Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Si no se esclarecen los crímenes políticos como la ejecución del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rafael Pérez Gavilán Escalante, y si persiste la opacidad en la rendición de cuentas, “nos puede llevar de la descomposición a la putrefacción social”, afirmó el apoderado legal de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez.
El sacerdote católico, mejor conocido como el Padre Uvi, insistió en que “el gobierno de Gabino Cué está obligado a dar muestras claras e inequívocas de transparencia, de rendición de cuentas, de legalidad, porque si se llega a probar que algún funcionario de este gobierno está promoviendo corrupción y ejecuciones sería grave no solo para él, sino para el titular que encabeza este proyecto de gobierno”.
Aunque el gobierno de Gabino Cué ocultó el asesinato ex funcionario de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán Escalante, y prohibió dar información del caso contando con la complicidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se confirmó que el ex colaborador del gobernador fue ejecutado de 10 balazos.
Los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo en el fraccionamiento Lomas de Sierra Juárez, perteneciente al municipio de San Andrés Huayapan, precisamente en el domicilio de Pérez Gavilán, quien presentaba diez impactos de arma de fuego y donde fueron localizados casquillos percutidos, al parecer calibre 22 o 25.
[pull_quote_center]El párroco de Xochimilco consideró que “en vísperas de un tiempo electoral no se pueden permitir estos hechos porque puede ser un elemento más de convulsión social”.[/pull_quote_center]
En principio, todos los gobiernos están obligados a la transparencia y rendición de cuentas, es una obligación, es una responsabilidad, sostuvo el Padre Uvi.
Sin embargo, agregó, “cuando empiezan a suceder hechos que ponen en duda la transparencia y rendición de cuentas (como han sido evidenciadas las Secretarías de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial -Sinfra-, así como de Seguridad Pública -SSP-), incluso cuando pareciera que hay ejecuciones para acallar voces que pueden dar a conocer información, entonces, eso se convierte en que fue el Estado”.
[pull_quote_center]Consideró que “eso no debería permitirse porque no solo se pone en duda la honorabilidad (del gobernador o de los sospechosos) sino la gobernabilidad”.[/pull_quote_center]
Es por ello que hizo un llamado a las autoridades federales para miren a la entidad, porque “Oaxaca no es una isla, somos parte de la Federación, que no solo se le tome en cuenta para cobrar impuestos sino que volteen los ojos y hagan sus investigaciones profesionales, precisas, que le den al ciudadano certeza, seguridad y tranquilidad”.
Y es que “todo mundo anda aquí en un ambiente de inseguridad, de zozobra, ya no se sabe quién sigue o si se le antoja a alguien que otra persona ya no hable o no diga los que sabe, eso no se puede permitir. No podemos vivir en un estado de sitio, sino que garantice la seguridad”, puntualizó.
Al preguntarle si se refería a Jorge Castillo, operador político del gobernador, dijo que Gabino Cué por bienestar personal, no solo institucional, debería de tener buena voluntad y disposición de aclarar las cosas como deben ser, que a nadie le quepa duda, genere desconfianza o ponga en riesgo la estabilidad.
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Cabe recordar que Pérez Gavilán Escalante fue cesado el pasado 19 de febrero por presuntos malos manejos; sin embargo, el sigilo en el que se ha manejado su muerte, la instrucción del gobierno de Gabino Cué de mantener el caso en completo hermetismo y la intervención de la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Alto Impacto (SADAI), hacen temer lo peor.
Pérez Gavilán fue denunciado por la dirigencia de la Sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) por presuntos desvíos de recursos y venta de plazas junto con los directores de Administración, Rubén Portillo Mijangos, y de Recursos Humanos, Marco Antonio Fuentes del Toro.
También fue acusado por los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud (SITYPS), de manejar una “nómina secreta” y un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
Después de estas acusaciones, el gobernador Gabino Cué nombró, el pasado 19 de febrero, a Hugo Espinoza Morales como nuevo titular de la Subdirección General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, en sustitución de Rafael Pérez Gavilán Escalante, quien se venía desempeñando en el cargo desde el 3 de noviembre del año 2011.
Según información del diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, los participantes del crimen arribaron a la vivienda, donde al salir el funcionario le empezaron a disparar, causándole lesiones en ambas manos y en el pie izquierdo, donde presentaba dos impactos.
Otro orificio de arma de fuego lo presentaba en la rodilla derecha y los disparos mortales impactaron en la espalda y el tórax, que le atravesaron el pulmón.
Según informes extraoficiales, un grupo especial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acudió al domicilio para tratar de ocultar el asesinato del exfuncionario y quien tenía 14 días de haber dejado el cargo.
Los restos quedaron depositados en el anfiteatro del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado en San Bartolo Coyotepec, donde un perito médico le realizó la necropsia de ley y dictaminó que la causa de la muerte fue «hemorragia interna por disparo de arma de fuego».
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