La Secretaría de Marina detuvo de manera ilegal a un joven de 19 años a quien se le acusó de ser uno de los sicarios de Iván Velázquez Caballero, «El Z-50».
De acuerdo con el reporte de Animal Político, los hechos ocurrieron en septiembre de 2012, en San Luis Potosí, cuando la Marina informó sobre la detención del capo referido y dos de sus escoltas, durante un operativo en una casa de seguridad.
La dependencia federal presentó a los tres detenidos en la Ciudad de México y los vinculó a proceso por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Sin embargo, uno de los presuntos capos, identificado como Carlos, alegó desde el momento de su detención que él era inocente y que simplemente unos militares llegaron a un restaurante donde estaba comiendo para arrestarlo.
Al respecto, la CNDH inició una investigación y determinó que Carlos no se encontraba en la casa de seguridad donde, según la versión oficial, habría sido detenido junto con el «Z-50», sino que se encontraba comiendo pollo en un restaurante.
«Él (un amigo) me invitó un pollo antes de ir a la escuela, y nos introducimos al restaurante, y como a eso de la seis y diez, más o menos, entraron unos soldados, revisando al personal, y a mí se aproximó un oficial o soldado, me sacó del negocio, y al revisarme se percató que en mi muñeca izquierda tengo un tatuaje, y me empezó a decir que era una escoria de sociedad y un malandrín», declaró ante el Ministerio Público, el 28 de septiembre.
Asimismo, la Comisión indicó que la propia Procuraduría General de la República concluyó que el arma que supuestamente habría entregado a los marinos al momento de su aprehensión, no tenía sus huellas dactilares, a pesar de que las autoridades aseguraron que se las entregó «voluntariamente».
Durante los 44 días que permaneció arraigado, Carlos asegura que fue torturado en varias ocasiones por los elementos federales, incluso, señaló que le hicieron una cortada como prueba de que le arrancarían un músculo.
La CNDH confirmó, a través del Protocolo de Estambul, que Carlos fue torturado por un lapso de 17 horas para que firmara una confesión, lo cual hizo que un juez lo vinculara a proceso por delitos contra la salud y portación ilegal de armas, razón por la cual continúa preso.
Por ello, la Comisión consideró que sí hubo una violación al derecho a la libertad y seguridad personal, integridad personal por actos de tortura, más allá de que no puede pronunciarse respecto a su inocencia o culpabilidad.
Con información de Animal Político.
