Jaime GUERRERO
Ejidatarios del Istmo de Tehuantepec, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), defensores de derechos humanos y ambientalistas a nivel regional y nacional, demandaron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), impulsar modificaciones en las leyes energéticas, porque aseguran que se violan derechos de sus comunidades, porque transnacionales mineras pretenden explotar sus tierras.
Según datos de las organizaciones, las comunidades de la región del Istmo enfrentan riesgos con base en las leyes secundarias ya promulgadas por el Estado mexicano, los cuales se verán agravados en caso de aprobarse el anteproyecto de Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por la Secretaría de Energía.
Señalaron que el reglamento emite que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgará permisos para proyectos de generación o suministro de la energía eléctrica sin exigir garantías de cumplimiento de normativa social ni ambiental.
La petición formal fue enviada por la Unidad de Manejo Forestal Istmo-Pacífico, el Consejo Regional de Productores Básicos Del Istmo De Tehuantepec, autoridades de San Francisco del Mar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 20 estados) y por ONG´s y académicos del país.
Advirtieron que las Leyes Secundarias ya promulgadas desprotejen a las comunidades y pueblos indígenas al permitir a las empresas realizar, al menos en una ocasión.
“Sabemos que las empresas, las trasnacionales manejan conductas abusivas, discriminatorias y buscan influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos durante las negociaciones y los procedimientos relativos a la obtención de derechos sobre la tierra, en pocas palabras a ellos no les interesa lo que suceda, sino obtener beneficio de ello”, denunciaron.
Ante ello, demandaron que la normativa permita a las comunidades constituirse como productores de energía renovable para la red eléctrica, para que exista un tratamiento diferenciado a Productores Comunitarios de Energía Renovable con Fines Sociales, definidos como empresas que dediquen al menos un cincuenta por ciento, de su resultado neto anual a la promoción del desarrollo social de las comunidades en los cuales tienen lugar los proyectos.
“Nosotros lo que pedimos es que la nueva regulación en el ámbito de las energías renovables sea lo más social e incluyente posible, y evite que sigan produciéndose violaciones a los derechos de comunidades agrarias y campesinas en los territorios donde se pretendan desarrollar proyectos de generación de energía, tal y como ha ocurrido en las comunidades donde se han instalado parques eólicos”, exigieron.
De acuerdo a las ONG´S, las empresas con proyectos autorizados por la CRE podrán invocar las ventajas que otorgan las Leyes Secundarias ya promulgadas, incluyendo la prescripción legal a que todas las instituciones de Gobierno contribuyan al desarrollo de sus proyectos y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.
“Nosotros entendemos que estas leyes secundarias, admiten que las Evaluaciones de Impacto Social previstas por la ley son un trámite insustancial, pues únicamente resultarán en la emisión de recomendaciones, sin que se prevea ningún tipo de seguimiento, rendimiento de cuentas ni sanción en caso de incumplimiento, que es lo que ha ocurrido, es decir estarán en plena libertad, por eso estamos sumamente preocupados”, argumentaron.
