Antonio MUNDACA/Corresponsal

TUXTEPEC, Oax., (pagina3.mx).- Al discurso de la falta de dinero en las arcas municipales que ha permanecido en el gobierno municipal desde que inició la administración que encabeza Antonio Sacre Rangel, se le suma la omisión, la falta de habilidad para gestionar recursos de los gobiernos federal y estatal y al final el manejo a conveniencia de situaciones legales que acaban afectando la inversión de capital privado en Tuxtepec.

Al menos así lo demuestran dos documentos en poder del reportero: La sesión de Cabildo Extraordinaria No 07/14-BIS donde se ven involucradas las empresas Nueva Walt Mart de México S. de R. L de C.V , Operadora VIPS S. de R.L y Suburbia S. de R.L. de C.V. Y el oficio SH/276/14 de la Dependencia de Sindicatura Hacendaria dirigido a un juez civil y el Congreso local, donde el Cabildo -a través de su representante legal Rosa Isela Cruz Acosta-, decide pagar deudas municipales a conveniencia.

El trato entre estas empresas se ve sometido a conveniencia del Cabildo. En ambas, el argumento es que no fueron contempladas en el presupuesto de egresos. En una de ellas la Síndica Hacendaria tuvo conocimiento de causa. Y en la otra, se autoriza al Presidente Municipal “realizar gestiones necesarias para obtener recursos económicos” según consta en los documentos cuyas copias se obtuvieron durante la investigación.

[quote_box_right] El Ayuntamiento de Tuxtepec se niega a pagar[/quote_box_right]

Una vieja deuda, una vieja excusa

Después de más de una década de litigio, el Grupo Constructor Optimar S.A de C.V. ganó al Ayuntamiento de Tuxtepec una demanda de 921 mil 399. 28 pesos que constan en el expediente 248/2007 del juicio ordinario emitido por el Juzgado Primero de lo Civil en poder del Reportero. En dicho documento se le exige al Gobierno de Tuxtepec el cumplimiento de pago a favor de Miguel Ángel Ramírez Herrera, representante de la empresa. Dinero que el Gobierno Municipal se niega a pagar teniendo como representante de dicha controversia a la Síndica Hacendaria Rosa Isela Cruz Acosta, quien aparece en dicha demanda que data de hace diez años en el trienio 2002-2004.

De acuerdo con el oficio SH/276/14 de la Dependencia de Sindicatura Hacendaria del gobierno tuxtepecano, la titular manifiesta a dicho juez una respuesta a la notificación del 18 de junio del 2014 donde afirma el ayuntamiento no puede dar cumplimiento a dicha sentencia debido a que dicho recurso no fue programado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal, a pesar de que la demanda original -también en poder del reportero- la involucra, cuando fungió en el mismo puesto en el trienio de Eviel Pérez Magaña y César Torres Loyo -este último también señalado en el expediente original en el año 2004-.

El Ayuntamiento de Tuxtepec se niega a pagar dicha condena amparado en el artículo 6 que señala que todos los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio del estado, incluyendo los de las entidades paraestatales, los organismos auxiliares, las unidades de servicios culturales y turísticos y de los municipios, son inembargables.

En el oficio sellado también se compromete la funcionaria municipal en nombre del Ayuntamiento y como representante legal a que en el próximo periodo de sesiones dicho asunto sería tratado para autorizar la partida presupuestal en el documento dirigido al Presidente del Congreso del Estado en un archivo de su sindicatura, fechado el 20 de junio del 2014 y entregado en la sala del Poder Ejecutivo. Cuatro meses después, las prestaciones a dicha empresa siguen sin saldar.

 

Presidente, sin gestiones para pagar

Según consta en la sesión extraordinaria 07/14- BIS, realizada el 14 de febrero del año 2014, cuyo orden del día tiene el punto único el expediente de amparo 390/2013 promovido por Manuel Quezada Mota como representante de las empresas Walmart, VIP´S y Suburbia, para demandar al Ayuntamiento el pago a un acuerdo dictado por la juez Octava de Distrito Laura Serrano Alderete, cuyo fallo a favor de las empresas comprometía al ayuntamiento al pago de Derecho de Alumbrado Público y la retención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la cantidad total de 128 mil 857.99 pesos y de no darse dicho cumplimiento existiría una multa de cien mil días de salario mínimo.

En dicha sesión se habla de que para efectos de pago existe un presupuesto de cero pesos y no puede darse cumplimiento a dicha sentencia y se llegó al acuerdo donde se autoriza a Antonio Sacre Rangel a obtener recursos en dependencias de gobiernos correspondientes para cumplir el acuerdo dictado por la Juez Octava de Distrito dictaminado en el amparo 390/2013 mesa AMP.IV-B SECCIÓN.

[pull_quote_center]Ocho meses después los recursos no han sido gestionados y la deuda sigue vigente.[/pull_quote_center]