Por: Pedro Matías
OAXACA, Oax.- (pagina3.mx).- La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México exhortó al gobierno de Angela Merkel suspender inmediatamente las negociaciones actuales con el gobierno mexicano sobre un Acuerdo de Seguridad y al Parlamento alemán denegar la aprobación de ese Convenio hasta que se haya esclarecido la masacre de Iguala, en el estado de Guerrero.
En un documento fechado el 13 de octubre en Berlín, la Coordinación -que la conforman 12 organizaciones alemanas- condenó la actuación de las fuerzas de seguridad en Iguala, Guerrero, México, contra estudiantes de la Universidad Ayotzinapa el 26 de septiembre en los términos más enérgicos y exige el procesamiento penal inmediato de los autores y ejecutores de los asesinatos.
Mientras que al gobierno mexicano lo exhortaron a que se acelere significativamente la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre, quienes probablemente fueron víctimas de la masacre que realizaron las fuerzas de seguridad y miembros del crimen organizado.
[quote_box_left]El gobierno alemán se encuentra actualmente en la etapa final de la negociación de un Acuerdo de Seguridad con México. Éste habrá de firmarse a finales del año por los gobiernos y el próximo año será decidido por el Parlamento alemán.[/quote_box_left]
También cuestionaron que el Presidente Enrique Peña Nieto comentó lo ocurrido el 6 de octubre, 10 días después de los hechos, en vez de reaccionar inmediatamente con la mayor determinación y utilizando todos los medios de un estado de Derecho.
La red integrada por Carea, el Centro Franciscano de Desarrollo y Misión, Initiative Mexiko (INI-MEX), Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia, Pacta Servanda, Pan para el Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes y Promovio (Promovimiento Indígena y Amnistía Internacional, reprochó a las autoridades que no se ha cumplido el procedimiento necesario para la búsqueda de los desaparecidos.
Y es que la Procuraduría General no realizó la investigación inmediatamente, sino después de algunos días de lo ocurrido, a pesar de que de acuerdo con la legislación mexicana y en el artículo 28 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos está obligado a una investigación inmediata.
Recordaron que la noche del 26 al 27 de septiembre, alrededor de 80 estudiantes de la Universidad de Ayotzinapa en el estado de Guerrero se encontraban a bordo de tres autobuses, con dirección a Chilpancingo. En su trayecto varias patrullas obstaculizaron el paso de los autobuses y comenzaron a disparar a uno de los autobuses de manera desproporcionada.
En la conferencia de prensa, unas horas más tarde, los estudiantes fueron atacados nuevamente. Las fuerzas de seguridad mataron a dos estudiantes, y al ser tiroteado otro de los autobuses murieron otras tres personas. 25 personas fueron heridas y otro estudiante fue encontrado muerto al día siguiente y con claras señales de tortura.
Posteriormente, el 6 de octubre confesó uno de los actores que el cometido fue negociado por el director de la policía local junto con el capo del cartel de esta zona. Ese mismo fin de semana fueron encontradas seis fosas comunes en un asentamiento a las afueras. De estas fosas fueron identificados 28 cadáveres carbonizados y algunos mutilados. De acuerdo con el Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, los estudiantes fueron conducidos hacia las fosas comunes bajo las instrucciones de 22 policías locales, actualmente detenidos, y por el crimen organizado. El día 9 de Octubre encontraron más fosas.
Inmediatamente después de los hechos ocurridos, Felipe Flores, el jefe de Seguridad Pública de Iguala y el presidente municipal José Luis Abarca se fugaron de Guerrero y se les está buscando por todo México. A pesar de que en el pasado ya eran conocidos sus numerosos crímenes y vínculos con el crimen organizado, se mantuvieron en sus cargos y no fueron investigados.
Mientras tanto se han hecho presentes las protestas masivas en todo el país, especialmente el día 8 de octubre hubo protestas en todo el mundo, miles de personas se manifestaron en la Ciudad de México, en Chilpancingo y delante de embajadas mexicanas, como por ejemplo en Berlín.
Las protestas en contra de las acciones de las fuerzas de seguridad y la falta de acción del Estado, tanto en términos de procesamiento legal así como la búsqueda de los desaparecidos, se están produciendo en estos instantes en todo el mundo.
La delegación de la Unión Europea en México publicó una Declaración sobre los acontecimientos en Tlatlaya e Iguala, dirigida al Gobierno de México en la cual expresó su preocupación por la aparente infiltración del crimen organizado en entidades locales.
mientras que en Bruselas se manifestaron los Parlamentarios de la Unión Europea y exigieron al jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Lady Ashton, que debido a los incidentes reconsidere la negociación de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y México y que inserte una cláusula en materia de Derechos Humanos que sea verificable.
Y los Relatores especiales de la ONU en Ginebra Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes exigen al gobierno mexicano actuar lo más rápido posible para encontrar a los estudiantes desaparecidos y ven un momento decisivo que México debe demostrar ahora, la seriedad respecto al Estado de Derecho en el país.
Finalmente, destacaron que el gobierno alemán se encuentra actualmente en la etapa final de la negociación de un Acuerdo de Seguridad con México. Éste habrá de firmarse a finales del año por los gobiernos y el próximo año será decidido por el Parlamento alemán.
Este Acuerdo de Seguridad incluye que Alemania estaría obligada, bajo determinadas condiciones, a la transmisión de datos personales. Estos datos serían transmitidos a los organismos de seguridad, quienes como puede probarse utilizan métodos de tortura en las cárceles. También está planeada, como resultado del Acuerdo de Seguridad, la cooperación policial entre Alemania y México.
Dada la cooperación directa entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, ilustrada una vez más en los hechos ocurridos en Iguala, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos de México rechaza la cooperación en virtud de un de un acuerdo de seguridad.
