Jaime GUERRERO
Oaxaca, (pagina3.mx).- El Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura, Alejandro Martínez Ramírez, reportó que Oaxaca es el estado con el mayor número de presos indígenas en el país, con mil 329 reclusos que hablan alguna lengua indígena, los cuales lidian con problemas de hacinamiento, autogobiernos, la presencia de armas y deplorables condiciones de internamiento que impiden o dificultan su readaptación
El legislador local, lamentó que los derechos de los indígenas suelen negarse en la práctica aunque exista legislación de protección, hecho que es motivo de particular preocupación en las instancias de administración y procuración de justicia.
Y es que dijo que los hombres y las mujeres indígenas tienen una presencia desproporcionada en las sentencias condenatorias de la justicia penal, donde a menudo se les niegan las debidas garantías procesales y son víctimas de actos de violencia y de malos tratos.
Además, las diferencias lingüísticas y culturales intervienen también en esta dinámica de discriminación y no siempre reciben la atención que merecen por parte del Estado.
Martínez Ramírez, dijo que hay casos en que las autoridades judiciales sentencian a los indígenas y si estos son juzgados en su lengua o en un idioma que desconocen.
El diputado lcoal, demandó al Estado Mexicano, brindar a los y las integrantes de Pueblos Indígenas los mecanismos y asistencia jurídica debida facilitando un Intérprete y traductor que conozca no solo de su lengua, si o de su cultura, para una adecuada defensa.
Citó como ejemplo de discriminación que ignora la especificidad cultural y lingüística de los y las indígenas dentro de los Órganos de Procuración de Justicia, el caso de Jacinta Francisco Marcial, mujer otomí, acusada y sentenciada a 21 años de prisión por el secuestro de seis Agentes de la AFI, que en su caso persistieron graves desigualdades del sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor e interprete por citar alguno.
“La falta generalizada de acceso al sistema oficial de justicia debido a la discriminación directa o indirecta profundamente arraigada en contra de los pueblos indígenas, es un rasgo importante de las deficiencias en la protección de los derechos humanos, por parte de las Instituciones que Procuran Justicia no solo en nuestro Estado de Oaxaca, sino en todo el país”, lamentó.
Lamentó que no se han hecho las adecuaciones jurídicas para establecer un sistema judicial eficaz en el que se tengan en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas y en algunos casos, más graves, ello puede indicar que la cultura jurídica oficial de un país no está adaptada para hacer frente al pluralismo cultural y que los valores dominantes de una sociedad tienden a ignorar, olvidar y rechazar las culturas indígenas.
Ante ello, pidió a las Comisiones de Asuntos Indígenas, Administración de Justicia y Derechos Humanos, conformar, dentro de un plazo de quince días hábiles, una comisión interdisciplinaria a la que se integre la Comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Erendira Cruz Villegas, a fin de revisar el estado actual jurídico de los presos indígenas, que se encuentran en el carácter de procesados, acusados y/o sentenciados.
Deberán observar que a cada caso particular se apliquen los derechos que le corresponden a los presos indígenas previstas en las leyes a nivel federal, estatal e Internacional, en donde las autoridades debieron tener una actuación con estricto apego a los derechos humanos y a la legalidad.
