Jaime GUERRERO
OAXACA, (PAGINA3.MX).- El ex vocero de la otrora Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, dijo que el gobernador Gabino Cué Monteagudo está obligado históricamente a que no se politice con fines electorales la Comisión de la Verdad, que tiene como objetivo indagar a fondo los hechos que motivaron al exmandatario Ulises Ruiz Ortiz a cometer graves violaciones a los derechos humanos en conflicto socio-político del 2006 y 2007.
Tras la reaparición del exmandatario, volvió la polémica sobre su papel en esos años y al seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la definición de candidatos a diputados federales en las elecciones intermedias del 7 de junio y para la sucesión gubernamental del 2016.
La Comisión de la Verdad, según su decreto de creación, deberá entregar un informe final antes del 15 de marzo de 2016, en donde consignará los elementos necesarios que garanticen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, así como las recomendaciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que se vivieron en ese periodo en Oaxaca.
Por lo pronto, el considerado preso político en tiempos de Ruiz Ortiz y del gobierno de Felipe Calderón, dijo que Cué Monteagudo “tiene una responsabilidad histórica que cumplir y allá él si no cumple porque está obligado a hacerlo”.
Tras la reaparición de Ruiz Ortiz, se le cuestionó sobre el papel que deberá jugar la Comisión de la Verdad, integrada por la antropóloga Marina Patricia Jiménez Ramírez, el periodista Diego Enrique Osorno González, y el sacerdote-defensor de derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra, quien encabezará al organismo autónomo.
Sosa Villavicencio pidió investigar a Ruiz Ortiz, ante señalamientos de todo tipo.
Delitos de lesa humanidad imprescriptibles
Para el ex preso del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y si se prueba que hay delitos de lesa humanidad, el Estado Mexicano tiene la obligación de castigar a Ruiz Ortiz, porque hay dos desaparecidos, más de 20 muertos, policías asesinados, y gente torturada.
“Si se prueba y hay elementos suficientes para demostrar los delitos, el Estado Mexicano debe de castigar para que no vuelvan a presentarse”, demandó.
Señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tiene criterios que establecen para qué sirve la verdad histórica.
De acuerdo con el ex diputado local del PT, “Ruiz Ortiz sigue buscando impunidad, tratando de tener espacios de poder. Tiene influencia en el PRI, tiene diputados federales, locales y sigue jugando en la perspectiva de tratar de cubrirse y está interesado en gozar de protección.
“Tiene dos precandidatos a la gubernatura muy visibles, tratando de buscar impunidad porque Ruiz Ortiz es impresentable”, afirmó.
Empero, Sosa Villavicencio demandó que la Comisión de la Verdad no sea un golpe mediático de Cué Monteagudo, en virtud de que los resultados que presentará ese organismo autónomo serán a finales del mes de marzo en la coyuntura de la sucesión gubernamental del 2016.
“No deben ser un golpe mediático y electoral los resultados de la Comisión de la Verdad”, exigió.
Admitió, sin embargo, que en distintos países los fallos de las Comisiones de la Verdad no son vinculantes, son fallos que se presentan a la sociedad para que las instituciones actúen y se escoge a personas de solvencia moral indiscutible.
Solalinde, Diego y Marina, con solvencia moral
Enfático, exhortó a que “ni que el Padre Solalinde, ni la antropóloga, ni Diego se presten a una jugada de tipo electoral”.
“No responden a intereses de algún partido político o gobierno. Ellos tienen plena autonomía. No creo que el Padre Solalinde esté bajo la tutela o bajo la opinión política del propio gobernador Gabino Cué Monteagudo. Es un hombre libre que está alejado del poder”, estimó.
Dependerá de las instituciones del gobierno y el gobernador Gabino Cué Monteagudo, porque no ha castigado a los culpables, puntualizó.
Sosa Villavicencio criticó a la Fiscalía que indaga el 2006, pues a su juicio no ha hecho nada “más que estar gastando presupuesto porque no ha sido capaz de castigar a los autores materiales e intelectuales”.
Lo mismo, afirmó, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha actuado y no ha castigado a sus propios elementos y mandos policíacos que desaparecieron”.
Al confiar en que existan sanciones Ruiz Ortiz, refirió que existe un fallo de un juez federal que establece que se tiene que investigar la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), porque hasta ahora la PGR y PGJE han sido omisas.
“Es necesario que ante el fallo que presente la Comisión de la Verdad, y si no actúan, es responsabilidad de la PGR, PGJE y del Gobierno del Estado. Caerá sobre ella el peso de la vergüenza y responsabilidad histórica de castigar asesinos conocidos”, advirtió.
“Gabino Cué está obligado históricamente a que no se politice con fines electorales la Comisión de la Verdad. Tiene una responsabilidad histórica que cumplir, allá él si no cumple porque está obligado a hacerlo”, sentenció.
No obstante, refirió que hay autoridades internacionales que pueden castigar a los responsables del 2006 si no castiga el Gobierno del Estado.
Pese a ello, pidió dejar a la Comisión de la Verdad que hagan su trabajo y presenten su conclusión.
