Soledad Jarquín Edgar
Los países de la región no destinan suficientes recursos para la atención de la violencia contra las mujeres. Se estima que apenas ocupan menos del uno por ciento de sus presupuestos, afirmó Sylvia Mesa Peluffo, presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), durante el lanzamiento del Tercer Informe Hemisférico de la Convención Belém do Pará, Prevención de la Violencia contra las Mujeres en las Américas, Caminos por Recorrer.
Durante el lanzamiento del informe que se realizó dentro de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer en la Sede de la ONU, Mesa Peluffo destacó que es fundamental que los gobiernos de la región aumenten el presupuesto destinado a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
En su presentación, puntualizó que Antigua y Barbados es el país que más recursos destina al presupuesto contra la violencia, pero este significa apenas el 4.6 por ciento de sus recursos al año, y hay países donde es dinero es prácticamente nulo.
Entre los datos que dio a conocer, como resultado del Tercer Informe Hemisférico realizado con la cooperación del gobierno de Panamá, reveló que el gasto público de Ecuador es de 0.910, y el de México, de 0.030, en tanto que naciones como Argentina es de 0.004.
Es decir, los países de la región destinan menos del uno por ciento de sus presupuestos totales a los programas y planes de lucha contra la violencia de género.
De todos los países que conforman las Américas, continuó, solo el 75% proporcionó datos para este tercer informe, y lamentó que el 25% de países no dieran información –Bahamas, Belice, Brasil, Dominicana, Guyana, Haití, Nicaragua y Santa Lucía–, por lo que es un desafío la sistematización que brindan los Estados parte.
En el informe se midieron las marcas normativas, la transformación de la estructura del Estado para eliminar los esquemas administrativos y jurídicos basados de género y la discriminación contra las mujeres, así como los esfuerzos del Estado por capacitar y formar en materia de derechos humanos de las mujeres a quienes componen el Estado y la sociedad civil.
Dijo que de 24 Estados que respondieron a los indicadores, el 30.84% cuenta con alguna disposición legislativa relativa a la erradicación de conductas basadas en la subordinación o inferioridad de la mujer.
14 países respondieron que tienen leyes o políticas públicas para la prevención de la discriminación contra mujeres; entre ellos México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Granada, Honduras, Uruguay y Venezuela.
De igual forma, describió que en 17 hay leyes que contemplan el delito de feminicidio, pero solo ocho reportaron el número de procesos de feminicidios sentenciados. Entre ellos no está México.
En lo referente a las legislaciones para la atención de la diversidad en las mujeres, ocho países tienen leyes de salud mental dirigidas a la protección de las mujeres: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Honduras, Trinidad y Tobago.
El módulo de planes nacionales enfocó su atención en la ejecución e implementación de planes, estrategias y/o acciones nacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, así como la incorporación de la perspectiva de género en ellas.
El informe también mide la existencia de políticas públicas para erradicar los estereotipos de género en la educación. Solo 11 de 24 estados participantes presentaron sus políticas al respecto.
Solo seis de los 24 países que participaron aportaron información sobre la revisión curricular de todos los niveles educativos, para la disminución y prevención de todas las formas de discriminación y el empoderamiento de las mujeres o la erradicación de estereotipos.
Por ello, Sylvia Mesa consideró que fortalecer la realización de informes de monitoreo y asimilar su importancia para la elaboración y mejora de las políticas públicas es una tarea pendiente en la región.
Destacó que en relación con el funcionariado que desempeña puestos que tienen interacción directa con mujeres afectadas por violencia, solo el 37% de los 24 países reportó el número de personas ocupadas en esta labor, cifra que refleja la insuficiencia para la atención. Puso como ejemplo el caso de la oficina de violencia doméstica de Argentina donde 160 trabajadores atendieron 33 mil 569 casos.
Por su parte, Bárbara Jiménez habló en representación del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), al referirse a la participación de organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del Tercer Informe Hemisférico.
CLADEM incluyó en su informe tres ejes temáticos: la situación de las niñas madres, el acceso a la justicia y un panorama sobre el trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos. Dijo que corresponde a la sociedad civil incidir para que los Estados prioricen la prevención sobre las sanciones.
También participaron Liriola Leoteau, presidenta de la Conferencia de Estados Parte y directora del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá; Dubrasvka Simonovic, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Mujer, Carmen Moreno Toscano.
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