Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax, (pagina3.mx).- Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno federal para que cese la criminalización contra las personas migrantes y brinde las condiciones de seguridad del albergue Hermanos en el Camino, así como de los más de 400 migrantes y defensores que participan en la caravana “Viacrucis Fronteras Aliadas”.
El organismo internacional aclaró que la caravana saldrá este miércoles 15 de abril a las 07:00 horas de Ciudad Ixtepec rumbo a la capital del país es una acción civil de resistencia pacífica la cual tiene como objetivo visibilizar las problemáticas de criminalización y de libre tránsito de todas las personas migrantes.
Por su parte el Padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del Albergue Hermanos en el Camino reiteró que “Enrique Peña Nieto está reprobado en derechos humanos, no solo de los migrantes, sino también de los defensores humanos, de las personas que viven vulnerables”.
En conferencia de prensa subrayó que “¡Ya basta! No podemos vivir con un rostro policiaco, encarcelamiento y hostigamiento, además de tortura, vivimos en una situación de emergencia”, puntualizó.
Amnistía Internacional expreso su preocupación por la seguridad de más de 400 migrantes y sus defensores debido al dispositivo de seguridad del Instituto Nacional de Migración e integrantes de la policía federal que bloquea las actividades de la caravana “Viacrucis Fronteras Aliadas”.
Consideró que el dispositivo de seguridad, control y verificación que el Instituto Nacional de Migración tiene en las inmediaciones del albergue Hermanos en el Camino criminaliza a las personas migrantes además de ser ilegal al violar el artículo 76 de la Ley de Migración que prohíbe las verificaciones migratorias en los lugares donde se realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a migrantes.
Añadió que el dispositivo de seguridad es también inconstitucional puesto que viola el derecho a la movilidad dispuesto en el artículo 11 que garantiza el derecho de toda persona a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad o pasaporte.
AI enfatizó que la forma en que se realizó el dispositivo de seguridad ignora la vulnerabilidad de personas solicitantes de asilo y las responsabilidades mayores del Estado frente a esta población, quienes tienen el derecho a medidas adicionales de protección y a ser atendidos conforme sus circunstancias individuales.
Detalló que posiblemente más de 100 personas miembros del Viacrucis pueden ser solicitantes de asilo, y de estos aproximadamente 50 ya entregaron su solicitud, por lo que es muy importante contar con la intervención, caso por caso, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Las autoridades deben tomar las medidas necesarias para garantizar la asistencia institucional a los que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, se informó que los organizadores del Viacrucis Migrante presentaron un recurso de amparo para obtener protección judicial, ante la decisión de autoridades migratorias mexicanas de impedirles el paso.
En tanto que el sacerdote católico Alejandro Solalinde resaltó que ya presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la violación que se hace al principio Pro-Persona incluida en la Carta Magna, la cual contempla que México y sus funcionarios tienen la obligación de respetar los derechos humanos de las personas en transito y las vulnerables como son los migrantes.
Solalinde Guerra reiteró que se vive una situación de emergencia con los migrantes centroamericanos como consecuencia del letal Plan Frontera Sur, implementado por el gobierno federal.
Y acusó al Instituto Nacional de Migración (INM) de ser el brazo ejecutor de Enrique Peña Nieto, debido a que las políticas públicas en materia de derechos humanos que ha implementado el actual gobierno mexicano no han funcionado, al contrario, son reflectores de la violación permanente.
