto, rechazó la violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de esa dependencia, “sobre todo, nos pronunciamos por la urgencia de garantizar el acceso a los servicios de salud a miles de oaxaqueños evitado cualquier tipo de parálisis administrativa”, concluyó.
Ese punto de acuerdo aprobado éste martes, orilló a la suspensión de la sesión del congreso del pasado martes 23 de enero.
Y es que por la pretensión Antonio Altamirano, Mendoza Reyes; los Morenistas; del petista-priista, Olivera Guadalupe, de sacar raja política-electoral del conflicto laboral en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO); y la ausencia de más de un diputado y diputada del PRI para irse a registrar como precandidato a diputado local y reelegirse en el cargo, la LXIII Legislatura, vio truncada su sesión ordinaria de este martes.
En franco oportunismo electoral, demandaban en ese punto de acuerdo, no seguir violando el derecho a la salud de las familias oaxaqueñas, como los derechos laborales de quienes realmente trabajan en los SSO.
En una franca posición electoral, azuzada por Antonio Altamirano, pidieron al titular del Poder Ejecutivo reforzar el diálogo con el Ejecutivo Federal para la regularización del personal eventual o también conocido como precario, implementar un programa de reorganización administrativa que haga posible la solución a la crisis en el sector salud.
Cabe destacar que Antonio Altamirano, fue uno de los principales beneficiarios del sexenio de Gabino Cué Monteagudo, Jorge Castillo Díaz, operador político y económico del ex gobernador.
En la bancada del PRI, diputados priístas, se ausentaron por su aspiración electoral, al acudir a la sede de su partido, a registrarse como precandidato a diputado y diputada local, en búsqueda der postulado para reelegirse el 1 de julio.
