Sin Embargo
Ciudad de México.- Representantes de al menos 20 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno mexicano aún no cuenta con una política integral para atender los casos de las desapariciones forzadas, los feminicidios, e incluso, para evitar que la Reforma Energética viole las garantías individuales de los menos favorecidos.
Los representantes de las distintas ONGS también denunciaron la revictimización de los directamente agredidos o de sus familias, ante la falta de mecanismos efectivos que permitan castigar a los responsables y reparar el daño.
En el contexto del 154 periodo de sesiones de la CIDH, en Washington, DC, decenas de organizaciones informaron a las y los comisionados sobre la grave crisis de derechos humanos que se vive en México y acusaron que el Estado utiliza la tortura sexual en contra de las mujeres para generar pruebas inculpatorias, castigar a quienes participan en movimientos sociales, intimidación y humillación.
Las organizaciones presentaron el video de la campaña “Rompiendo el Silencio”, que es una iniciativa impulsada por las 11 mujeres denunciantes de tortura en Atenco: Ana María, Italia, Claudia, Cristina, Edith, Mariana, María Patricia, Norma, Patricia, Gabriela y Yolanda.
El objetivo de la campaña es “visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta política de seguridad de Estado, donde en aras de asegurar una protección a la sociedad, se tortura”.
Indicaron que en México el tema de violencia sexual predomina cuando se habla de mujeres, cuando se detiene a grupos de personas, las mujeres son objeto de tortura sexual.
[pull_quote_center]“La tortura sexual en México es el resultado de la violencia de género. El requerimiento de una prueba física para probar la violación provoca que las mujeres no denuncien las agresiones”, dijo María Luida Aguilar del Centro Tlachinollan.[/pull_quote_center]
Añadió que los procesos de justicia son lentos y revictimizan a las mujeres y solicitó “que el gobierno mexicano instituya un mecanismo de diálogo con la sociedad civil para los casos de tortura y tortura sexual”.
Por su parte la Comisionada Tracy Robinson, relatora de los Derechos de las Mujeres de la CIDH celebró la campaña “Rompiendo el Silencio” y recordó que ésta es la tercera vez que la Comisión escucha audiencias en materia de tortura hacia las mujeres en México.
Tracy Robinson cuestionó al Estado para que informe acerca de las iniciativas que maneja en el tema de prevención de la tortura sexual.
“Quería hacer una pregunta al Estado, me interesa información más específica en cuanto a la tortura sexual, me interesa ver iniciativas de prevención, no sólo después de suceder el hecho, quiero escuchar más su notificación de la tortura sexual y cómo lo aborda el gobierno de México”, indicó.
Por su parte, el Comisionado Felipe González solicitó al gobierno mexicano realizar un mayor esfuerzo para detener la tortura sexual en el país y recordó que debe ser un tema prioritario en la administración federal.
[pull_quote_center]“Es indispensable que se hagan esfuerzos de enorme magnitud por parte del Estado para detener esta práctica [tortura], debe ser un tema prioritario para México”, sostuvo.[/pull_quote_center]
Tras escuchar los argumentos, la Comisionada Rosa Celorio pidió al gobierno mexicano informar sobre los protocolos de perspectiva de género que utiliza en las detenciones de mujeres.
“Quiero saber acerca de los protocolos de investigación del gobierno, cómo manejan la perspectiva de género y qué tipo de participación han tenido las organizaciones en estos protocolos”, refirió.
LOS DESAPARECIDOS
En el tema de las desapariciones forzadas, los activistas señalaron que, en algunos casos, las autoridades están coludidas con el crimen organizado como quedó de manifiesto con el caso de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
“El gobierno pretende ignorar el problema, cuando se les habla de las desapariciones forzadas nos descalifican”, expuso Gabino Gómez Escárcega, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua.
Aseguró que de 2010 a 2014 se han encontrado 90 fosas en Chihuahua y 200 en Guerrero. “De norte a sur, México es un cementerio humano y la tragedia continúa”.
En su turno, Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña – Tlachinollan, por su parte, pidió a la CIDH que intervenga para que el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, hace casi seis meses, se considere como desaparición forzada.
“Solicitamos la intervención de la Comisión para pedir al gobierno que considere el caso Ayotzinapa como desaparición forzada, porque actualmente ninguna de las personas acusadas en el caso Iguala se encuentra procesada por desaparición forzada, sólo por secuestro”, dijo.
A la sesión denominada “Denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad en México” acudieron familiares de desaparecidos quienes recriminaron la indiferencia y en algunos casos omisión por parte del Gobierno mexicano en este tema, así como la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiacos.
Diana Iris García, madre de Daniel Cantú, quien desapareció en el año 2007 en Ramos Arizpe, Coahuila, denunció una revictimización por parte de las autoridades.
“Nos enfrentamos a la revictimización de parte de las autoridades, no hay una búsqueda científica, sólo de oficio, no hay investigación proactiva”, indicó.
Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera, estudiante desaparecido por un comando que vestía uniformes federales, pidió a la CIDH que inste al Gobierno mexicano a implementar mecanismos más eficientes en la búsqueda, por que de lo contrario, advirtió, habrá más desapariciones y muertes.
“Vivimos entre los muertos más los que nos esperan. El Estado dice que los desaparecidos están muertos y no los buscan. Les pido nos apoyen a empujar las búsquedas de campo, en donde no menosprecien nuestra participación”, señaló.
Lilia Fragoso, esposa de David Fuentes, desaparecido el 9 de febrero de 2013 en Urique, Chihuahua, reclamó la falta de ayuda por parte del gobierno.
“El gobierno no realiza la búsqueda de nuestros familiares, la Fiscalía sólo los tiene como reporte de desaparición. Les estoy pidiendo [a la CIDH] que nos ayuden a resolver el problema, ya que para el gobierno es un problema inexistente”.
Por su parte, representantes de la CIDH solicitaron al Estado mexicano no perseguir ni estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos en el país.
De acuerdo con los defensores de derechos humanos “más de 14 dirigentes sociales han sido procesados por defender sus derechos y cuatro de ellos están recluidos en penales de máxima seguridad, como es el caso de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa La Parota (Cecop). También se refirieron a las declaraciones de las autoridades donde descalifica los informes de organismos internacionales.
