Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- Por el déficit de 4 mil 150 millones de pesos que padece el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEPO), la LXII Legislatura pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, que en el proceso de centralización de la nómina de los trabajadores de la educación de Oaxaca, asuma el pago de los impuestos locales inherentes a la misma y, en especial, el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal en el Estado.Además, que adicione a la brevedad en el Presupuesto de Egresos de la Federación un fondo resarcitorio para los estados que tienen pasivos acumulados producto del fallido proceso de descentralización educativa con el propósito de evitar que se vuelva a generar un círculo vicioso deficitario, relativa a los Gastos de Operación de la Ley de Coordinación Fiscal.
El punto de acuerdo fue propuesto por los diputados del PRD Jaime Bolaños Cacho Guzmán, Félix Serrano Toledo; del MC Ericel Gómez Nucamendi; del PAN Natividad Díaz Jiménez; y del PT Armando Arellanes Caballero.
El documento refiere que las aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de Educación, Salud, Infraestructura básica, Infraestructura educativa, entre otros.
Estas Aportaciones Federales se distribuyen a los Estados en fondos con base en lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
Cita que el pasado 18 de mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, entre el Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Derivado de ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 1993 se creó el Ramo 25, denominado Aportaciones para Educación Básica en los Estados, con la finalidad de dotar a las Entidades Federativas de los recursos requeridos en el proceso de descentralización del sector educativo.
En el caso de los recursos destinados a educación, señala que de acuerdo a la ley de coordinación fiscal y a la Ley General de Educación Pública, son recursos que otorga la Federación a los Estados y el Distrito Federal y tienen como destino la atención de necesidades de educación básica y normal.
El monto del Fondo se determina anualmente en el PEF, conforme al registro común de escuelas y de plantilla de personal utilizados para el cálculo de recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas.
Los recursos transferidos al Fondo en el ejercicio inmediato anterior. Mientras que los cálculos de recursos que se transfieren a las Entidades Federativas, tienen su origen en la suscripción de acuerdos respectivos; no existe fórmula de distribución de este fondo.
Refiere que desde el cierre del ejercicio fiscal 2014, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) enfrenta pasivos por 4 mil 150 millones de pesos resultado de un déficit histórico que inicia su gestación desde el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, que llevó a que en el trascurso de diversas administraciones se otorgaran prestaciones en días y plazas adicionales al presupuesto asignado.
En el proceso de negociación del 2006, el Gobierno Federal suscribe un convenio con la parte gremial para que en el transcurso de seis años (del 2007 al 2012) todos los trabajadores de la educación de Oaxaca pasaran de la Zona Económica II, a la Zona Económica III, compromiso que se cumplió con los trabajadores sin la correspondiente cobertura presupuestal federal.
Sin embargo, en el 2007 se modifica la Ley de Coordinación Fiscal y se establece una fórmula para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), que benefició a las entidades con mayor nivel de desarrollo, en demérito de las entidades marginadas como Oaxaca.
Además, la reciente modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, realizada en el 2013, crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que asume y centraliza en el Gobierno Federal el pago de la nómina de los trabajadores con todas sus prestaciones, corrigiendo los problemas presupuestales de los Estados en sus sistemas de educación básica.
No obstante, en el proceso de saneamiento financiero del Sistema de Educación Básica no se ha concretado al quedar pendiente los pasivos históricos, fundamentalmente de las entidades marginadas perjudicadas por el FAEB, como es el caso de Oaxaca, con pasivos por 4 mil 150 millones de pesos, resultantes del déficit histórico del IEEPO.
Ante este escenario, alertan, se corre el riesgo de afectar la estabilidad económica, política y social de Oaxaca.
“Por ello, se requiere del apoyo solidario, no sólo del Poder Legislativo, sino también, del Gobierno Federal para solventar los compromisos acumulados desde la descentralización de 1992, generados por las decisiones de diferentes actores que participaron y participan en el proceso educativo”, apeló.
Señaló que el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal se crea un Fondo de Compensación para los estados que reciben menores recursos en el proceso de transferencia del FAEB al FONE, en el principio de que “nadie pierde con el cambio de la fórmula”.
Aplicando el mismo principio para el caso de las entidades que se vieron perjudicadas durante los siete años que se aplicó la fórmula del FAEB, señala el punto de acuerdo, que se deben compensar los déficits de los Estados para que puedan cerrar sus ciclos presupuestales en equilibrio, accediendo al FONE con finanzas públicas saneadas.
En este sentido debe adicionar a la brevedad en el Presupuesto de Egresos de la Federación un fondo resarcitorio para los estados que tienen pasivos acumulados producto del fallido proceso de descentralización educativa con el propósito de evitar que se vuelva a generar un círculo vicioso deficitario, relativa a los Gastos de Operación de la Ley de Coordinación Fiscal.
“Debe existir igualdad en los recursos destinados a los Estados que tienen las mismas condiciones para hacer llegar el servicio educativo a sus diversas comunidades, en demérito de los Estados con mayor población en localidades marginadas y dispersas, en lo particular los grupos indígenas, en dónde los costos de atención son significativamente mayores como el caso de nuestro Estado”, justifica.
