Jaime GUERRERO
Oaxaca, (pagina3.mx).- En medio de las presuntas irregularidades financieras en la LXII Legislatura, la diputada local del PRI, Martha Alicia Escamilla León, presentó una iniciativa de reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, para crear la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para el Congreso del Estado.
Escamilla León, dijo que es necesario que los y las oaxaqueñas conozcan en que se destinan los recursos públicos en todos los poderes y el Legislativo no debe de escapar a la obligación de rendir cuentas y transparentar los recursos que administra.
La iniciativa de reforma fue turnada a comisiones para su estudio.
Para este ejercicio fiscal 2014, el Poder Legislativo habría ejercido 665 millones. De esos recursos, 587 millones los ejercerá el Congreso del Estado, 18 millones la Unidad Técnica de Auditoria y 60 millones de pesos la ASE.
Para el ejercicio fiscal 2015, en el proyecto de presupuesto de egresos, Cué Monteagudo, propuso que se etiquete al Poder Legislativo, 605 millones; a la Auditoría Superior del Estado (ASE), 73 millones de pesos, lo que representa un incremento de 13 millones 913 mil 183 pesos.
Escamilla León, dijo que en la función gubernamental y particularmente en el aspecto económico, existen tres fases a saber: la captación, la gestión o administración y la aplicación de los recursos.
Sin embargo, consideró que aún no existen los mecanismos suficientes y efectivos que permitan una participación más determinante de la sociedad en cuanto a la determinación de la aplicación de los recursos.
En medio de la inestabilidad del Estado Mexicano, la diputada del PRI, dijo que es necesario reconocer que no ha terminado su prolongado período de crisis, porque inicia una fase de reacomodo “que podemos advertir en los cambios que se han plasmado poco a poco durante estos últimos años en las instituciones políticas, en sus estructuras jurídicas y fundamentalmente en los nuevos modos de relacionarse las autoridades con los gobernados”.
Ante ello, el derecho a la información, la rendición de cuentas y la transparencia a que están obligados los órganos del Estado, debe constituir un significativo avance en la construcción de un Estado constitucional.
Escamilla León, señaló que existe una obligación de las autoridades, plasmado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que dispone que los recursos públicos de que disponga la Federación, los Estados y los Municipios, deberán ser ejercidos con eficiencia, eficacia, economía y honradez, al respecto, el Organismo Internacional de Instancias de Fiscalización (INTOSAI), ha establecido criterios para la valoración de esos aspectos que se citan a continuación:
Sin embargo, “en Oaxaca, hemos visto un retroceso en el tema, y a pesar de los anuncios de relumbrón, no vemos en los hechos que en materia de transparencia y combate a la corrupción se hayan establecido medidas efectivas”.
Y es que dijo que por un lado la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no ha respondido a las expectativas de la ciudadanía, “pues ante las sospechas fundadas de actos de corrupción en muchas de las obras y acciones que se realizan en éste ejercicio, ha habido una actitud tibia e ineficiente”.
Lo mismo, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, no garantiza el derecho de los ciudadanos a la información.
“Por el contrario, se ha denunciado a través de diversos medios de comunicación sobre supuestos actos de corrupción en un órgano que debe ser garante de la Transparencia”, apuntó.
En el caso del Poder Legislativo, asestó: “no puede estar ajeno a dichas situación, tampoco puede exculparse de que circunstancias como esas ocurran”.
Por ello, argumentó, es indispensable el mejoramiento del marco legal, pero no a base de ocurrencias o con inclinaciones políticas, sino a partir del establecimiento de una Comisión Permanente de Transparencia Y Anticorrupción.
“Debe tener como encomienda la de participar activamente en la formulación, discusión, análisis y participación en la instrumentación del marco legal, que al Congreso del Estado correspondan; referentes a la prevención y combate a la corrupción, en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno, así como sus controles transversales mediante la transparencia y la rendición de cuentas en coordinación con otras Comisiones”, urgió.
