Organizaciones de la sociedad civil luchan por la tierra y el territorio.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo promovido por más de mil indígenas zapotecos de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, Oaxaca, que acusan al gobierno federal de haber simulado una consulta para dar los permisos de explotación eólica en su territorio.

La atracción fue propuesta por el ministro José Ramón Cossío y respaldada por unanimidad de la Primera Sala, en respuesta a la solicitud hecha en septiembre pasado en un amparo colectivo firmado por los habitantes de esa zona del Istmo de Tehuantepec.

Los ministros dijeron que se trata de un asunto que reúne los requisitos de interés y trascendencia porque tiene que ver con el contenido y alcance del derecho humano a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas inconformes.

Los indígenas buscan el amparo en contra de las autorizaciones y permisos de la Dirección General de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la puesta en marcha del megaproyecto llamado Eólica del Sur.

A cargo del proyecto está la empresa Energía Eólica del Sur, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) y Capital Variable, establecida en Juchitán en 2013. Como beneficiada de la producción energética está proyectada la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa).

El proyecto busca la generación de 396MW con la instalación de 132 aerogeneradores en cinco mil 332 hectáreas de los municipios de El Espinal y Juchitán de Zaragoza.

Los indígenas aseguran que la ejecución del megaproyecto puede tener importantes afectaciones y alteraciones ambientales que repercutirían de manera directa en sus comunidades, e indirectamente en toda la sociedad.

Los indígenas fueron apoyados ante la Corte por las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (Cemda) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Las organizaciones consideran que la Corte está ante “la oportunidad histórica” de fijar criterios sobre los principios de la consulta a pueblos y comunidades indígenas en el desarrollo de proyectos derivados de la reforma energética aprobada en 2014.