Rogelio Hernández López/Casa del Periodista
DISTRITO FEDERAL.- Carmela es de carácter fuerte, como su piel y su rostro. Esta media tarde, sus facciones y miradas se ablandaban por momentos al arremolinársele sus aprehensiones que surgieron, hace poco más de un año cuando enviudó violentamente por el secuestro y asesinato de Gregorio Jiménez, el 5 de febrero de 2014 .
Los miedos de Carmela llegaron con ella a la capital del país. Pidió ayuda a las organizaciones defensoras de periodistas que, hace un año llegaron en Misión de Investigación del asesinato del periodista, casi las mismas personas que conoció antes, ahora estaban junto a ella para acompañarla.
El balance que hace Carmela es deficitario: el crimen de su esposo no se ha esclarecido y los seis presuntos culpables podría quedar libres, las promesas de ayuda que le externaron no se han completado. Pero más temor le causó la tercera de las incidencias de seguridad que ha registrado. Fue apenas el 23 de enero. Tiene miedos por ella y por sus cuatro hijos.
–¿Ha pensado pedir asilo en otro país?—Le pregunta una reportera de los apenas 10 que llegaron a la rueda de prensa—No, no hemos pensado en pedir asilo—responde lacónica para buscar con la mirada la reacción de quienes la flanquean en la mesa: a su derecha Balbina Flores, Corresponsal de Reporteros sin Fronteras, Daniela Pastrana de la Red de Periodistas de a Píe y a su izquierda Víctor Ruiz Arrazola de la Casa de los Derechos de Periodistas.
Carmela se extiende en cada explicación, como si necesitara vaciar sus temores. Lo hace cuando cuenta que de la oficina del gobernador de Veracruz hace un año le ofrecieron apoyo económico mensual, becas para sus hijos, un empleo para ella, apoyo psicológico y medidas cautelares que incluían escoltas. Y de todo eso, poco se ha cumplido.
También rememora de cúan grande fue la reacción solidaria y de denuncias de muchísimos periodistas. Ahora también tiene poco de eso.—Les pido de favor que difundan como lo hicieron antes– alcanza a rogar.
Balbina, Daniela y Víctor informan que tras su arribo a la capital del país, le han acompañado a la Fiscalía Especial para Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR y allí les dijeron que no atrajeron el caso como era su obligación, incluso constitucional. Pero no les informaron que en este y otros 10 casos de periodistas asesinados desde que llegó el actual gobernador no han dejado trabajar en Veracruz a la fiscalía federal. –Tienen que atraer el caso y brindar todas las seguridades a la familia del periodista asesinado porque en Veracruz no hay garantías suficientes—remató Víctor Ruiz.
Carmela y los periodistas solidarios de las organizaciones fueron también a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la PGR; han hablado con la presidenta y la secretaría ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz y acudirían al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. En todos los casos piden garantías, acciones legales para que se esclarezca el crimen y se averigüe porque los seis detenidos dicen haber sido torturados, que se combata el amparo que los acusados tramitaron por indebido proceso, pero sobre todo que les garanticen que no habrá violencia contra Carmela y sus hijos.
Carmela estuvo una temporada, hasta agosto de 2014, en Jalapa. Quedó viuda y atemorizada el 5 de febrero. Decidió regresar con su familia a Villa de Allende, aledaño a Coatzacoalcos. Después del incidente que sufrió el 23 de enero reciente, le asignaron dos escoltas sin presupuesto suficiente ni para comer –Les mandan comida descompuesta. Aquí traigo las fotos—cuenta ella y remata lo que dice que le dijo a Minerva Regina Pérez López, jefa del Departamento de Evaluación de Riesgos de la comisión de atención y protección a periodistas de Veracruz:
–Si nos hubieran hecho algo ese 23 de enero, ¿qué hubieran hecho todos ustedes?
