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Red de delincuencia organizada en Secretaría de Salud evidencia ejecuciones, detenciones y robos de identidad

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Pedro Matías

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) desnudan a una red de delincuencia organizada que ha dejado un quebranto superior a los tres mil millones de pesos, tres funcionarios ejecutados, dos ex colaboradores de Gabino Cué encarcelados y otro a quien se le sigue proceso bajo arraigo domiciliario.

Esto sin contar que a una empleada de mostrador, un talachero y a un chofer les “robaron su identidad” para encubrir el millonario “fraude maquinado” en la Secretaría de Salud de Oaxaca durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

Mientras que al ex gobernador de la alianza PAN-PRD-Convergencia se le sigue un proceso de juicio político en el Congreso de Oaxaca por el presunto desvío de 30 mil millones de pesos.

En esta red de complicidades están presuntamente involucrados:

  • Jorge Castillo Díaz,
  • Alberto Vargas Varela,
  • Gerardo Cajiga Estrada (arraigo domiciliario),
  • Enrique Arnaud Viñas (preso),
  • Juan José Álvarez Candiani (primo del titular de las Zonas Económicas Especiales),
  • Rafael Pérez Gavilán (ejecutado),
  • Carlos Melgoza,
  • Federico Sada,
  • Horacio Sainz,
  • Edmundo Pérez Escobedo,
  • Enrique Ramírez Tenorio,
  • Salvador Monroy Rodríguez y
  • Rogelio Hernández Cazares,

según testimonios en poder de pagina3.mx.

Así como:

  • Raúl Serrano,
  • Alberto Benítez Tiburcio,
  • Sergio Arnaud y
  • Ricardo Cid,

quienes recibían órdenes de Jorge Castillo Díaz y Gerardo Cajiga Estrada.

En esta red se encuentra involucrado el Grupo Financiero Interacciones fundado en 1992, cuyos principales ejecutivos son Carlos Hank Rhon y Carlos Alberto Rojo Macedo, el cual se dedica a ofrecer créditos gubernamentales y financiamiento para proyectos de infraestructura, así como gestión de riesgos y asesoría para el sector público.

Y es que el gobierno de Gabino Cué contrajo una deuda pública superior a los 3 mil 950 millones de pesos con el Grupo Financiero Interacciones, de los cuales 3 mil 650 millones de pesos fueron créditos de corto plazo y 300 millones a vencimiento más amplio.

Por todas estas irregularidades, así como la falta de medicamentos, equipo y personal, se han realizado paros estatales en 14 hospitales generales, 18 básicos comunitarios –tres de alta especialidad– y en mas de 735 Centros de Salud como el ocurrido recientemente (del 16 de enero al 16 de febrero) que duró un mes hasta que fue obligado a renunciar Juan Díaz Pimentel.

El gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa a través de su ahora depuesto secretario de salud, Juan Díaz Pimentel reconoció que los ex gobernadores Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué Monteagudo dejaron una deuda de 6 mil millones de pesos y un déficit de mil 700 millones de pesos anuales, porque se desviaban recursos de la seguridad social de los trabajadores de base y sus obligaciones con la Secretaría de Hacienda para pagar a 2 mil 300 trabajadores eventuales.

Explicó que en los dos últimos sexenios hubo desvíos millonarios porque la nómina llegó a18 mil trabajadores, de los cuales dos mil 300 se contrataron de manera ilegal y mil aviadores cobran puntualmente.

                                   EJECUCIONES Y DETENCIONES
El 6 de marzo de 2015 fue torturado y ejecutado el subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán Escalante, quien había sido cesado el 19 de febrero de ese mismo año por presuntos malos manejos.

Pérez Gavilán había manifestado “ya no aguanto lo que me piden como pagar con recursos del estado fondeados a través de salud, pagos a estudios de comunicación y cinematografía por material de difusión de salud”.

Luego de renunciar y amenazar con hacer pública información delicada e ilegal en los servicios de salud lo asesinaron en su domicilio después de torturarlo y con la complicidad de la Fiscalía General fue cremado inmediatamente al tiempo de desaparecer todo tipo de información.

Nunca se informó del avance de las investigaciones, el gobierno de Gabino Cué únicamente dio a conocer que el Grupo de Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI) detuvo el 22 de enero de 2016 al exjefe del Departamento de Operación y Pago de los Servicios de Salud de Oaxaca, Tito Carlos Rangel Hernández, por enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones, en cumplimiento a orden de aprehensión librada en el expediente penal 03/2016 del Juzgado Cuarto de lo Penal.

