Aranzazú Ayala Martínez
@aranhera
El señor Lorenzo se niega a vender su terreno para que por ahí pase el gasoducto. Sobre la carretera que va de la Pirámide de Cholula hasta Paso de Cortés, en el parque nacional Izta-Popo, arriba del volcán, se ve marcada con enormes piedras la entrada al pedazo de tierra que posee. Él vive en Nealtican con su esposa Claudia, quien también sufrió el acoso y la presión de las autoridades municipales y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que vendieran. Los amenazaban con que si no vendían ahora, los expropiarían en un futuro. “Ya les dije que no, ¿por qué siguen insistiendo?”, cuestiona don Lorenzo, sentado junto a su esposa en el comedor de la casa de otra de las integrantes del Comité Ciudadano en San Buenaventura Nealtican.
Los empleados de la CFE que estuvieron insistiéndole a don Lorenzo fueron Vicente de la Cruz Santiago y Raúl López Cartas –este último nombre se repetirá como una constante en casi todas las denuncias de acoso para orillar a los propietarios a vender sus terrenos–, pero no fueron los únicos que insistieron.
La manera de “negociar” de las autoridades en conjunto con la CFE ha sido presionar para que los dueños vendan.
El amparo ganado en junio del año pasado que suspende temporalmente todo el trazo del gasoducto fue desconocido incluso por el ex presidente municipal, que dijo que ese amparo no valía. Y este año comenzó con los rumores de que los habitantes de la zona del volcán estaban pensando en hacer autodefensas, en cuidarse ellos mismos. Porque si las propias autoridades desconocen la ley, ¿entonces qué queda? Ante la opinión pública pareciera que el gasoducto ya pasó. Todos coinciden en eso. Aunque el Comité de Nealtican ha optado por tener una lucha por la vía legal, esperando que las autoridades federales respondan ante la violación que la CFE hizo del amparo, y a la espera de la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que tiene todo un expediente sobre el tema.
En la mesa rectangular hay sentadas ocho personas, entre ellas Fernando Cuéllar, representante del Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, quien explica que los pobladores están sometidos a una constante presión y acoso de las autoridades municipales, estatales y de la CFE, apoyados por la policía municipal y estatal, para que vendan.
Y pareciera que tanto el gobierno como la Comisión primero investigan a fondo a los ciudadanos que quieren que vendan sus predios. A Diómedes Grande Romero, habitante de Nealtican, también la querían obligar a vender su predio. No recibió ningún aviso cuando las máquinas ya estaban en su terreno, abriendo una brecha de 30 metros, echando a perder las cebollas que cultivaba. Un grupo de policías la rodeó, “¿Por qué?, ¿hice algo malo?”, dice. Como no cedió dejaron de presionarla, al menos temporalmente. Para acosarla también utilizaban a los vecinos, dejándole mensajes para ella o pidiéndoles que la convencieran. Hasta el presidente municipal fue a buscarla.
Nota completa: http://ladobe.com.mx/2015/03/el-camino-del-gasoducto-amenazas-y-despojo/
