OAXACA.- El diputado del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Gustavo Díaz Sánchez, hizo un llamado al Poder Ejecutivo estatal y a los presidentes municipales de Oaxaca para evitar el uso de los recursos públicos con fines electorales.
Por ello, el legislador envió un punto de acuerdo por lo que se exhorta el Gobierno del Estado y a los ediles a que eviten utilizar programas sociales con fines electorales o de promoción a algún candidato o partido político en el marco del proceso electoral federal del 2015.
En la exposición de motivos, Díaz Sánchez dijo que este punto de acuerdo pretende implementar las medidas necesarias para garantizar que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos de los programas sociales, se apeguen a su objetivo y reglas de operación, evitando en todo momento su uso con fines electorales.
“Hacemos un llamado enérgico a que se respete el presupuesto público, la imagen, logotipo y todo lo relacionado a la publicidad con que se reconoce a los programas sociales, de manera que éstos no sean usados con fines publicitarios de promoción personal o político por los funcionarios de gobierno o autoridades municipales.
“De esta forma nos permitirá alcanzar el objetivo de estructurar una verdadera política democrática de Estado que mantenga la coherencia y ecuanimidad necesarias para erradicar los males que nos aquejan como entidad”, recalcó.
“Ante este fenómeno, buscamos los mecanismos para paliar esta práctica deshonrosa y debido a que estamos en medio del Proceso Electoral Federal 2015, se solicita que el tipo de publicidad de las dependencias que ejecuten programas sociales y uso que hacen las autoridades municipales del erario, se hagan con estricto apego a los fines establecidos en los programas y a los valores de imparcialidad, justicia, equidad, objetividad y honestidad”.
Detalló que la reforma político electoral aprobada en 2014 por el Congreso de la Unión, asegura mayor control de programas sociales en precampañas y campañas electorales por parte de los partidos políticos, garantizando una contienda electoral más justa y equitativa.
“Es necesario que tanto el Gobierno del Estado como las autoridades municipales ejecuten los programas sociales y los recursos públicos sin fines proselitistas, para asegurar el cumplimiento del sistema político-electoral vigente que prohíbe el uso del erario en beneficio de un partido político o en detrimento de algún contendiente electoral.