Posteriormente, el pasado 31 de enero de 2018, fue ejecutado el ex director de Atención Ciudadana en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Luis José Larumbe, en la calle de Las Rosas en la Colonia Reforma no sin antes dejar un mensaje en su camioneta, el cual no fue revelado por la Fiscalía General.

Y el pasado 27 de febrero, fue ejecutado el empresario Francisco Silva Cansino, en la colonia Reforma. Una de las líneas de investigación lo relación con prestación de servicios con la Secretaría de Salud de Oaxaca.

Por tal razón, el ex secretario de Salud, Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, detenido el tres de junio de 2017 en el estado de Jalisco y recluido en el Penal de Ixcotel se vio obligado a solicitar un amparo ante el Juez de Juzgado undécimo de Distrito por incomunicación, torturas, malos tratos, golpes, vejaciones y por estar en riesgo de ser privado de su vida.

La Justicia Federal a través del juez undécimo de distrito, José Luis Evaristo Villegas otorgó el amparo para que “cesen de inmediato los actos consistentes en incomunicación, torturas, malos tratos, golpes, vejaciones, humillaciones como sesiones de fotografía con vestimenta sucia y rota, interrupción del sueño, sustos nocturnos, amenazas, hostigamiento mental, daño psicológico e intimidación, castigos crueles y lesiones con riesgo de privarlo de su vida”.

A Tenorio Vasconcelos, el Juez Segundo de lo Penal le dictó auto de formal prisión por el delito de abuso de autoridad y por el cual fueron detenidos Ángel Martínez Carreño, Jaime Taboada Cruz, Jackson Méndez Ramírez e Isaac Abraham Flores, así como Ceiba López Méndez y Silvia Alicia Ramírez, porque presuntamente recibieron 26 millones de pesos tras una licitación amañada para que sus constructoras se hicieran cargo de las obras que finalmente no se llevaron a cabo.

Posteriormente, el 19 de septiembre, el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, confirmó la detención Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas, ex secretarios de Finanzas en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, quienes son acusados del delito de “peculado” y daño patrimonial.

Sin embargo, el 7 de octubre de 2017, a Cajiga Estrada se le otorgó el arraigo domiciliario, es decir, seguirá el proceso penal en su contra, desde su domicilio dentro de la causa penal 610/2017 radicada ante el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales por el delito de peculado en perjuicio de la Administración Pública Estatal.

El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, reconoció que existen unos 359 expedientes administrativos, penales y resarcitorios que han sido integrados en contra de colaboradores del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo.

                                               ROBO DE IDENTIDAD
En las indagatorias se logró establecer que Silvia Alicia Ramírez Ramírez, Jaime Taboada Cruz y Ángel Martínez Carreño eran trabajadores del Grupo Empresarial MTO, cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, quien ha ganado licitaciones o adjudicaciones de contratos en la mencionada dependencia por concepto de ventas de llantas y servicios de mantenimiento a vehículos en oficinas de gobierno.

Por investigaciones realizadas por la propia familia y el cuerpo jurídico de Alicia, Jaime y Ángel, concluyeron que “utilizaron su identidad para que aparecieran como responsables administradores únicos de empresas fachada” y encubrir así a los que verdaderamente fraguaron el fraude maquinado en la Secretaría de Salud.

Sin una investigación a fondo, el gobierno de Murat, a través de la Fiscalía General de Oaxaca, detuvo el pasado 7 de junio a la empleada Alicia, al talachero Jaime y al chofer Ángel, quienes fueron vinculados a proceso, les dictaron auto de formal prisión por fraude maquinado.

Alfonso, hermano de Silvia Alicia, considera que se debe de investigar al responsable del manejo de la documentación personal de la empresa Avantires S.A. de C.V. que pertenece al grupo empresarial MTO, cuyo dueño es Carlos Eduardo Martínez Tamayo, ya que “es mucha coincidencia que Silvia, Jaime y Ángel trabajaban en una de las cinco empresas del Grupo Empresarial MTO en el 2012”.

El Grupo empresarial MTO lo conforman: Avantires S.A. de C.V., Multillantas Avante de Oaxaca, S.A. de C.V. y Llantas MAO, S.A. de C.V. (personas morales) y Carlos Martínez Olivera y Guillermo Martínez Olivera (como dos personas físicas), hijos de Martínez Tamayo.

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