Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- Diputados del PAN, PRD y PRI, van por reformas a la ley de transporte para imponer obligaciones laborales y obligar a los empresarios transportistas a sujetarse a la ley, sancionar severamente las irregularidades que priva en el sector, se establezca revisión de tarifas cada 3 años y pidieron la comparecencia del titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), Carlos Moreno Alcántara, para que explique la presunta petición de dinero que hizo a empresarios transportistas para autorizar el fallido incremento al precio del servicio de transporte.
Al subir al tribuna, el panista, Gerardo García Henestroza dijo que a 13 meses de entrada en vigor la ley de transporte, las quejas por la mala prestación del servicio, que no se respeta la tarifa o los accidentes siguen siendo una constante entre los usuarios sin que tengan en la realidad y en los hechos la oportunidad de tener oportunidad de ser escuchados o defenderse.
Critico que el pasado lunes 6 de abril, la ciudad fue secuestrada y la población tuvo que padecer una vez más la irresponsabilidad de los dueños de por lo menos “dos empresas que son dueñas de concesiones”.
Reprobó que las empresas no han cumplido con los acuerdos relacionados con la mejora y modernización de la totalidad de sus unidades y no han acatado con el plan de capacitación y certificación de los operadores de las unidades.
Tampoco han sacado unas 400 unidades de la circulación que son consideradas «chatarras», al tener más de 10 años de antigüedad.
Además, dijo, no se ha entregado el estudio socioeconómico completo que justifique el alza y no han mostrado voluntad para avanzar en el esquema de operación del metrobús, sistema que vendría a beneficiar directamente al usuario y es una opción que respeta la ecología y el medio ambiente.
García Henestroza refirió que de 911 concesiones y 892 unidades circulando, el 54 por ciento tiene más de 10 años de servicio; 55 por ciento del total de concesiones están en manos de dos empresas, dejando más de un millón de pesos anuales de ganancia cada unidad, según cifras estimadas.
Propuso entonces reformar la ley de transporte para que cada tres años se revisen las tarifas del transporte público con base a indicadores reales, constantes y objetivos para no vulnerar la economía y no ceder a presiones y chantajes.
En tanto, la diputada del PRI,Lilia Mendoza Cruz exigió la comparecencia del titular de la Sevitra, para que explique la presunta petición de dinero que hizo a los empresarios transportistas para autorizar el fallido incremento al precio del servicio de transporte.
La priista fue más allá al llamar a Moreno Alcántara: “Libretón”, provocando las risas de los diputados y diputadas. “Nos tiene que explicar cuál fue el acuerdo en lo oscurito entre los transportistas y cuánto dinero solicito a cada uno de ellos (empresarios) y las empresas para autorizar el alza al precio del servicio del que después se desdijo”, asestó.
La legisladora del PRI María del Carmen Ricárdez Vela pidió investigar el uso y destino de los 500 millones de pesos que se habrían ejecutado para la implementación del metrobús, en la administración del hoy candidato del PRD, José Antonio Estefan Garfias.
El diputado del PRI Adolfo Toledo Infanzón exigió al titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), Carlos Moreno Alcántara, atender con estricto apego a derecho, el tema del incremento a la tarifa de precios del transporte público en el Estado.
El perredista Jesús López Rodríguez reprobó que los choferes o conductores de los autobuses de transporte, son obligados por los concesionarios o patrones a entregar lo que se conoce como “la cuenta del día”, que van desde los 2 mil pesos hasta los 10 mil pesos diarios, dependiendo de la ruta que tengan asignada, y el remanente que obtengan durante el día es el dinero que se equipara al pago de su salario.
Reprobó que los conductores carezcan de los derechos más básicos como trabajadores, entre ellos, un salario fijo, seguro social ni prestaciones, y trabajen en jornadas que exceden las 16 horas continuas frente al volante. “Esa situación a todas luces es inhumana, excesiva y contraria a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal”, asestó.
“Es indiscutible que los choferes son víctimas de explotación laboral y en ocasiones son obligados a bloquear las calles, situaciones que también se originan porque la propia ley de transporte del estado les impone obligaciones, pero no reconoce en ningún artículo sus derechos”, completó.
Propuso entonces reforma la ley de transporte para reconocer y garantizar los derechos laborales de los conductores del transporte público.
Planteó que las jornadas laborales no excedan de 8 horas que establece la Ley Federal del Trabajo; estar inscritos en instituciones oficiales de seguridad social; y recibir las prestaciones que como trabajadores les confiere la Ley Federal del Trabajo.
El perredista Anselmo Ortiz García recordó que la concesión es la figura mediante la cual el Estado, delega a un particular la prestación de un servicio público, sin que ello signifique una renuncia o abandono de tales tareas, sino que por el contrario: el concesionario debe estarse –estrictamente- a lo dispuesto por la administración pública estatal.
“Por ello, resulta escandaloso e inadmisible el método de protesta y presión por el que han elegido los concesionarios del transporte, porque claramente atenta contra la finalidad primordial del servicio público del transporte, que no es otra que garantizar su permanencia y continuidad”.
Advirtió que el Estado cuenta con un amplio catálogo de sanciones para mantener el control y regulación de un servicio público estratégico.
Demando entonces al gobernador Gabino Cué Monteagudo “aplicar la ley” y las sanciones que correspondientes a todos aquellos concesionarios que promuevan la interrupción del transporte público y que además busquen impedir con bloqueos las actividades normales de las ciudadanas y ciudadanos oaxaqueños.
Dijo que es notorio y evidente que el servicio que actualmente se presta, ya no es el referente de funcionalidad y modernidad que requiere un estado con crecientes necesidades de movilidad humana como el nuestro.
Calificó como lastimoso estado de autobuses chatarra y operarios sin cultura vial.
En su oportunidad, la presidenta de la Mesa Directiva, Leslie Jiménez Valencia, lamentó que los choferes padezcan de extenuantes horas de trabajo sin las prestaciones de Ley que corresponde.
La panista, lamentó que las pésimas condiciones de trabajo de los choferes, generan el pésimo servicio de transporte. “Es indignante”, asestó.
De acuerdo con la panista, el alza al precio del servicio no es factible por la crisis económica que atraviesa la entidad y el país.
Urgió al gobierno federal a atender las alzas en los precios de los productos básicos y generar estabilidad económica.
Criticó que el presidente Enrique Peña Nieto atienda las compras de sus familia en tiendas de lujo de Estados Unidos y no pongan atención en el país.
