Eduardo Bautista
OAXACA, (pagina3.mx).- Más allá de los acuerdos legislativos, las modificaciones constitucionales y el discurso gubernamental, la operación efectiva de cualquier tipo de reforma pasa necesariamente por la inclusión y participación de los actores involucrados, de quienes la llevan a la práctica, al plano de los hechos. Tal es el caso de la reforma educativa, de los gobiernos federal y estatal, y de las distintas expresiones del magisterio.
Por muy bien elaborada que parezca tal reforma, sin el acuerdo y la participación de los actores estaría condenada a quedarse como letra muerta. Desafortunadamente, quienes se encuentran directamente involucrados en el cambio educativo transitan por caminos minados por el conflicto, la polarización de posiciones y la violencia. En lo inmediato no hay atisbos para su solución y por el contrario el encono aumenta.
Así podemos encontrar la advertencia del Secretario de Educación, Emilio Chuayffet en la reunión Nacional del Consejo Nacional de Autoridades Educativas de que “la reforma educativa no es negociable, no admite excepciones. En el cumplimiento de la ley no seremos rehenes de pretensiones particulares ni de quienes se opongan al cambio de fondo que supone” (La Jornada, 27/02/15).
El funcionario mencionó que en la mayoría de los estados,con excepción de Oaxaca, “se concluyó el proceso de armonización legislativa para la implementación de la reforma”, que este año se presentará el proyecto del nuevo modelo educativo, que se logró un acuerdo con el SNTE para terminar con la doble negociación salarial y que se realizó el primer concurso de ingreso al servicio docente, entre otros asuntos.
Para que la reforma “se cumpla realmente”, como pretende el secretario, no basta el discurso, puesto que se requiere de un trabajo político intenso y fino. De entrada, para generar una reforma verdaderamente educativa, con pertinencia social, producto de acuerdos en distintos ámbitos, entre gobierno y magisterio, y desde luego, con la sociedad que no puede quedar fuera del proceso y en donde se coloque en el centro el derecho a la educación.
Estos acuerdos deberían pasar por el análisis y el debate entre las diferentes fuerzas políticas al interior del congreso; sin embargo, los legisladores no tienen interés en buscar soluciones consensuadas y apuestan más a la improvisación, la subordinación y al avasallamiento en la aprobación de leyes. Las convocatorias a los debates sobre la ley educativa en Oaxaca se han caracterizado por el ausentismo de los integrantes de las comisiones involucradas (Noticias 28/02/15).
En sentido contrario al discurso del Secretario de Educación, y sobre los vacíos, omisiones e irresponsabilidades de los legisladores, tenemos la posición de los voceros de la Sección 22, de que “en el caso de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas se seguirán utilizando los mecanismos de siempre, sin tomar en cuenta la reforma educativa federal”, asegurando “que no se permitirá el avance de dicha reforma” e insistirán en la aprobación de la propia. Como parte de su estrategia, la sección anunció el incremento de protestas y más bloqueos carreteros (Noticias, 28/02/15).
Y en abono a la ambigüedad, el desencuentro y el diálogo de sordos, tenemos la exigencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) al gobierno del estado de Oaxaca para anular ocho ascensos y dejar sin efecto convocatorias de la CNTE realizadas de manera reciente, para la promoción de profesor a subdirector, subdirector a director y director a supervisor, porque consideró criterios “por participar en marchas y plantones”, y no fueron otorgados conforme a la Ley del Servicio Profesional Docente que establece concursos de oposición.
Sobre el asunto de los ocho ascensos, la Sección 22 apuntó que “no darán marcha atrás”, porque es resultado de la negociación con la Secretaría de Gobernación, “con quien existe un compromiso para la designación de esos espacios de trabajo”. (Noticias, 28/02/15) Entonces ¿el INEE tendría que dirigirse también al gobierno federal? ¿y el gobierno estatal? ¿de qué lado está la pelota?
Si bien, el proceso no puede excluir a los actores que están en el escenario, debe realizarse en una relación distinta. Los acuerdos no deberían ser exclusivos entre el gobierno y las cúpulas de las expresiones sindicales, el SNTE, la CNTE, que como tales son caras de la misma moneda prohijadas desde el aparato estatal en el largo proceso histórico de control político.
Estas expresiones sindicales no surgieron de la noche a la mañana sino que son resultado de los acuerdos y desacuerdos del pacto corporativo y de las relaciones clientelares con las organizaciones que desde su nacimiento fueron politizadas y no han dejado de serlo. Tampoco se prevé su desarticulación corporativa debido a su funcionalidad y réditos electorales.
En este sentido tendríamos que cuestionar el sentido de la llamada reforma educativa ante el vigor del corporativismo y las negociaciones en los distintos niveles, ¿es posible el cambio y la alternativa con la continuidad de las viejas prácticas partidistas y gubernamentales? ¿Qué tan viables son los acuerdos con el SNTE- CNTE así como están? ¿se podrá construir lo nuevo a partir de este entramado de prácticas corroídas, corruptas y autoritarias?
El llamado a la legalidad suena hueco en un contexto de violencia, impunidad y descomposición institucional. Ahora, como nunca es necesario el oficio de la buena política.
Investigador del IISUABJO
sociologouam@yahoo.com.mx
