MÉXICO, DF.- El ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es “responsabilidad del Estado Mexicano” pues se configura como un caso de desaparición forzada por la participación de servidores públicos en los hechos.
Así lo afirmó Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al recordar que México ha suscrito convenios internacionales en los que asume la responsabilidad en los casos de desapariciones forzadas.
En entrevista con Noticias MVS, primera emisión, comentó que en atención a la “asistencia técnica” solicitada por el gobierno federal por el caso, decidió otorgar medidas cautelares a las víctimas de los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre y aclaró que lo hizo de manera “excepcional” por la “urgencia” que amerita el caso y la gravedad de los hechos.
Aclaró también que se trata de una decisión que tomó el pleno y que de ninguna manera debe considerarse como una labor que excluya el trabajo que realiza el Estado mexicano.
“El Estado tendrá que actuar con todos sus medios con independencia de la respuesta de la Comisión Interamericana”, pues –dijo—tomará tiempo que resuelva sobre este asunto.
Por ahora, subrayó, “las víctimas quieren a sus hijos de vuelta”, y las medidas que pudiera tomar la CIDH serían en un “mediano plazo”, no en corto.
Álvarez Icaza señaló que se hará lo posible por dar una resolución a la brevedad pero reiteró que “no sustituye la capacidad que el Estado debe tener para este fin”.
Comentó que representantes de la CIDH ya se reunieron con padres de los normalistas, representantes de centros de Derechos Humanos y una delegación gubernamental, entre ellos el secretario de Gobernación, el procurador de Justicia, el Consejero Jurídico y tres subsecretarios.
Al dar su opinión sobre lo sucedido en Iguala, consideró que “pareciera que estamos en un escenario donde se dejaron pasar cosas”, en referencia a que existían denuncias penales -y públicas- sobre los presuntos vínculos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con la delincuencia organizada.
Lo ocurrido en Iguala, aunado a lo sucedido en Tlatlaya, –donde habrían sido ejecutadas 22 personas a manos de militares-, “es gravísimo”.
(Agencia Proceso)
