Ángel Villarino/Corresponsal Reforma
Washington DC, Estados Unidos (30 octubre 2014).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó los avances de México en materia de derechos humanos durante una tensa audiencia marcada por los casos de Iguala y Tlatlaya.
Tanto los comisionados como el secretario ejecutivo de la organización, Emilio Álvarez Icaza, exigieron resultados concretos.
Y, aunque reconocieron esfuerzos legislativos, pusieron en duda su implementación.
«Los recientes casos de desapariciones son incidentes extremadamente graves, pero no son aislados. Estamos hablando de miles de casos que se repiten. ¿Hay planes a corto plazo para la implementación de un protocolo especializado?», reclamó el comisionado James Cavallaro.
El propio Álvarez Icaza intervino para cuestionar la profesionalización de la Policía y su capacitación para evitar abusos.
«Queda en evidencia un desafío brutal en términos de uso de la fuerza, ¿qué marcos se tiene en cuanto a regulación de uso de la fuerza?», cuestionó ante los representantes del Gobierno mexicano.
«Lo lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes. Lo dramático es la dimensión, pero no hay sorpresa (en que estos hechos sucedan)».
Los relatores, voceros de grupos humanitarios, acusaron al Gobierno mexicano de intentar ocultar la situación real que atraviesa el País en materia de derechos humanos presentando planes ante instancias internacionales.
«A pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano por mostrar el momento mexicano de crecimiento económico y prosperidad, esto no ha sido posible», se quejó Jaqueline Saenz, de la asociación Fundar.
«La crisis humanitaria de personas desaparecidas ha sido ignorada, maquillada, escondida, reducida a estadísticas manejadas por el mismo Gobierno, pero aún con la cifra negra resulta alarmante».
Las organizaciones humanitarias guardaron un minuto de silencio y leyeron uno a uno los nombres de los 43 normalistas desaparecidos.
Los tres funcionarios que acudieron en representación del Gobierno mexicano actuaron como peticionarios, ya que fue México quien solicitó la audiencia.
«El reto, el enorme reto que enfrentamos es llevar a la práctica y lograr la implementación de este marco jurídico», admitió la subsecretaria de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García.
